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El asesinato de la activista Ana Luisa Garduño en Temixco, Morelos, es otro de los casos de impunidad que se suman durante la gestión de la 4T. Ya en su momento, condenamos, en este mismo espacio, la muerte de Samir Flores, quien protagonizó una lucha tenaz contra la termoeléctrica que impulsa en la entidad el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en coordinación con el gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Desde entonces la situación ya era preocupante en el estado de Morelos, pero todo se ha tornado más turbio una vez que se difundieron imágenes del hoy mandatario con presuntos capos del narcotráfico, hecho sobre el que consta ya una primera denuncia para su investigación y esclarecimiento.
De esta forma, la muerte de la activista Ana Luisa Garduño Juárez, ocurrida la noche del jueves 27 de enero en el Centro del municipio de Temixco por un sujeto que logró darse a la fuga en la calle Álvaro Obregón, a unos metros de la presidencia municipal, debe inquietar a la opinión pública nacional. De acuerdo con los primeros informes, fue cerca de la medianoche cuando presuntamente se registró una riña dentro del bar “Apolo XI” del que ella era dueña, y entonces uno de los clientes la atacó a tiros. Ana Luisa fundó la Asociación Civil “Ana Karen Vive” que llevaba el nombre de su hija asesinada presuntamente por su novio en 2012.
En el caso de la periodista mexicana que fue asesinada a tiros el domingo por la noche en la ciudad fronteriza de Tijuana, Lourdes Maldonado, convirtiéndose en la segunda en menos de una semana, según el gobierno del estado de Baja California, indignó aún más el crispado ambiente del gremio y las condenas a un ejecutivo que normaliza la violencia.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California informó que la periodista, Lourdes Maldonado López, fue asesinada a tiros en su auto afuera de su casa en la zona de Santa Fe de Tijuana. Maldonado, que tenía décadas de experiencia como reportera, habló en una vigilia el viernes por la noche en honor a la vida del fotoperiodista Margarito Martínez, que fue asesinado a tiros el lunes fuera de su casa en Tijuana.
La propia periodista acudió hasta Palacio Nacional, para pedir a viva voz, que el Estado le brindara protección una vez que su vida estaba en riesgo. Aunque no es fácil estar ahí en Palacio Nacional, la comunicadora todavía pudo hacer eco de esta petición, contar con el escaparate mediatico más relevante del país para pedir ayuda, sin embargo, nadie respondió. En 2019, cuando ocurrió esta petición, la periodista cuestionó al mandatario sobre otros temas y ante el cuestionamiento el titular del ejecutivo prometió intervenir en ese tema de justicia. Quienes hemos estado en la mañanera sabemos que poder lograr la participación no es fácil, sin embargo, ella todavía tuvo la oportunidad de plantearle la denuncia y solicitar apoyo, de ahí la prueba del abandono del Estado no solo a Maldonado, sino a miles de mexicanos que viven situaciones igualmente crudas.
Por eso celebro que decenas de comunicadores y otros sectores de la sociedad, se unieron a la protesta nacional para manifestarse por el asesinato de tres comunicadores en lo que va del año. Los corresponsales, reporteros y camarógrafos de medios nacionales y estatales se dieron cita en las plazas públicas de al menos 52 ciudades en el país.
Por el delicado panorama, urge que sean esclarecidos los asesinatos recientes, así como justicia para los más de 148 periodistas asesinados en el país, en los últimos años, pero no debemos dejar estos casos únicamente a la llamarada de la ira colectiva, es necesario entender que los comunicadores requerimos hacer una gran alianza popular, para que sean los movimiento populares y sus organizaciones, quienes respalden nuestra exigencia de un alto a la impunidad. Darle voz a las problemáticas del pueblo, se vuelve también una necesidad objetiva que siempre ha existido para quienes ejercemos el periodismo, pero ahora se vuelve crucial para la defensa hasta de su propia vida. El gobierno federal está obligado a esclarecer estos casos que ya movieron la indignación nacional e internacional sobre la situación de los periodistas y el riesgo para los activistas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acató un plan que obliga a nuestro país a recibir al mes hasta 30 mil migrantes deportados de EE. UU., sin tomar en cuenta que no tenemos la capacidad para albergar más migrantes.
Los grandes problemas siempre empiezan pequeños. No desestimemos los hechos crasos que nos demuestran que nos estamos encaminando a una dictadura, donde los que gobiernan están seguros de que “no son iguales”.
“Es necesario que nos demos cuenta de la situación, no va haber nueva normalidad, vamos a regresar a una situación que ya era bastante critica".
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Escrito por Francis Martínez Mateo
Periodista y reportera multimedia. Ex corresponsal en China 2022. Desde 2020 conductora en Canal 6 Tv. Síguela en X como @FranMartinezMx