Hace unos días, el titular de la Secretaría de Gobierno de la presente administración estatal de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, informó que el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) –que suma cuatro años sin titular– investiga 104 expedientes contra servidores públicos por acoso sexual y que las sanciones se han limitado a solo algunos despidos.

La información más reciente sobre este problema la dio la diputada local priista Arianna Ángeles Aguirre, quien reveló varios casos de hostigamiento laboral, sexual, violencia institucional y laboral en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los cuales fueron denunciados ante el Órgano Interno de Control, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

En noviembre pasado, durante la comparecencia ante el Congreso de Veracruz del titular de esa oficina, Guillermo Fernández Sánchez, recibió dichas denuncias y se le pidió que cumpla con el protocolo de “cero tolerancia” en la violencia contra mujeres y niñas que el 25 de enero de 2019 puso en marcha el gobernador.

“¿Considera usted que un servidor público que violenta a las mujeres debe continuar al frente de una responsabilidad pública? Porque es evidente que en su dependencia no se acata el protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual. Ante este recinto, le pido que cumpla con su deber ético y profesional como servidor público y que no exista ninguna represalia laboral contra quienes valientemente denunciaron lo que viven en la dependencia que usted encabeza”, dijo la legisladora.

Diputada del PRI, Arianna Ángeles Aguirre

La también Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad afirmó que es indignante que se siga tolerando la violencia contra las mujeres en las dependencias del propio gobierno y recordó que los diputados de todas las fuerzas políticas han rechazado y condenado toda forma de violencia de género contra las mujeres y niñas en Veracruz.

El 28 de noviembre de 2019, la FGE logró vincular a proceso a Rafael “N” por su presunta responsabilidad en los delitos de hostigamiento sexual y violencia de género en su modalidad psicológica en agravio de una víctima de identidad bajo resguardo. Era el secretario particular de la entonces titular, María del Rocío Pérez Pérez.

Previamente, la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas, integró la carpeta de investigación y obtuvo de un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, que fue cumplimentada por agentes ministeriales.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2018 y en marzo y mayo de 2019 en las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), en donde Rafael “N” presuntamente se aprovechó de posición jerárquica sobre la víctima para hostigarla sexualmente de manera continua. Este delito y más el de violencia de género en la modalidad psicológica, fueron integrados a la carpeta 398/2019 y se le dictó auto de vinculación a proceso, quedando establecido el plazo de dos meses para la investigación complementaria.

En la misma instancia le fueron confirmadas las medidas cautelares que lo obligan a presentarse periódicamente ante el Juez, a no acercarse a la víctima y a suspenderlo temporalmente de su cargo por el tiempo que dure el proceso jurídico en su contra.

Hace unos días, cuando el nuevo titular de la Sedema, Juan Carlos Contreras Bautista, compareció ante el Congreso Local, un grupo de extrabajadores se manifestó a las afueras de dicho poder para denunciar, entre otras cosas, que persiste la comisión de los delitos de acoso sexual y laboral en esa dependencia.

“¡Exigimos respeto! Somos mujeres, no objetos. ¡Podrás amedrentarnos y amenazarnos, pero alzaremos la voz! ¡No más represiones contra las mujeres de la Sedema!”, se leía en sus pancartas.

El acoso en la Sefiplan

Apenas en octubre pasado, dos alumnas del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), denunciaron ser víctimas de acoso sexual cuando realizaban su servicio social en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). El propio director del tecnológico, Walter Luis Saiz González, fue quien denunció el hecho.

El académico subrayó que no se tolerará la violencia de género contra las alumnas de dicha institución y detalló que las jóvenes fueron acosadas por su jefe directo en Sefiplan y que ambas recibieron asesoría y apoyo en la Unidad de Género del Tecnológico de Xalapa.

“Tenemos el caso de dos alumnas que fueron a hacer su servicio a tesorería. El jefe inmediato, superior de ellas las empezó a acosar. Son alumnas, son niñas, yo así les digo”, expresó.

La denuncia fue presentada en la FGE, donde después de meses no ha habido avances en las investigaciones. Saiz González dijo que muchas veces las víctimas prefieren no denunciar los delitos por la dilación de las autoridades judiciales y porque temen represalias o dar a conocer su problema.

“Ayúdenos a transmitir la información y que las jóvenes denuncien. No quieren porque tienen temor: primero de que se enteren, luego de que vaya a haber represalias o que les suspendan el servicio social”, insistió el director del Tecnológico, quien añadió que no encubrirá a los responsables aun cuando se trate de funcionarios del gobierno estatal.

“Nosotros aquí no encubrimos, aunque sean integrantes del mismo gobierno, funcionarios públicos, porque iríamos en contra de lo que estamos tratando de enseñar aquí. Han pasado cerca de dos meses y no ha habido acciones”, destacó.

Juan Carlos Contreras Bautista, titular de la Sedema

Hace casi medio año, el 29 de julio, José Manuel Pozos del Ángel presentó renuncia como Subsecretario de Planeación. Aunque la denuncia en su contra fue por presunta violación en grado de tentativa, su salida fue explicada con el argumento de que tenía nuevos proyectos de trabajo.

Sin embargo la víctima, Nancy Sánchez Pulido, publicó en sus redes sociales por qué lo había denunciado ante la fiscalía. “Lo anterior a consecuencia de acciones inmorales que ejecutó en contra de mi persona violentando mi dignidad. En ese contexto, aclaro, que contrario a los comentarios que circulan en redes sociales, no se trata de una violación per se, por no haberlo permitido, pero sí de una tentativa de. Esto en razón de que fui privada de mi libertad, y ejercitó contacto físico forzado y no consentido hacia mi persona, aprovechándose de sus ventajas físicas como hombre, así como uso de su posición como servidor público en una relación de supra-subordinación laboral”, detalló. Hasta el cierre de esta edición, no se había ejercido alguna sanción contra el funcionario.

La Segob y el despido

El año pasado, cuando el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, compareció ante el Congreso Local con motivo del III Informe de Labores de la administración estatal vigente, la presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables (CPDHGV), Anilú Ingram Vallines, le entregó una tarjeta informativa en la que expuso varios casos de presunto acoso sexual y laboral al interior de la Segob.

Durante su intervención, la también coordinadora del Grupo Legislativo del PRI dijo que en una entidad como Veracruz, que ocupa el segundo lugar nacional en número de feminicidios, debe ser una prioridad la erradicación de la violencia de género.

“¿Está usted enterado de denuncias de este tipo contra colaboradores suyos, y de ser así, ¿qué medidas están tomando tanto para frenar este tipo de acciones reproblables como para castigar a los responsables y, sobre todo, proteger a las víctimas?”, cuestionó.

Ingram Vallines dijo que los funcionarios públicos y representantes populares deben tener dos premisas: creerle a la víctima y romper el pacto patriarcal.

“Veracruz necesita de todos y de que cada uno de nosotros cumpla con su deber, por lo que le solicito atentamente nos mantengan informados en la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para lograr una verdadera cero tolerancia a la violencia contra las mujeres en este Gobierno”, finalizó la diputada local para posteriormente entregarle la ficha informativa.

Unos meses después, el funcionario denunciado dejó de ser Director General de Gobernación, aunque la Segob no dio a conocer los motivos de su salida.

El año pasado, también en octubre, Carlos Alberto “N”, coordinador de Profesiones, presentó su renuncia en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), luego de ser denunciado por presunto acoso laboral y sexual en contra de una empleada. El propio titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, dio a conocer el hecho para que se investigara el caso.

José Manuel Pozos del Ángel, ex Subsecretario de Planeación

Fue el 19 de octubre cuando Ayesa Yazmín González Fernández denunció públicamente a dicho funcionario, después de que había sido despedida el 30 de septiembre con el argumento de que se necesitaba un hombre en la posición que ocupaba.

“Yo lo comencé a grabar a partir del mes de junio por insinuaciones, acoso y pasadas de tono, comentarios que me hacía, por recomendación de mi familia. Las insinuaciones eran, ‘cuándo te escapas’; ‘ya me dejé la barba, a ver si te gusto’; ‘cuándo estrenamos colchón’; ‘me gustas tú’. Cuestiones así (….) como yo estudiaba en las tardes y le pedí dos meses más de prórroga para terminar, me contestó que me buscara un novio rico que me pagara la escuela y me despidió porque dijo que en mi lugar necesitaba poner un varón”, detalló.

El Secretario de Educación informó que Ayesa tenía menos de seis meses en el puesto de confianza y que por ello debería analizarse la denuncia contra Carlos Alberto “N”.

El funcionario estatal dijo desconocer si se han dado más casos en las distintas áreas de la SEV y aclaró que investigará la denuncia de Aysa para sancionar a la persona señalada y reinstalar a ésta si sus dichos son confirmados. Hasta el cierre de esta edición no había información sobre los avances de dicha indagatoria.

Servidores públicos despedidos

Para la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, es importante que en las oficinas públicas se trabaje para frenar las agresiones en general y en particular la violencia y la discriminación contra las mujeres.

Reveló que en los primeros tres años del actual gobierno del estado, cinco servidores públicos fueron despedidos por acoso; que en 2022, la CGE dio seguimiento a 80 denuncias interpuestas por mujeres servidoras públicas y que ningún secretario del gabinete había sido investigado por acciones de esta naturaleza.

También informó que las dependencias con más denuncias por acoso sexual fueron Seguridad Pública, Educación y Salud; y que su oficina ha sancionado, inhabilitado e incluso solicitado la remoción de varios funcionarios por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos de violencia de género. Sin embargo, la funcionaria no aportó nombres aduciendo “cuestiones obvias”.

En cuanto a la capacitación de los funcionarios, la contralora dijo que los ciudadanos exigen a los servidores públicos no solo la correcta aplicación de los recursos, sino también responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

Sin embargo, en su más reciente comparecencia ante el Congreso Local, la diputada Anilú Ingram increpó a la Contralora después de denunciar un caso de violencia de género contra una trabajadora de la CGE que incluso había sido ventilado en los medios de comunicación, y le pidió que revisara su desempeño y el de sus subalternos en un asunto tan sensible.

A lo largo de los cuatro años pasados, la capacitación de los servidores públicos para prevenir el hostigamiento sexual y laboral dentro de la estructura gubernamental se ha limitado a unos cuantos cursos para subordinados y no se ha incluido a los mandos medios y superiores.

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez, tampoco se ha pronunciado sobre este problema. En ninguno de los cuatro apartados de su informe de labores, recientemente entregado al Congreso Local, se habla de la violencia de género que enfrentan las trabajadoras veracruzanas.

Y la FGE, pese a que cuenta con una rimbombante “Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas”, tampoco ha emitido información sobre alguna de las denuncias de violencia de género al interior de la estructura gubernamental.

Según datos de la propia CGE, de los casi 200 casos de acoso y hostigamiento sexual registrados en 2022, solo una veintena han sido resueltos, porque los procesos demoran “de cuatro hasta tres años” y muchos son cerrados porque las víctimas desisten a causa de la lentitud y los embrollos burocráticos que caracterizan a la procuración de justicia en México.