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Cachito ganador, la manzana de la discordia
El billete de lotería ganador de 20 millones de pesos en la rifa del avión presidencial es hoy causa del desplazamiento, persecución y amenazas de muerte de 28 familias tzeltales de Ocosingo, Chiapas.
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El cachito del billete de lotería que resultó ganador con 20 millones de pesos en la rifa del avión promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en septiembre de 2020, es hoy causa del desplazamiento, persecución y amenazas de muerte que padecen 28 familias tzeltales de Ocosingo, Chiapas.

El grupo paramilitar Los Petules, además de apoderarse de ese dinero para comprar armas, está acosando a estos campesinos para intimidarlos y para que no denuncien las actividades delictivas en contra de ésa y otras organizaciones sociales y económicas en esa región de Chiapas.

Los desplazados viven, desde hace más de dos meses, en las frías montañas de Ocosingo, donde sufren los embates del hambre y la incertidumbre. Una de estas familias, originaria de la comunidad El Nacimiento en el ejido El Carrizal, está formada por Rafael Santiz, su esposa, sus pequeños hijos y sus padres.

 

 

El refugio donde habitan está improvisado con tablas de madera y su pobreza es extrema. Además del frío y el hambre, la familia carece de la mínima protección física contra el medio ambiente y sus perseguidores. Sus hijos andan descalzos; e inconscientes de su situación, juegan con la tierra y las hojas del monte.

Santiz, vocero de los desplazados, describió a buzos el calvario que están pasando desde hace más de dos meses; y reveló que no cuentan con el apoyo de los gobiernos estatal y Federal; que sobreviven con lo poco de maíz y frijol que consiguen trabajando como jornaleros en Ocosingo y exponiéndose al ataque de Los Petules.

Reveló que cuando abandonaron El Nacimiento no pudieron sacar alimentos, ropa y que en sus viviendas dejaron 250 reses, aves de corral y herramientas para laborar en el campo. Los paramilitares les quitaron, además, sus tarjetas del Banco del Bienestar y perdieron los pocos apoyos monetarios del Gobierno Federal.

A la fecha no han recibido ninguna respuesta gubernamental y Santiz hizo una nueva petición de apoyo a los gobiernos Federal y estatal. Hasta el momento tampoco se ha instalado una mesa de trabajo ni firmado ninguna minuta; “tal parece que no les importa nuestra situación”, se quejó.

Las 28 familias solicitan a las autoridades de los tres niveles de gobierno que les envíen los apoyos indispensables para comer; que paren las agresiones de Los Petules –quienes utilizan armas exclusivas del Ejército mexicano– y que los regresen a sus hogares o bien los reubiquen en un sitio seguro.

Las tres o cuatro familias viven en dos casas de madera; algunos hombres tzeltales duermen a la intemperie, no cuentan con colchas ni cobijas; en el patio común del refugio con piso de tierra se improvisan braseros con varillas sobre las que cuecen o calientan frijoles en ollas tiznadas.

 

 

Las familias desplazadas consiguen fácilmente leña en el monte, pero ése no es el caso de los alimentos. Comen a las 16:00 horas; y en el caso de la familia que integran los Santiz –formada por 10 personas– los rostros de los infantes, con edades entre tres y ocho años, se iluminan con sonrisas mientras olvidan por un momento su hambre y miseria.

 

La disputa con el grupo armado

La confrontación con Los Petules comenzó cuando les informaron que la escuela preescolar José María Morelos y Pavón había sido ganadora de “un cachito” de la rifa del avión presidencial que se efectuó el 15 de septiembre de 2020, cuyo premio consistió en 20 millones de pesos (mdp).

En 2021 crecieron las amenazas de la banda delictiva que exigió para sí ese dinero; y el 16 de marzo, el agente auxiliar municipal José Santiz López recibió una bala en el abdomen disparada por El Petul Samuel Santiz López, hecho que quedó impune. Los campesinos exigieron al Gobierno Federal un castigo y el desarme del grupo para evitar más ataques criminales.

Los ahora desplazados iban a destinar los 20 mdp para construir un domo sobre la cancha de juego de su escuela básica, un aula de educación preescolar y, entre otros proyectos, dar mantenimiento a su iglesia; pero el grupo paramilitar quería comprar armamento para atacar al Frente Nacional de Lucha Por el Socialismo (FNLS), organización social de El Carrizal.

Cuando se consumó el despojo, los agraviados se plantaron durante más de dos meses en la Plaza de la Paz de San Cristóbal de las Casas para exigir la intervención de las autoridades; pero su demanda no fue escuchada por las autoridades de ningún nivel de gobierno.

 

 

Poco después, el FNLS hizo una denuncia pública en la que afirmó que la presencia y las actividades de Los Petuales evidencian que los grupos paramilitares todavía operan en esa región, que son financiados por el Estado y tienen el objetivo de desarticular a las organizaciones populares.

También reveló que los programas sociales del Gobierno Federal, que según son para “bienestar de la población”, resultan perversos cuando se destinan al manejo de grupos de contrainsurgencia como Los Petules, que despojaron del premio del avión presidencial a quienes lo ganaron.

La organización advirtió asimismo que este grupo armado ha sido denunciado hace más de una década; y que desde que adquirieron más armas, han incrementado sus acciones paramilitares contra comunidades campesinas de Río Florido y El Carrizal, que forman parte del FNLS.

“Hace tiempo cuestionamos que cómo era posible que este grupo consiguiera municiones como para disparar por una hora seguida y toda la semana. Esta pregunta ya está respondida: es por el financiamiento que el Estado da a este grupo.

“Desde el inicio del actual sexenio entregamos a la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal un informe con el historial de las agresiones hechas por este grupo hacia nuestros compañeros, entre ellos asesinatos, desaparición forzada, hostigamiento; en ese momento exigimos que fueran castigados y desarticulados pero, por el contrario, siguen protegidos con el manto de la impunidad, financiados y adiestrados para continuar agrediendo a las organizaciones sociales y las comunidades”, aseguró el FNLS en un comunicado.

El texto añade que Los Petules se sienten tan protegidos que no les importa evidenciarse por redes sociales posando con sus armas de fuego. Esto demuestra que las fiscalías General del Estado (FGE) y General de la República (FGR) son pasadas por alto y que estos “paramilitares viven en el mar de la descomposición, con todo el financiamiento que reciben se dedican a parasitar, al vicio, la prostitución y a cometer actos criminales. ¡Vaya bienestar!

Denunció que cuando sus integrantes salen de sus comunidades a realizar sus labores cotidianas son agredidos por este grupo; y que el ataque armado más reciente se ejecutó hace unas semanas, cuando cuatro paramilitares los interceptaron y amenazaron con machetearlos, les hicieron algunos disparos y tuvieron que huir para no ser blanco de las balas.

 

 

“Si el gobierno actual protege a paramilitares y reprime a organizaciones populares, en este hecho no hay nada de transformación, sino la continuidad de una política represiva que se aplica desde sexenios anteriores en contra del pueblo organizado y no organizado.

“Todos los que somos víctimas de esta política represiva debemos mantener la denuncia, la movilización y construir lazos de solidaridad, de coordinación y unidad para enfrentar en mejores condiciones la ola de violencia y así frenar el cometido de crímenes contra campesinos e indígenas que luchan por una vida mejor”.

 

Secuestran a dos desplazados

El pasado seis de diciembre Los Petules, que forman parte de la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao), retuvieron a Dionisio Santis López, uno de los dirigentes de los desplazados del ejido El Nacimiento, quien iba acompañado por Arnulfo Anteles Guzmán. Ambos fueron golpeados y solamente los liberaron después de que pagaron mil pesos cada uno.

“Agarraron al compañero Dionisio y a Arnulfo porque nos acusan de que declaramos que son una banda paramilitar; que se quedaron con el dinero que ganamos en la rifa del avión presidencial y que con él compraron armas”, denunció uno de los representantes que pidió el anonimato.

Los campesinos fueron secuestrados en el crucero Cuxuljá, donde confluyen las carreteras a Ocosingo y Altamirano, y los trasladaron al ejido El Nacimiento. Cuando los liberaron, Los Petules les advirtieron que ya no publicaran las denuncias de sus atropellos y dejaran de decir que son paramilitares.

En 2009, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) había denunciado que los miembros de esta organización “alteran el orden público, destruyen cultivos y cafetales, hostigan, amenazan de violación sexual a las adolescentes, deforestan árboles, contaminan el agua, realizan asaltos en la región”.

 

 

El delegado federal en Chiapas, Iván Alberto López Cruz, difundió que no ha recibido ningún “oficio girado por la Fiscalía Indígena” y que no está al tanto de la existencia de desplazados en Ocosingo. Pero las familias, ahora dispersas en el territorio, afirman que sí solicitaron protección al Gobierno Federal.

“Ya tienen conocimiento el Ministerio Público y la Secretaría de Gobierno; nosotros estamos desplazados”, reconoció el portavoz Melesio López Gómez durante una conferencia de prensa realizada en días pasados.

El Gobierno Federal y la FGE de Chiapas fueron alertados de su situación; pero ninguna de las dos instituciones les han ofrecido resguardo, ni informado sobre algún avance en la investigación, pese a las peticiones que, en su momento, hicieron al gobernador Rutilio Escandón y al Presidente.


Escrito por Ricardo López

Colaborador


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