El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.
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Esta mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declaró en su conferencia de prensa que el asesinato de cinco jóvenes en Celaya, Guanajuato, el pasado 3 de diciembre, habría estado relacionado con el consumo de drogas.
Lo que sucedió, según el presidente de México, fue que “los jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso, pasaron (supuestamente) para adquirir droga y ahí los asesinaron”.
Agregó que se trata de una situación hipotética, toda vez que la investigación aún se encuentra abierta a fin de dar con el paradero de los responsables de dichos homicidios: “Se quedaron en Querétaro luego se fueron hacia Villagrán y en algún lugar de estos pasaron. Esto es todavía hipotético, se está investigando”.
Como si se tratara de un Déjà vu (reconocimiento de una experiencia que se hubiera vivido previamente), el jefe del ejecutivo aplicó la “vieja confiable”, al declarar que los hechos ocurridos están relacionados con eventos delictivos; tal como sucedió hace 13 años, con el entonces presidente Felipe Calderón, quien sin esperar las investigaciones correspondientes, declaró que un grupo de estudiantes asesinados en enero de 2010 eran miembros de la delincuencia organizada.
En ese entonces, sucedió como ahora, los máximos mandatarios de México criminalizaron a los estudiantes sin pruebas que comprobaran sus dichos. Fue hasta después, cuando una de las madres de las víctimas, de Marcos y José Luis Piña, increpó a Felipe Calderón para asegurarle que sus hijos eran alumnos de excelencia y no unos delincuentes.
Hoy, la historia se repite con estos cinco estudiantes, que vale la pena recordar, formaban parte de la matrícula estudiantil de la Universidad Latina de México y fueron ultimados en la colonia Primera Fracción de Crespo, donde la fiscalía de Guanajuato recolectó diversos indicios para localizar a los homicidas.
El castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social.
Desigualdad laboral, violencia y baja participación económica, entre los principales rezagos que enfrentan las mujeres en el país.
Habitantes habían reportado anomalías antes del incendio en la refinería Olmeca.
La mandataria solicitó al Senado que se autorice la salida de elementos bajo el supuesto de recibir adiestramiento.
Entre 2012 y 2024, la obesidad en mujeres de más de 50 años pasó de 26.5 por ciento a 33.1 por ciento, y en hombres de 21.7 por ciento a 25.8 por ciento.
Las víctimas, todas integrantes de la misma familia, fueron atacadas mientras se trasladaban en una camioneta hacia una escuela ubicada en Culiacán.
Los pilotes fueron instalados en una zona de suelo que permite la filtración de agua a cenotes y cavernas subterráneas.
Adeudos, pagos irregulares, esquemas de contratación que evitaban responsabilidades laborales y despidos son sólo algunas de las irregularidades.
Con un portafolio de 11 billones de dólares y antecedentes de incumplir normas mexicanas, la gestora fortalece su presencia en México tras otro encuentro con la presidenta.
Hasta el momento, el cuarto minero aún no ha sido localizado, por lo que las autoridades informaron que mantienen un operativo para encontrarlo.
Esta técnica de extracción representa riesgos ambientales relacionados con la contaminación de mantos acuíferos.
En Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se esperan temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados.
La máxima casa de estudios pasó de 10 a 12 especialidades dentro del Top 50 mundial y de 31 a 36 dentro del Top 100.
Estados Unidos envió a México tres millones 952 mil 249 toneladas de maíz.
Responsabilizan a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, por los hechos y al Gobierno Federal por omisión.
Escrito por Brenda Perú Hernández
Colaboradora