"… en la función jurisdiccional no buscamos aplausos, nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. Ésta es nuestra convicción, esta es la premisa que da sentido a nuestra vida profesional”, afirmó la ministra presidenta Norma Piña en su primer año de labores al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ante la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que años anteriores sí había asistido a los informes de la SCJN, cuando la encabezaba el exministro Arturo Zaldívar, la magistrada Norma Piña destacó un uso eficiente de recurso con un ahorro anual por 82 millones de pesos en su primer año magistrada presidenta, informe al que tituló "Independencia Judicial para la protección de tus derechos 2023", y al que asistieron la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde y la priista Marcela Guerra.

Detalló que “el uso eficiente y articulado de recursos económicos, humanos, físicos y tecnológicos, permitió rediseñar la institución. El 85% del Presupuesto de Egresos de la Judicatura se destinó al Programa de Impartición de Justicia, como prioridad”.

Asimismo, refiere que, durante los últimos 12 meses, favoreció la capacitación de juzgadores y personal adscrito a los órganos, además instrumentó modelos de gestión administrativa más robustos, consolidó la reestructuración de áreas y optimizó recursos y herramientas tecnológicas.

Resaltó también que la institución que preside atendió mil 800 quejas y denuncias contra servidores públicos adscritas a órganos jurisdiccionales y 893 quejas relacionadas con personal administrativo, las cuales se encuentran bajo análisis y resolución de los órganos correspondientes.

Destacó la erogación de mil 603 millones de pesos para la Política Nacional Anticorrupción, a través del cual se atendieron 391 denuncias por nepotismo y corrupción, además, se logró la vinculación a procesos de: un Magistrado federal, un chofer de exfuncionario público y un secretario particular; además se abrieron siete carpetas de investigación contra juezas, jueces, magistradas y magistrados.

Finalmente, en el documento se manifiestan la puesta en marcha de mecanismos con perspectiva de género y a favor de la generación de ambientes libres de violencia.