En medio de la crisis provocada por la disolución de la Unión Soviética, varios países buscaron aumentar sus ingresos fiscales. Una de las propuestas fue reformar el financiamiento de los sistemas de salud mediante impuestos por servicios médicos. Esto implicaba abandonar el modelo de salud universal establecido durante los gobiernos socialistas, caracterizado por ser gratuito, centralizado y administrado por el gobierno central de cada país. En su lugar, se impulsó un sistema vinculado al empleo –similar al actual modelo mexicano–, junto con la descentralización administrativa –como en el caso de Rusia– y la participación complementaria de seguros privados.

Estas reformas comenzaron poco antes de 1990 y se extendieron a lo largo de toda la década. Iniciaron en países que formaban parte de la República Federal de Yugoslavia, como Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia y Montenegro. A esta tendencia le siguieron Hungría (1990), Lituania (1991) y Macedonia (1991). Posteriormente, se sumaron Eslovenia (1992), Estonia (1992) y República Checa (1993). Finalmente, adoptaron reformas Rusia (1994), Albania (1995), Georgia (1995), Kazajistán (1996), Eslovaquia (1996), Rumania (1998) y Bulgaria (1999). Los países que no realizaron cambios fueron Armenia, Azerbaiyán, Letonia, Bielorrusia, Moldavia, Polonia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.

Algunos autores señalan que, aunque ya existían estudios sobre indicadores de los sistemas de salud financiados con impuestos generales –como menor regresividad y mejor cobertura–, pocos análisis abordaban el comportamiento agregado de ambos sistemas. Otros estudios habían encontrado que los sistemas basados en impuestos vinculados al empleo podían generar mayor burocracia y no aprovechar las economías de escala derivadas de losgrupos de riesgo.

La similitud en la administración de los sistemas de salud en estos países, el patrón común en sus reformas de financiamiento y la tradición de los gobiernos socialistas en la recolección de datos permitieron a los investigadores Adam Wagstaff y Rodrigo Moreno Serra analizar el comportamiento de estos sistemas antes y después de las transformaciones. Por ello, eligieron el periodo comprendido entre 1990 y 2004 para evaluar los resultados de los cambios implementados. Las reformas se basaban en objetivos prometedores: aumentar la recaudación, mejorar la calidad de los servicios, hacer más eficiente el gasto público, entre otros.

Los resultados de las reformas fueron distintos. En cuanto a los ingresos, algunos países apenas lograron recaudar el 40 por ciento de lo proyectado. No obstante, el gasto gubernamental en salud aumentó un 15 por ciento. En relación con los indicadores de calidad del sistema, los resultados no fueron mejores: se incrementaron las tasas de mortalidad infantil, neonatal y perinatal, aunque disminuyó la mortalidad posnatal. La afiliación a la seguridad social se situó por debajo de lo esperado y, en términos generales, no se observaron mejoras en los indicadores de salud.

Aunque el estudio de Wagstaff y Moreno Serra abarca hasta 2004, los efectos de estas reformas se prolongaron en los años posteriores. En Rusia, por ejemplo, el gobierno de Vladimir Putin señaló que el financiamiento destinado al sistema de salud representaba sólo una quinta parte de lo necesario, lo que provocó el deterioro de la infraestructura y los servicios. Además, las reformas en el pago de medicamentos –donde el hospital cubría el costo sólo si el paciente era hospitalizado– generaron un aumento anormal en los niveles de internación. Asimismo, el gasto de bolsillo de los pacientes se incrementó hasta representar casi el 30 por ciento del gasto total en salud, con la evidente consecuencia de que quienes carecían de recursos no podían acceder a los medicamentos. Aunque el gobierno actual ha realizado esfuerzos por corregir esta situación –aumentando el presupuesto del sistema y mejorando los salarios de los trabajadores de atención primaria–, aún queda un largo camino por recorrer.

Estas reformas constituyeron un deterioro significativo en la calidad de vida de la población de esos países. Además de enfrentar una profunda crisis económica y social, los habitantes debieron lidiar con el desmantelamiento de sus sistemas de salud. Como señala la experta Clara Mattei, este tipo de medidas ha servido para disciplinar a la clase trabajadora con el propósito de facilitar las condiciones de explotación necesarias para perpetuar el sistema económico imperante.