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En 2025 fueron asesinados 348 policías en México, cifra superior a la registrada en 2024, cuando se documentaron un total de 320 casos, dicho incremento refleja “la creciente vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad frente a la violencia criminal y a las debilidades estructurales de las instituciones encargadas de la seguridad pública”, reveló la organización Causa en Común.

En su más reciente informe, titulado “Las policías en México, el drama de un retraso crónico”, la organización señaló que la mayoría de los homicidios de policías ocurre en ataques armados directos, emboscadas o enfrentamientos con grupos delictivos; destacó que el mayor número de víctimas se concentra en las corporaciones municipales debido a su proximidad con la población, además de su limitada capacidad operativa y la falta de recursos.

Indicó que en lo que va del actual sexenio, entre octubre de 2024 y febrero de 2026, al menos 517 uniformados han sido asesinados, de los cuales 299 pertenecían a corporaciones municipales, 165 a estatales y 53 a instancias federales.

Asimismo, el reporte refiere que sólo el 32 por ciento de los policías municipales cuentan con chaleco antibalas; 24 por ciento porta armas de fuego; 22 por ciento cuenta con esposas o candados de mano; 12 por ciento bastones PR-24; 6 por ciento sustancias irritantes en aerosol y 4 por ciento escudos, lo que va en contra de lo establecido por la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza: “es un deber de las instituciones de seguridad pública dotar a los agentes de equipo y vehículos necesarios para proteger su integridad personal”.

El deterioro de las corporaciones también está vinculado a la disminución de los recursos públicos destinados a su fortalecimiento. Este año se asignaron mil 166 millones de pesos para el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) mientras que para el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP) se etiquetaron nueve mil 951 millones de pesos “ambas cantidades representan un aumento de apenas 4 por ciento con respecto a las cantidades que les fueron asignadas un año antes, en 2025”, se lee en el reporte.

La debilidad institucional también se refleja en el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano responsable de coordinar la política nacional en la materia. La legislación vigente hasta 2025 establecía que debía reunirse al menos cada seis meses; sin embargo, una reforma redujo la obligación a una sesión anual.

El informe recalcó que el debilitamiento de las policías en México no es un fenómeno aislado, sino el resultado de fallas estructurales acumuladas durante años, entre las que destacan la falta de coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno, la insuficiencia presupuestal y la ausencia de políticas integrales de profesionalización, lo cual genera corporaciones con escasa capacidad operativa, precariedad laboral y limitada confianza ciudadana.

Ante este panorama, concluyó que es urgente emprender reformas profundas que prioricen el fortalecimiento institucional, la dignificación de la carrera policial y la asignación suficiente y transparente de recursos; también, avanzar hacia un modelo nacional de policía profesional, con estándares homologados de reclutamiento, formación, evaluación y condiciones laborales, así como mecanismos eficaces de control interno y rendición de cuentas.