En los cinco años de la administración estatal del gobernador Alejandro Murat, su promesa de erradicar la violencia de género no solo se mantiene incumplida, sino, además, los feminicidios y las agresiones contra las mujeres se hallan en alarmante alza.

El tres de julio de 2017, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó a la secretaría ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVM) la declaración de una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado de Oaxaca; y el seis de julio de 2017, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) la admitió y remitió el acuerdo para que se publicara.

Las AVGM tienen como objetivo brindar seguridad a niñas y mujeres contra cualquier tipo de violencia y obliga a los gobiernos a emprender las acciones necesarias para evitar que sean agraviadas tanto verbal como físicamente y se violente el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Sin embargo, a un lustro de la emisión pública de esa declaratoria, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (CDPEO) reveló que en el periodo gubernamental de Murat, en 40 municipios de la entidad han sido violentadas 780 mujeres.

El informe dice que en 2020 se reportaron 296 mujeres desaparecidas; que otras 86, con diferentes rangos de edad, fueron víctimas de feminicidio y que entre ellas hubo una menor de un año de edad y una anciana de 84 años. Para la CDPEO estos datos evidenciaron el alto de grado de vulnerabilidad de las oaxaqueñas y la ausencia de una política de protección eficiente por cuenta del gobierno de Murat.

Esta organización civil señala que el año pasado, 93 por ciento de los actos de violencia de género (749) se registraron en cinco de las ocho regiones de Oaxaca: 325 en los Valles Centrales; 128 en la Mixteca; Papaloapam, 114; Istmo de Tehuantepec, 102; y 80 en la Costa. En todos los casos hubo denuncias en voz de agrupaciones de mujeres y organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.

Entrevistada por buzos, Flor Robles López, psicóloga que brinda atención a las víctimas de violencia de género en el Grupo de Estudios de la Mujer Rosario Castellanos A.C., dijo: “muchas veces, mujeres víctimas de violencia que ya estuvieron como usuarias de la fiscalía especializada para las mujeres o en los centros PAINED, abandonan esos procesos, ya que en estas instituciones existe revictimización y retraumatización. Es decir, las usuarias cuentan el episodio violento más de tres veces con distintas personas y al final no se les da seguimiento; le dan largas o simplemente la atención que le dan no es la adecuada. Hay otros casos donde la víctima tenía que ampliar su declaración y el agente estatal de investigaciones no se comunica con ellas, pasan los días y esto hace que las usuarias sientan que no hay justicia”.

Robles López dijo también que con la pandemia este problema social se ha agravado: “La violencia de género es como otra pandemia en este 2021. Durante el confinamiento se incrementó aún más, ya que muchas mujeres se quedaron en cuarentena y encerradas con sus agresores; agregado a estas condiciones, hemos notado que con el avance tecnológico en estos últimos dos años, las redes sociales han tenido un índice alto de violencia digital, sobre todo en lo que respecta a contenido sexual”.

La psicóloga afirmó que las campañas para prevenir este fenómeno delictivo e invitar a la población femenil a que denuncie la violencia de género no han fructificado porque falta la capacitación necesaria para que tanto en las víctimas como los funcionarios ministeriales atiendan con la debida celeridad los procesos jurídicos. Por ello, insistió, las pocas denunciantes abandonan éstos y terminan por recurrir a otro tipo de organismos donde reciben protección física.

Lamentó, asimismo, que este tipo de organizaciones civiles no reciban apoyo del gobierno estatal en la realización de sus actividades, lo que disminuye las posibilidades de que las mujeres violentadas puedan recibir la atención oportuna que requieren para satisfacer sus necesidades más urgentes, toda vez que dichas agrupaciones no cuentan con los recursos suficientes para cubrir todos los casos que se presentan.

Desde que se lanzó la AVGM en Oaxaca, el gobierno estatal gasta entre 500 mil y 614 mil pesos cada año en la atención de acciones de violencia de género, pero solo tres de los 40 municipios (Oaxaca de Juárez, Santo Domingo Tehuantepec y Villa de Zaachila) rindieron cuentas de las acciones que realizaron y del destino del dinero que recibieron.

En el resto de las demarcaciones continúa imperando la falta de estrategias y de organización efectivas para enfrentar el problema. En algunos de estos municipios lo único que hay a la vista y relacionado con el combate a la violencia de género es la presencia de patrullas rosas que circulan en las calles a fin de ayudar a las posibles victimas de estos abusos.

No saben que pueden denunciar

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH), que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) levantó en 2016, reveló que de las 19.1 millones de mujeres que declararon haber padecido al menos un acto de violencia de parte de su pareja, el 48.2 por ciento dijo haberlo comentado con alguno de sus familiares, amigas o compañeras; y que el 27. 6 por ciento recurrió al servicio de algún especialista: el 14.9 por ciento a un psicólogo; el 6.5 por ciento a un abogado y el 6.2 por ciento a un religioso.

Pero el restante 51.8 por ciento de las mujeres entrevistadas (porcentaje equivalente a 9.4 millones) dijo que no había contado su situación a ninguna persona. Estos datos evidencian, a decir de los especialistas, que casi la mitad de las mexicanas desconocen que las acciones violentas en su contra, al margen de que las lastimen y las hagan sentir mal, no son “normales” y que son susceptibles de ser denunciadas ante las autoridades judiciales.

Incluso las que solo recurren a algún familiar para comentar que su pareja las maltrató de voz o físicamente, dejan a la vista que el tipo de educación que permea en muchos hogares de México es machista, situación que otras instituciones de análisis han percibido y contabilizado, como es el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que dispone de un estudio en el que se dice que las mexicanas acumulan al año un promedio de 40 días de actividades laborales en el hogar por las que no reciben remuneración, en contraste con los 16 días que promedian los hombres.

A todo esto hay que agregar los resultados de varios estudios de opinión del Inegi en los que se denuncia que en casi todos los tipos de violencia ejercida contra las mujeres el agresor es su novio, esposo o pareja, lo que evidencia que el principal “enemigo” de una mujer vive en su casa.

Es preocupante, asimismo, que la mayoría de las mujeres entrevistadas por el Inegi (66.8 por ciento) no sabía dónde solicitar ayuda ante una situación de violencia de género; que solo el 30.6 por ciento de las que habían sufrido alguna agresión de su pareja actual o última sabía a dónde acudir y que de las que habían hablado con alguien solo el 41.4 por ciento sabía a dónde podía solicitar apoyo. Así, el 21.6 por ciento no lo habló con alguien.

El análisis integral de esta información demuestra, en consecuencia, que los recursos destinados a campañas y programas para combatir la violencia de género están mal aplicados y que estos últimos están diseñados porque no han logrado velar de manera eficiente por la paz e integridad de las mexicanas, casi la mitad ellas inconscientes de que los maltratos son ilícitos y que pueden ser prevenidos y denunciados judicialmente.

El informe anual de las acciones que el municipio de Oaxaca ejecutó para cumplir las medidas exigidas por la alerta contra la violencia de género –que se anunció del 30 de agosto de 2019 al 30 de agosto del 2020– reveló que en dicho periodo se registraron cuatro mil 422 llamadas en el número de emergencia nacional 911,  que se clasificaron de la siguiente manera: dos mil 202, violencia familiar; 302, violencia de pareja; 303, violencia contra la mujer; 17, maltrato infantil; cuatro, violación; tres, abuso sexual; y tres, acoso sexual. Estos últimos casos fueron atendidos por la unidad de Atención a Victimas de Violencia por Razón de Género (AVVRG) y se consignaron ante la Fiscalía General del Estado.

En la línea telefónica de emergencia que habilitó el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) se recibieron, a su vez, 42 denuncias por violencia familiar, seis por abuso sexual, dos por sustracción de menores y uno por feminicidio en grado de tentativa.

Los especialistas consultados por este semanario señalan que del alto número de mujeres que denunciaron acciones violencia de distinta índole solo unas cuantas fueron turnadas a la FGE, a fin de que esta institución realizara los procesos conducentes.

El rezago tecnológico en contra

En Oaxaca las mujeres tienen un enemigo adicional: el rezago en la tecnología de comunicación, rubro en el que la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH 2020), ubica a la entidad en el penúltimo lugar nacional, con un cuatro por ciento de cobertura en tecnología de comunicación; y solo el 62.6 por ciento son usuarios de telefonía celular, según la ENDUTIH de 2018.

En el equipamiento de tecnologías de información y comunicación en los hogares oaxaqueños, menos de la mitad corresponde a jefaturas femeninas, una notoria desventaja con respecto a la posibilidad de conocer o informarse de los programas de atención en línea; y en el caso de la computación, dicha desventaja es aún mayor, porque la mayoría de las amas de casa desconocen su uso, pese a la predominancia de las mujeres en los hogares (16 por ciento, en contraste con el 13 de la masculina).

El Inegi reporta que, en todo el país, solo 12 de cada 100 mujeres que sufrieron un hecho de violencia de su pareja actual o última hicieron denuncias o solicitaron apoyo; únicamente seis recurrieron a alguna institución, tres denunciaron y las restantes tres realizaron ambas acciones.

Estos datos permiten observar, de acuerdo con los expertos, la abismal brecha que existe entre padecer la violencia e identificarla como algo que pone en riesgo la integridad de las mujeres, lo cual impide el acercamiento de las víctimas con las autoridades ante las que pueden denunciarla.

El Inegi también ha recogido información con respecto a esta brecha; por ejemplo, el Censo de Población y Vivienda de 2020 reportó que en Oaxaca había cuatro millones 132 mil 148 habitantes, de los cuales dos millones 157 mil 305 eran mujeres y, de éstas, un millón 588 mil 721 tenían 15 años o más, es decir, la población con mayores índices de violencia reportada.

Un comparativo de la violencia de género que se sufre en Oaxaca con la que se da en el resto del país muestra que esta entidad tiene también un preocupante rezago en la materia. Si en el país solo 12 de cada 100 mujeres que sufren violencia de género la denuncian, en Oaxaca, de las 659 agresiones registradas durante 2021, solo el 2.5 por ciento dijo haber sufrido violencia física y/o sexual, por lo que el porcentaje de la población femenina afectada por actos delictivos se eleva al 20 por ciento.

Estos datos evidencian la necesidad urgente de utilizar instrumentos de toda índole –jurídicos, sociales, mediáticos, etc.– para identificar las características de la violencia de género contra las mujeres en Oaxaca, rediseñar las estrategias del gobierno para combatir este flagelo y promover una cultura de la denuncia a fin de que las oaxaqueñas asuman sus derechos y aprendan a defenderse con el apoyo del Estado y la sociedad.