El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acató un plan que integra el programa Quédate en México, impuesto por su homólogo estadounidense Joseph Biden y que obliga a nuestro país a recibir mensualmente hasta 30 mil migrantes extranjeros deportados de Estados Unidos (EE. UU.), sin tomar en cuenta que no tiene la capacidad para albergar más migrantes.

“Quédate en México” también fue impuesto por el expresidente Donald Trump a AMLO y se sustenta legalmente en el Título 42, que ordena “la expulsión de toda persona que ingrese a su territorio en forma ilegal”.

En las últimas semanas, el gobierno de EE. UU. deportó a miles de migrantes −la mayoría de Centro y Sudamérica− sin respetar sus derechos humanos ni considerar que México no tiene la capacidad para atenderlos adecuadamente. 

El Título 42, promovido por Trump y avalado por la Corte Suprema estadounidense a finales de diciembre de 2022, establece que los migrantes ilegales deben permanecer en México mientras se resuelve su estatus migratorio, procedimiento que puede durar más de un año. Es decir, el gobierno del país vecino decidió que México debe pagar los costos de la atención a los migrantes.

El pasado 10 de enero, en el marco de la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte, los presidentes en EE. UU., Canadá y México expusieron los asuntos de mayor prioridad para sus países: Biden planteó el problema del tráfico de drogas hacia su país; Justin Trudeau el de las energías limpias y AMLO el de la migración.

Este conflicto, que impacta directamente a México porque su territorio es utilizado por los migrantes como camino de paso hacia EE. UU., alcanzó cifras históricas en 2022 debido a los problemas económicos, políticos, sociales, climáticos y sanitarios en varios países de Latinoamérica y el Caribe –de los que México no es la excepción– según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés).

El comportamiento que AMLO dio a este asunto en la Décima Cumbre de Líderes de Norteamérica, motivó que el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, lo acusara de doblarse ante los vecinos del norte al aceptar formalmente ser el receptor de los migrantes rechazados, cosa que ningún mandatario del país había aceptado hasta ahora.

Además, el líder panista denunció que AMLO “no consiguió nada para los más de 5.6 millones de mexicanos que radican en EE. UU., ni para los que pretenden cruzar; no resolvió el conflicto del T-MEC, que pone en riesgo miles de empleos e ingresos a las familias mexicanas y no hizo un acuerdo con Biden sobre la producción y trasiego ilegal de armas a nuestro país”.

Marko Cortés también lamentó que, en contrapartida, los mandatarios de EE. UU. y Canadá lograron objetivos políticos en beneficio de sus países: Biden consiguió que México sea su principal receptor de migrantes, un acuerdo conjunto para luchar contra el trasiego de fentanilo y la captura de Ovidio Guzmán; en tanto que Trudeau recibió el compromiso de México de impulsar la industria con energías verdes.

En el discurso final de la Cumbre, AMLO agradeció gustoso a sus homólogos, pero en especial a Biden, con estas palabras: “El tema migratorio, como otros, fue tratado con amplitud. Se llegaron a importantes acuerdos de los tres países en beneficio de nuestros pueblos (…) Celebramos que el gobierno de EE. UU. haya tomado la iniciativa a través de un plan que se extenderá en beneficio de los hermanos del sur (…) Usted es el primer presidente de EE. UU. en mucho tiempo que no ha construido ni un metro de muro, y eso se los agradecemos, aunque no les guste a los conservadores”.

En respuesta, Biden agradeció a AMLO que México esté comprometido en recibir a todos los migrantes que no cumplan con los requisitos establecidos ante la nueva política de Washington: “Quiero agradecerle, señor Presidente, por dar un paso adelante y recibir en México a aquellos que no sigan los caminos legales que hemos establecido”.

AMLO agradeció a Trudeau su programa para otorgar visas de trabajo a jornaleros y obreros y que beneficiará a 25 mil mexicanos. “Es un camino a seguir el de la migración ordenada... el primer ministro Trudeau es un gran aliado”, destacó.

México está rebasado

En su discurso del 10 de enero, AMLO declaró que los gobiernos del mundo deben procurar que sus ciudadanos “sean felices en donde nacieron. ¿Y qué se necesita para que esto ocurra? Que la emigración sea opcional y no forzosa”, por lo que los gobiernos “necesitan garantizar oportunidades para los más pobres”.

Sin embargo, los mexicanos representan actualmente a más del 63 por ciento de los migrantes en EE. UU.; es decir, que más de 36 millones de los casi 57 millones latinos en ese territorio son mexicanos y la cifra va en ascenso; pues en 2022 conformaron el grupo nacional mayoritario de los migrantes provenientes del sur, de acuerdo con las cifras del CBP.

Esta oficina precisó que, a diferencia de otros años en que los migrantes mexicanos tendían a regresar a su país en periodos más cortos ahora, a raíz de la pandemia de Covid-19 y del incremento de la creciente pobreza y la violencia delictiva, optan por quedarse. A esto se debió que, en 2022, la Patrulla Fronteriza interceptara a 800 mil mexicanos que intentaron cruzar la frontera.

Hasta 2020, los estados del país que impulsaban más emigrantes eran Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Aguascalientes, Oaxaca, Durango, San Luis Potosí, Guerrero e Hidalgo, según el Anuario de Migración y Remesas México 2022. Esta fuente destaca las principales causas de la migración: la extrema pobreza y el ambiente hostil y violento de sus comunidades.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) ha informado que, en 2020, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca estaban dentro de los 10 estados más pobres del país, mientras que Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, eran entonces tres de las 10 entidades más peligrosas para vivir. Éstas son las razones por las que algunos mexicanos buscan desesperadamente cruzar el río Bravo y vivir en la “tierra prometida”.

Por ello resulta incongruente que el Presidente permita que México se convierta en el asilo “oficial” y ampliado de miles de migrantes, y que aplauda la nueva política estadounidense con palabras como: “Celebramos que el gobierno de EE. UU. haya tomado la decisión de ordenar el flujo migratorio”.

Cabe destacar que, este año, la economía mexicana enfrentará un panorama muy complicado, según las estimaciones de expertos como el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que advierte que la inflación permanecerá alta; igualmente ocurrirá con las tasas de interés; que el Covid-19 no cede en el mundo ni en México; que la política energética puede generar un conflicto mayor dentro del Tratado México-EE. UU.-Canadá (T-MEC); y que la posible desaceleración pronosticada para EE. UU. puede impactar demasiado a México.

A decir de esta misma institución, el crecimiento económico será de apenas de 1.2 por ciento, muy alejado del tres por ciento que espera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno Federal. 

En materia de seguridad, de acuerdo con la Citizens Council for Public Security and Criminal Justice, Tijuana, Acapulco, Ciudad Victoria, Ciudad Juárez e Irapuato figuran entre las 10 ciudades más peligrosas de Latinoamérica.

“Foco rojo” para migrantes

La extrema inseguridad pública y la falta de oportunidades de empleo en tierras mexicanas significan un infierno para los trabajadores migrantes, quienes temen por sus vidas cuando escuchan la palabra “México”; ideas negativas que AMLO intentó matizar o superar en la Décima Cumbre de Líderes de América del Norte cuando expresó: “tenemos el compromiso de proteger a los migrantes; en su paso por México los migrantes son secuestrados y asesinados por la delincuencia, por eso hablo de la protección”.

Sin embargo, testimonios públicos recabados por asociaciones defensoras de derechos humanos entre los migrantes de Centro, Sudamérica y el Caribe justifican esa figura negativa. Los informes detallan que existen redes de corrupción integradas por coyotes, miembros del crimen organizado y autoridades fronterizas que extorsionan y secuestran a miles de migrantes al año.

A estas mafias se suman los engorrosos procedimientos burocráticos con que opera el Instituto Nacional de Migración (INM), cuyos trámites de regulación legal pueden durar meses y orillan a los migrantes esperar, a actos de corrupción, a protestar o a buscar una solución ilegal.

La migración se ha convertido en un negocio y, según testimonios publicados en medios de comunicación, aunque en el sur de la República logren pasar los filtros, en el norte se encuentran con operadores que monopolizan la documentación y cobran sumas de dinero que van desde los 250 hasta los mil 100 dólares para cruzar la frontera con EE. UU.

En diciembre de 2021, AMLO expresó estar “preocupado” por el combate a la corrupción que impera en el INM, que representa a una de las instituciones más corruptas del país, según reconoció él mismo. Sin embargo, en cuatro años de su gobierno, solo una de cada mil investigaciones abiertas por esta oficina ha llegado a la Fiscalía General de la República (FGR).

En una carta firmada por varias organizaciones humanitarias –entre ellas el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa y el Servicio Jesuita a Migrantes– éstas emitieron su preocupación por la expulsión de migrantes provenientes de Venezuela y pidieron publicar con claridad el proceso.

“Ofrecer apoyo a 24 mil personas cuando el mes pasado más de 25 mil venezolanos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza no se puede llamar una solución para garantizar la protección y tampoco una migración segura, ordenada y regular, mucho menos humanitaria”, dice el documento.

Cifras recientes de la CBP revelan que las detenciones en la frontera norte aumentaron 24 por ciento con respecto al año anterior; y que el número de migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba aumentó dramáticamente en septiembre de 2022, lo cual provocó que la migración ilegal alcanzara en un año un nivel jamás visto.

A decir de la CBP, las autoridades estadounidenses realizaron un número récord de detenciones de migrantes indocumentados; dos millones 38 mil millones, una cifra 37 por ciento mayor a la del año anterior y más del doble del nivel más alto registrado en 2019, cuando Donald Trump era el presidente de EE. UU.

Hasta el 30 de septiembre del año pasado, 2022 había resultado el año más mortífero para los migrantes que intentaron cruzar la frontera entre México y EE. UU., con más de 850 fallecidos, muchos de ellos por ahogamiento o insolación. Ese número de víctimas fue 56 por ciento superior al del mismo periodo en 2021, cuando murieron 546 migrantes.