En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la corrupción no ha desaparecido y únicamente se disfraza de opacidad administrativa, falta de rendición de cuentas y declaratorias de “seguridad nacional” para ocultar la información financiera inherente a algunas de sus “magnas obras” como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y la refinería de Dos Bocas.

Y para desmentir las múltiples denuncias que hay sobre este ocultamiento, el Presidente y su partido se han limitado a difundir que la corrupción se oculta hoy en el Poder Judicial y en los organismos autónomos encargados de garantizar el buen uso de los recursos públicos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que pertenecen al Poder Legislativo. 

Sin embargo, el actual titular del Poder Ejecutivo nacional se tardó cuatro años en reconocer expresamente ⎼el ocho de diciembre de 2023⎼ el multimillonario desfalco perpetrado entre 2019 y 2020 en la empresa paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), al que además minimizó como “el único caso de corrupción” durante su gestión presidencial (2018-2024).

Pero tal corruptela no fue un pequeño “resbalón” de la administración federal en funciones sino, a decir de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el más costoso drenado de recursos públicos detectado hasta ahora porque su monto fue por 15 mil 308 millones de pesos (mdp).

María Amparo Casar, presidenta de MCCI, reveló que este desvío del erario es el mayor realizado durante un solo evento en la historia del país; y que sin duda será el principal “legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó” a la población mexicana.

Pero el de Segalmex no ha sido el único caso de corrupción denunciado en este periodo sexenal por políticos de oposición, legisladores, periodistas y ciudadanos que se han atrevido a formalizar sus denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Entrevistados por separado, la especialista en anticorrupción Dalia Toledo y José Luis Espinoza Piña, maestro en derecho y analista político coincidieron en que el de Segalmex es el caso más representativo de la corrupción e impunidad en el actual gobierno porque Ignacio Ovalle Fernández, el responsable de la empresa estatal durante la comisión de los ilícitos, sigue libre.

“En cualquier otro país medianamente civilizado, Ovalle estaría en la cárcel por las evidencias, características y magnitud del desfalco registrado, incluso estaría siendo procesado penalmente aun en gobiernos altamente controversiales, como los de José López Portillo o Carlos Salinas de Gortari”, demandó Espinoza Piña.

Dalia Toledo, activista de la organización civil Ethos, explicó: “Segalmex es el caso emblemático que ha marcado el gobierno de AMLO en cuanto a temas corrupción, ¿Y cuál es el resultado más importante? Que Ignacio Ovalle no está en la cárcel, y que sí se han iniciado procesos, y han metido a la cárcel a gente que ha tenido un papel secundario en este caso de corrupción”.

El sexenio más corrupto

El Índice de Percepción de la Corrupción 2022 (IPC), elaborado por la organización no gubernamental Transparencia Internacional, informó que, en ese año, México recibió una calificación de 31 puntos que lo situó en el lugar 126 de 180, posición que compartió con Laos y Uzbekistán; y que lo ubicó entre los países con mayor percepción en corrupción.

“El IPC 2022 revela escasos avances contra la corrupción en un contexto mundial cada vez más violento. Los niveles de corrupción no han variado en 11 años consecutivos (…) La mayor parte del mundo sigue sin combatir de lleno la corrupción: el 95 por ciento de los países sólo ha conseguido avances mínimos o nulos desde 2017”, según el reportero de Transparencia Internacional.

En los años 2020, 2021 y 2022, México obtuvo la misma calificación, incluso puede afirmarse que, con la llegada de AMLO a Palacio Nacional, la corrupción empeoró a pesar de que en sus conferencias de prensa mañaneras frecuentemente declara que “ya no existe la corrupción” y que puede “ondear la bandera blanca” de la transparencia.

“Advertir que hay corrupción, y que es el gobierno más corrupto de la historia, no es por los discursos políticos, sino por los indicadores, las señales de corrupción”, alertó a buzos José Luis Espinoza Piña.

“¿A qué indicadores me refiero?: un gobierno transparente, que combate la corrupción, publicita datos, resultados de estudios, análisis, no los esconde. Un gobierno transparente promueve licitaciones (selección de proveedores mediante evaluaciones técnicas); un gobierno corrupto hace asignaciones directas. 

“Un gobierno transparente permite el acceso a la información; un gobierno corrupto reserva los datos por 10 o por 15 años por seguridad nacional. Un gobierno transparente promueve la revisión externa de los ciudadanos; un gobierno corrupto quiere desaparecer a los órganos autónomos del Estado que revisan al gobierno”. 

Espinoza Piña agregó, además, que un gobierno corrupto constriñe a los órganos constitucionalmente encargados de supervisar las cuentas públicas y fiscalizar el uso del dinero público, como la ASF. 

Récord de corrupción

Entrevistada por buzos, Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción en Ethos, laboratorio de políticas públicas, aseveró que AMLO no sólo incumplió su compromiso electoral de acabar con la corrupción, sino que hay evidencias de que dejará el problema peor que antes.

La investigadora recordó que, en la campaña presidencial de 2018, AMLO supo capitalizar electoralmente el hartazgo de la población por los graves actos de corrupción registrados en el pasado reciente, con los que se perdió mucho dinero público y no hubo consecuencias penales para los perpetradores.

“Desafortunadamente, del discurso a la realidad, ahora que ya se está terminando el sexenio, podemos hacer una recapitulación de lo que ha estado pasando; y yo diría que una de las principales conclusiones es que esa promesa se quedó en el terreno discursivo, incluso podríamos decir que estamos peor”, destacó.

“Los casos de corrupción a nivel federal, estatal y municipal, siguen estando vigentes, casos de corrupción en donde se involucran, por ejemplo, los hermanos del Presidente, los hijos, los primos, y una cantidad de personas que tienen vínculos familiares o personales con el Presidente, casos de corrupción que no están siendo castigados, que no están siendo investigados”.       

El escándalo de Segalmex

El ocho de diciembre de 2023, AMLO se congratuló porque “se entregó” a la FGR René Gavira Segreste, exapoderado legal, extitular de la unidad de Administración y Finanzas de Segalmex y brazo derecho del exdirector general de la dependencia, Ignacio Ovalle Fernández; sobre el detenido pesaban seis órdenes de aprehensión por el fraude multimillonario en la paraestatal. 

“Qué bueno que este señor (Gavira) se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie, y que no somos iguales”, aseguró AMLO en su conferencia matutina de ese día.

A pesar de revelarse en 2020 la trama de corrupción en Segalmex; la vinculación a proceso penal de Gavira y la presentación de 38 denuncias ante la FGR en contra de diversos funcionarios de la empresa estatal, López Obrador mantuvo como director general a Ignacio Ovalle durante dos años más. Fue hasta el 19 de abril de 2022 cuando lo removió y lo nombró coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Ovalle fue secretario particular del expresidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y titular del Instituto Nacional Indigenista (INI) durante el bienio 1976-1977 en la administración de José López Portillo (1976-1982), donde fue jefe y padrino político de AMLO cuando éste inició su carrera burocrática y política en los gobiernos priistas.

AMLO creó Segalmex mediante un decreto el 18 de enero de 2019 que se proponía alcanzar la “soberanía alimentaria” mediante el acopio y distribución de los alimentos y mercancías básicas más requeridas por la población de bajos ingresos y no comprar más de la mitad de éstos en el extranjero, especialmente en Estados Unidos (EE. UU.). Estas adquisiciones, sin embargo, aún se conservan; y en este ámbito, el gobierno de AMLO también ha fracasado.

La ASF bajo asedio de AMLO

Agustín Caso Raphael, exauditor Especial de Desempeño en la ASF, denunció que fue despedido ilegalmente por el titular de la dependencia, David Colmenares Páramo; el nueve de abril reveló la existencia de presiones para ocultar la tergiversación de los reportes técnico-contables del organismo para quedar bien con AMLO. Con estas acciones, según el exauditor, Colmenares Páramo pretende garantizar su reelección como titular de la ASF para el próximo sexenio.

Desde 2022, la diputada federal morenista Inés Parra ha denunciado a funcionarios públicos ante la Fiscalía Especial en materia de Combate a la Corrupción de la FGR, y exhibido a Colmenares Páramo como encubridor de la corrupción gubernamental.

Durante la presentación del reporte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2022, el 30 de junio de 2023, la diputada morenista confrontó a Colmenares y le gritó: “¡Tapadera!”, mientras le quitaba la tapa a un traste, vertía ratones de plástico sobre los papeles del auditor general de la ASF. “¡Destape la cloaca! ¡Destápela sin miedo!”, le exigió.

Agustín Caso fue el encargado de auditar las operaciones financieras derivadas de la cancelación –ordenada por AMLO en noviembre de 2018– del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM). 

En su informe original, Caso reportó que esta cancelación tuvo un costo de 330 mil mdp para el erario, lo que provocó que al día siguiente AMLO reaccionara indignado y, con bravatas, obligara a David Colmenares a modificar esa cifra, asegurando que el costo real de la cancelación NAICM había sido de 100 mil mdp, para hacerla coincidir con las declaraciones presidenciales.

AMLO buscaba evitar que sus afirmaciones de que la construcción del AIFA ⎼inoperante e ineficaz hasta ahora por no resolver la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)⎼ costaría menos que la cancelación del NAIM, cuya construcción estaba a punto de concluir y habría desahogado el tráfico del AICM.

El pasado 10 de abril, entrevistado por W Radio, Agustín Caso reveló que fue presionado por Colmenares para que aceptara ser el “chivo expiatorio” en el asunto de la fiscalización a la cancelación del NAIM, es decir, aceptar un error en su auditoría que en la realidad no cometió.  

Desde el punto de vista de la Fiscalización Superior, lo más importante que “la ciudadanía tenga conocimiento de lo que significó esa cancelación, y que fueron del orden de 330 mil mdp, y que además se debe actualizar (sumar los gastos posteriores a la auditoría practicada)”, denunció Caso durante la entrevista radial.

En su artículo El verdadero costo del AIFA, del 28 de marzo de 2022, publicado en el diario El Universal, Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda de AMLO ⎼fallecido el 19 de febrero de 2024⎼ escribió: “el recién inaugurado AIFA, inconcluso todavía, ha tenido hasta el momento un costo directo para la nación del orden de casi 450 mil mdp”.

Urzúa publicó también que la cancelación del NAIM había costado al erario federal 332 mil mdp, cifra similar a la contabilizada inicialmente por la ASF, y al que deben sumarse los 116 mil mdp que hasta ahora se han invertido en la construcción del AIFA.

El exauditor Agustín Caso publicó una carta el nueve de abril de 2024, en la que denunció haber sido objeto de constantes presiones en su trabajo, así como la ejecución de tergiversaciones y censura de datos sobre los informes de la ASF. Todo esto, apuntó, causó daño a su autonomía legal y al equilibrio entre poderes públicos, porque la ASF es un organismo del Poder Legislativo. 

Reprobó el uso político de la información técnica de las fiscalizaciones por parte de David Colmenares y destacó que la verdad “debe ser la guía máxima de la fiscalización superior, a fin de verdaderamente construir la transparencia, la rendición de cuentas, y un país libre del flagelo de la corrupción.

“Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece. Ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional”, denunció.

El 19 de abril del presente, en su cuenta de X, Leonardo Núñez González, director de Investigación Aplicada de MCCI, denunció que, entre 2018 y 2022, la ASF encabezada por David Colmenares canceló 194 estudios y auditorías, la mayoría (123) en 2020.

Fomento de la opacidad

AMLO también ha lanzado oleadas de bravatas y operaciones políticas encaminadas a destruir al INAI, un organismo constitucionalmente autónomo encargado de evitar la opacidad en el funcionamiento del gobierno y el mal uso de los datos de las personas.

El 31 de marzo de 2023, después de sus siete años de gestión, cuatro de los siete integrantes del Consejo del INAI dejaron sus puestos vacantes; y desde el 1° de abril de 2023 no han sido sustituidos por el Senado con el objetivo de mantener inhabilitado el organismo, toda vez que la ley exige la participación de al menos cinco consejeros para sesionar.

El INAI interpuso una Controversia Constitucional (280/2023) ante la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar esta omisión del Senado ⎼cuya mayoría legislativa está en manos de Morena y sus aliados⎼. El dos de octubre de 2023, la Corte respaldó al organismo y este pudo volver a sesionar, luego de seis meses de estar congelado.

Más escándalos de corrupción

Desde 2019, las denuncias sobre presuntas corruptelas han sido múltiples; en algunas de ellas se han visto vinculados hijos, hermanos, parientes, amigos y colaboradores cercanos a AMLO. 

El 22 de enero de 2024, AMLO aseguró, en su conferencia matutina: “hemos limpiado de corrupción al gobierno”. También señaló que duerme muy bien a pesar de las denuncias de corrupción y tráfico de influencias que pesan sobre sus hijos, “me tiene tranquilo, no me quita el sueño ni a ellos tampoco, porque no es cierto” dijo.

El 1° de febrero de 2024, la organización civil MCCI, que ha documentado múltiples irregularidades en la actual administración federal, reportó que, durante 2023, se mantuvo la cifra de al menos 80 por ciento de los contratos del gobierno con empresas privadas suscritos por adjudicación directa, es decir, únicamente por la decisión de los funcionarios gubernamentales. Y el 20 de febrero de 2024, MCCI emitió el informe La Conexión Morena-Pemex. Reparten $100 mil millones a empresas ligadas a los López Obrador, en el que se denuncia a hijos, parientes y personas cercanas al Presidente de la República, como beneficiarios de esta relación ilícita. 

El documento abunda en que Javier Núñez López, denunciado en 2012 por operar un presunto desvío de fondos públicos del Gobierno de la Ciudad de México para el proyecto político de AMLO, “es hoy el responsable de la firma de los contratos más cuantiosos asignados en Pemex, de acuerdo con la revisión de expedientes.

“En un lapso de apenas 10 meses (diciembre de 2022 a octubre de 2023), Núñez López firmó cinco contratos por más de 23 mil mdp con Baker Hughes, la empresa ligada a la llamada Casa Gris de Houston que ocupó José Ramón López Beltrán, hijo mayor del Presidente”, detalla el texto de MCCI.

El 10 de abril, el medio informativo LatinUs reveló audios que implicarían a Andrés y Gonzalo López Beltrán, hijos de AMLO, y al empresario Amílcar Olán, controversial beneficiario de contratos de gobierno, en una trama de tráfico de influencias y corrupción en las obras del Tren Maya a través de sobornos millonarios a elementos del Ejército por la compra y transporte del balasto, un material rocoso para las vías del tren.

El 22 de agosto de 2023, la diputada morenista, Inés Parra, denunció tanto a la actual Secretaria del Bienestar, Adriana Montiel, como a la extitular de la dependencia, María Luisa Albores, ante la FGR por el desvío seis mil mdp de los programas sociales del gobierno, entre 2018 y 2021, y agregó que permanecían ocultos de acuerdo a información de la ASF. 

La legisladora agregó que una vez que AMLO recibió el poder, se olvidó del “combate a la corrupción” y llamó al fiscal general Alejandro Gertz Manero a no entorpecer las administraciones.