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Documentos oficiales desclasificados pertenecientes al gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) revelan cómo, hace seis décadas, sus jefes de Estado idearon el bloqueo económico contra Cuba con el supuesto de que sin dinero, bienes básicos y salarios, el pueblo cubano llegaría a la desesperación. Este afán genocida, plasmado hoy en tinta y papel, aún tiene adeptos pese al clamor global por su fin inmediato.
El bloqueo económico pasó de ser una pena “comercial” a un purgatorio multidimensional que pesa en la vida de millones de cubanos, cuyo alcance real se oculta a los ciudadanos estadounidenses. Desde Dwigth D. Eisenhower a Donald Trump, esta política ha formado parte de la estrategia de EE. UU. para cambiar el régimen en Cuba, que también ha incluido impunes sabotajes y ataques paramilitares.
Sin embargo, John Fitzgerald Kennedy no previó que fracasaría el objetivo político que había detrás de su Orden Ejecutiva 3447; ni que sus 11 sucesores –demócratas y republicanos– competirían en saña para mantener el bloqueo. Pese a más de 60 años de acción punitiva durante los que se diversificó este cerco, en Cuba prosigue un gobierno revolucionario.
El bloqueo no es simbólico, sino omnipresente. Los mensajes: Acceso Negado, Imposible procesar esta orden o No disponible en el país o región en que usted está, revelan que los cubanos no acceden a transacciones en PayPal o Amazon, ni a Rekordbox, la aplicación que combina la magnífica música cubana con otros ritmos.
Asimilado como mal degenerativo en la vida de 11.3 millones de cubanos, el bloqueo persiste. Formalizado en 1962 para someter a La Isla contra su gobierno, persiste en su vertiente genocida; ahora mismo, en 2022, impide a médicos cubanos disponer de medicinas e insumos para combatir al SARS-COV2, al cáncer, diabetes y otras enfermedades.
En su campaña por la Casa Blanca, Joseph Robinette Biden ofreció cambiar esa política beligerante “a favor de las personas”; pero el tiempo transcurre y no ha emprendido ninguna acción. Por el contrario, “el demócrata” apunta hacia una política más dura, pues no muestra ninguna prisa por reiniciar las conversaciones con La Isla.
Biden ha dado señales de que su administración será más dura: asignó recursos para fomentar la subversión interna en Cuba. Tras las inéditas protestas de julio de 2021, fomentó el acercamiento con cubano-estadounidenses hostiles a La Habana y anunció: “Habrá más sanciones, salvo que haya un cambio drástico en Cuba, cosa que no anticipo”.
“Incrementaremos el apoyo directo a los cubanos —en otro cónclave advirtió—, con todas las opciones disponibles para facilitar que burlen a la censura y accedan a la red”. El resultado es obvio: más campañas agresivas de la disidencia violenta por Internet.
Reseña de oprobio
El marco “legal” del bloqueo evidencia el desdén a la vida humana de la élite político-empresarial del autoproclamado país de la democracia. Cada página de los miles de archivos desclasificados durante 60 años de bloqueo revela que a los presidentes de EE. UU. no les inquietó castigar hasta lo insoportable a los cubanos que viven a solo 144.8 kilómetros, al otro lado del Estrecho de Florida.
La evolución del bloqueo formó una red de leyes que el propio Fidel Castro calificó como “maraña de hilos convertida en pelota”, recuerda el profesor de la American University, William M. LeoGrande. Para Peter Kornbluth, que dirige el Proyecto Documental del Archivo Cuba, esa política simboliza la añeja hostilidad estadounidense hacia La Habana.
Técnicamente, esta penalización es un embargo, pues La Habana realiza negocios con otros países, sostiene el periodista Daniel Funke. Sin embargo, solo un bloqueo tiene el alcance multidimensional de castigo generalizado y, según el Ejecutivo en turno, el rigor se ha suavizado o tensado, pero el uso de poder contra Cuba se mantiene.
El material desclasificado por el Archivo Nacional de Seguridad (ANS) de la Universidad George Washington, revela cómo, desde 1962, cada presidente de EE. UU. sopesó la forma de que el bloqueo dañara más. Aquí ese historial:
1960. Los pioneros del macabro plan fueron los halcones de Eisenhower quien, tras deliberaciones secretas, aceptó los consejos del subsecretario de Estado, Douglas Dillon y del Secretario de Comercio, Frederick Mueller, para ampliar sanciones contra Cuba. El memorándum de esa conversación cita que a Eisenhower le “preocupaba” que esas medidas contrariaran a algunos sectores de su país, al gobierno de México y que fracturasen a la Organización de Estados Americanos (OEA).
En lo que llamó un “buen pensamiento”, Dillon afirma que el presidente suprimió las importaciones de azúcar de Cuba, si bien exentó medicinas y comestibles “para suavizar la reacción pública”. Así se lee en el memorándum secreto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) titulado Conferencia con el Presidente Eisenhower (13 de octubre de 1960) (Anexo 1).
Fuentes de excelencia
El Archivo Nacional de Seguridad (ANS), órgano de la Universidad George Washington, publicó documentos de política exterior del gobierno estadounidense a través de solicitudes de desclasificación con base en la invocación del Acta de Libertad de Información (FOIA).
Estas fuentes documentales son accesibles para estadounidenses y ciudadanos de todo el mundo, gracias al esfuerzo de legisladores e investigadores, entre quienes destaca el representante por California, John E. Moss, quien por más de 11 años promovió esa iniciativa hasta que en 1966 la firmó Lyndon Baines Johnson, quien se opuso a anunciarla públicamente. De ahí provienen los documentos que conforman la estructura del extraterritorial e ilegal bloqueo a Cuba.
En represalia a la nacionalización de firmas petroleras británicas y de EE. UU. por rehusarse a procesar petróleo soviético, Eisenhower prohibió todas las exportaciones hacia Cuba, con excepción de alimentos y medicinas. Así emprendió su estrategia para derrocar al gobierno cubano, que incluía apoyo a la oposición interna y preparativos para una invasión desde el exilio.
El asistente del Secretario de Estado, Lestor D. Mallory, dirigió un memorándum secreto (6. IV. 1960) titulado Declive y Caída de Castro, en el que argumenta cómo aplicar sanciones comerciales contra Cuba. El destinatario era el subsecretario para Asuntos Interamericanos, Roy Rubottom (Anexo 2).
1962. Tras la fallida invasión a Bahía de Cochinos, el presidente más idealizado por la propaganda estadounidense, John F. Kennedy (JFK), usó la Ley de Asistencia Extranjera para extender el bloqueo a todo el comercio con Cuba. El tres de febrero, JFK firmó la Orden Ejecutiva 3447, cuyo claro objetivo era “Traer hambre, desesperación y derrocar al gobierno de Castro” (Anexo 3).
1963. Kennedy amplió esa medida mediante la Ley de Comercio con el Enemigo para impedir a Cuba toda transacción financiera, salvo las licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro.
Testimonios posteriores refieren que horas antes de que el bloqueo se concretara, Kennedy ordenó a sus funcionarios de confianza localizar y comprar unos 100 puros cubanos para disfrutarlos en el futuro.
1964. Lyndon B. Johnson eludió los escándalos que rodeaban su gestión cuando prohibió la venta de alimentos y medicamentos a Cuba. Su política de “negación económica” internacionalizó el bloqueo al presionar a miembros de la OEA para unirse a tal medida y cortar con Cuba. Los europeos no apoyaron del todo el cerco, pero cooperaron restringiendo su comercio.
Johnson prohibió vender alimentos a Cuba y se opuso a exentar los viajes a La Isla, que defendía el fiscal general, Robert F. Kennedy. Detrás de esas medidas estaba la propuesta del Secretario de Estado, Henry Kissinger, para usar el bloqueo como “anzuelo” y negociar una potencial normalización de relaciones. Gordon Chase escribió: “La decisión del presidente luce cada vez mejor”. (Anexo Chase 4)
1974-1976. Ante la creciente resistencia en la OEA, se votó para “terminar las sanciones obligatorias” y restaurar relaciones normales con La Habana. En reacción, Gerald Ford liberó parte del cerco: levantó el veto a barcos mercantes de repostar en puertos cubanos y permitió que operaran en la isla firmas de terceros países. Detrás estuvo el esfuerzo del Secretario de Estado Henry Kissinger para normalizar la relación.
1977. Confiado en normalizar relaciones con Cuba, James Carter se enfrentó al Congreso. Levantó la prohibición de viajar a La Isla, autorizó enviar remesas a los cubano-americanos y consideró suavizar el comercio de bienes y medicinas; no lo hizo porque la reanudación de la venta de azúcar animaría la economía de La Isla.
Su objetivo era tomar ventaja en las negociaciones con el gobierno de Castro y comprometerlo en beneficio de Washington. Cuando Cuba solicitó comprar medicinas, solo disponibles en EE. UU., el Asesor Nacional de Seguridad, Zbigniew Brzezinski, convenció a Carter de negarse a cambio de negociar el apoyo cubano a Angola y Etiopía.
1982. En contraste, Ronald Reagan endureció las sanciones a Cuba “por su apoyo a los movimientos revolucionarios en Centro América”. Renovó el veto de viajes a estadounidenses, prohibió que organismos internacionales operaran ahí, vetó a terceros países a importar bienes con níquel de la isla y la incluyó en la lista de Estados Responsables de Terrorismo Internacional.
1989-1991. Al negociar el final de la Guerra Fría, George H. Bush presionó al líder soviético, Mijail Gorbachov, para cortar los tres mil mdd anuales que otorgaba a Cuba, a condición de que lo ayudara. Gorbachov se rehusó, pero al colapsar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Boris Yeltsin aceptó y así condenó a Cuba a una década de depresión, el llamado “periodo especial”.
1992. Cuando la economía cubana se tambaleaba, el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley de la Democracia Cubana, que reforzó el bloqueo, esperando al fin un cambio de régimen. Como candidato, William Clinton respaldó esa ley que recortó 700 mdd al comercio de bienes –la mayoría en medicinas y alimentos– y autorizó al presidente a “cortar ayuda” a todo país que auxiliara a Cuba.
Para evitar críticas internas, Clinton integró en la ley, bajo estricta vigilancia, donaciones de comida, pequeña venta de servicios de telecomunicaciones y medicinas. Como ahí se definió que el embargo solo se liberaría cuando Cuba fuera una democracia, autorizó al gobierno estadounidense a apoyar a la disidencia cubana.
1994. Durante la crisis que causó la salida de miles de cubanos a EE. UU., el gobierno de Clinton cortó las remesas y detuvo los viajes aéreos binacionales. Así pacificó a los cubano-americanos furibundos por su política de internar a migrantes cubanos, rescatados en el mar por la base naval de Guantánamo.
1996. Clinton firmó la Ley Libertad Cubana y Solidaridad Democrática que legalizó el bloqueo en ley y especificó que solo se levantaría cuando Cuba fuera un país multipartidista, de libre mercado y que compensara a estadounidenses y cubano-estadounidenses por las propiedades nacionalizadas cuando triunfó la revolución.
El Título III de esa ley permitía a quien hubiera perdido propiedades en La Isla denunciar ante una corte estadounidense; así abrió el riesgo de litigios para inversionistas extranjeros. Además, el presidente decidió la activación de ese título según su consideración. En 2019, Trump lo activó.
1998-1999. En el marco de la visita de Juan Pablo II a Cuba, Clinton restauró las remesas y el servicio de aviones charter para que residentes en EE. UU. –católicos, en particular– viajaran hacia Cuba en esa ocasión.
Un año después se inauguró el viaje “pueblo a pueblo”, que permitía una variedad de propósitos culturales y educativos. Al final de la gestión de Clinton, ese sector envió unos 800 mdd en remesas anuales y unos 250 mil residentes en EE. UU. fueron a La Isla.
2000-2002. Ley que Reforma las Sanciones Comerciales y de Mejora a las Exportaciones, cabildeada por americanos para el Comercio Humanitario con Cuba (alianza de unas 600 organizaciones de empresarios, 140 grupos religiosos y de derechos humanos reunidos por la Cámara de Comercio); se eliminó el embargo a ventas agrícolas.
Para calmar a la oposición cubano-americana, los líderes del Congreso prohibieron a cualquier sector gubernamental o privado financiar esas compras; también vetaron el turismo a Cuba (fuera de 12 categorías legales).
2003-2004. George Walker Bush fue muy receptivo a la demanda de los cubano-americanos de Florida, clave en su victoria electoral, de endurecer el bloqueo. Formó la Comisión de Asistencia para una Cuba Libre, que planeó cómo lograr “el fin expedito de la dictadura de Castro”.
Bush abolió los viajes de persona a persona, restringió intercambios entre universidades de EE. UU. y Cuba, redujo significativamente las remesas, recortó la asistencia humanitaria (de 10 mdd anuales a cuatro mdd) y las remesas de 1.25 mil mdd a mil mdd al año.
2009-2011. En su campaña por la presidencia, Barack Obama declaró que la hostilidad hacia Cuba era una política errónea y prometió algo diferente. Al asumir el poder, liberó viajes de estadounidenses, intercambios académicos y remesas, pero fracasó en la legalización de todos los viajes.
2014-2016. El 17 de diciembre de 2014, Obama y Raúl Castro anunciaron su intención de restaurar lazos diplomáticos. En los dos años siguientes, Obama restauró el servicio normal de correo y enlaces aéreos hacia La Isla, facilitó el comercio, contratos en servicios de telecomunicaciones, otras transacciones y visitas de cruceros.
2016. Donald J. Trump restauró y fortaleció el bloqueo con 240 medidas contra La Isla. El senador Marco Rubio, arquitecto del endurecimiento, declaró que el bloqueo está codificado en la ley; sostuvo que terminar el bloqueo sería fortalecer al Partido Comunista de Cuba. Y sentenció: “El régimen debe terminar”.
A pesar de la visceral idea de reapropiarse de La Isla, 20 años después de la orden ejecutiva de Kennedy, un estudio secreto de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) concluyó que los costos políticos del bloqueo superaron los beneficios. “No han logrado ninguno de los objetivos”, describió el estudio, titulado US/OAS Sanciones contra Cuba de 1962 al presente. (Anexo 5).
El aniversario 60 de la oficialización del cerco representa un crudo recuerdo del fracaso de las políticas de sanción, la más larga en la historia de la política exterior de EE. UU. El gobierno Biden mantiene ese símbolo de hostilidad y le puede costar caro seguir así.
Principio del fin
El bloqueo está ahí porque EE. UU. lo permite, sentencia el economista cubano Ricardo Torres Pérez. Ningún gobierno estadounidense ha sido ajeno al daño causado por sus acciones, de ahí que Biden esté obligado a reconocer las múltiples formas en que sus políticas contribuyen a empeorar la situación humanitaria de La Isla.
En 13 meses de gestión debe ver el 60 aniversario del sitio como un punto de inflexión para cumplir su promesa de campaña. Desde un análisis macroeconómico, la prohibición de hacer transacciones con EE. UU. y el mundo asfixia a esa pequeña isla, que depende del comercio para sobrevivir.
A lo largo de 60 años, esa política no solo obstaculizó la economía cubana, sino que hizo cada vez más difícil la vida de las familias cubanas, resume el politólogo de la American University, William M. LeoGrande,
Urge desmantelar las medidas restrictivas de Trump que dificultan los reencuentros familiares y remover a Cuba de la lista de Estados patrocinadores de terrorismo, apunta Peter Kornbluh, director del Proyecto Cuba del ASN.
El bloqueo le ha costado a Cuba cerca de 150 mil mdd; cifra similar a lo que estima la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En la pandemia de Covid-19, el bloqueo hizo estragos en Cuba, pero el gobierno logró administrar sus escasos recursos y desarrolló sus propias vacunas.
Por ello es momento de avanzar en reformas a las reglas que impiden el acceso del pueblo cubano a alimentos, medicinas y otras formas de asistencia humanitaria. Urge remover toda restricción a las remesas y reactivar los servicios de la embajada estadounidense en Cuba para asegurar el diálogo entre ambos pueblos.
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Escrito por Nydia Egremy
Internacionalista mexicana y periodista especializada en investigaciones sobre seguridad nacional, inteligencia y conflictos armados.