El próximo 2021 será el tercer año de incumplimientos pronosticados por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en torno a crear 35 universidades públicas nuevas, rescatar a las 11 estatales que enfrentan graves crisis financieras e impulsar más a las instituciones de educación superior nacionales.

Pero en el mejor de los casos y lejos de cumplir con estos compromisos, el Presupuesto de Egresos de la Federación del año que entra (PEF2021) no prevé ningún incremento real en el gasto destinado a las instituciones de educación superior y se limita a ajustar el de 2020 con el alza de la inflación prevista (3.4 por ciento).

Mientras tanto, 11 de las 35 universidades públicas que están en situación económica más crítica –entre ellas las de Morelos, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Querétaro, algunas de las cuales tienen déficits financieros acumulados que datan de hace 20 años– corren el riesgo de abandono para el último tramo de este año.

Esta presunción nació por la advertencia que, en mayo pasado, hizo Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuando previno que en 2020 no habría recursos extraordinarios para ayudar financieramente a las universidades estatales en situación crítica.

La advertencia de Concheiro contrasta no solo con el discurso de AMLO, sino también con la reforma educativa impulsada en 2019 por la mayoría parlamentaria del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso de la Unión, en la que se consolidaron la obligatoriedad y la gratuidad de la educación pública del nivel preescolar al superior.

En el presupuesto 2021, que deberá ser aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre, se mantenía el proyecto de “aumentar” en 3.4 por ciento el gasto de la educación superior; pero en realidad se trata de un ajuste equivalente al incremento de la inflación de este año. Es decir, técnicamente, el gasto para la educación superior será el mismo de 2020.

Además, el citado proyecto presupuestal que se discute en la Cámara de Diputados solo atañe a las instituciones educativas de nivel superior de la Ciudad de México (CDMX), ya que el de las universidades estatales estará sujeto a las negociaciones existentes entre los congresos locales y la Federación, lo que las pone en una situación de riesgo a más recortes.

El ajuste al “alza” del 3.4 por ciento en el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lo elevaría de sus actuales 41 mil 317.7 millones de pesos (mdp) a 42 mil 737.5 mdp en 2021; el Instituto Politécnico Nacional (IPN) pasaría de 17 mil 635 mdp a 18 mil 241.9 mdp; y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de siete mil 571 mdp a siete mil 830.3 mdp.

Gobierno Federal no cumple

Consultado por buzos, el secretario general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), Enrique Levet Gorozpe, afirmó que esta representación sindical ha insistido en destacar, ante las autoridades y legisladores federales y locales, que la situación financiera de las universidades públicas estatales es muy crítica y que la de las 11 con problemas mayores resulta francamente dramática.

Sobre la iniciativa de Ley General de Educación Superior (LGES), que se discute de manera paralela al presupuesto 2021, Levet explicó que en el proyecto se establecen las bases para que haya un presupuesto adecuado para las universidades, pero aclaró que el problema se halla en que el Gobierno Federal “realmente cumpla” con invertir el ocho por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, como indica la LGES.

Ese porcentaje es la inversión mínima indispensable para el desarrollo educativo que recomiendan la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cutltura (UNESCO) y otras instituciones internacionales; pero México apenas destina entre el tres y el cinco por ciento de su PIB, mientras que Cuba invierte el 13 por ciento, dos puntos más que el promedio del 11 por ciento que se aplica en Europa.

En 2019, la mayoría parlamentaria de Morena promovió una reforma educativa para garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación pública de preescolar a universidad; pero el presupuesto para educación que aprobó para 2020 representó el 3.1 por ciento del PIB, con un incremento de solo 0.5 por ciento respecto al de 2018, según el análisis Implicaciones del Paquete Económico 2020, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP), difundido el 11 de septiembre de ese año.

Este análisis, en el que precisa la escasa asignación de recursos destinados a la educación superior, ha derivado en una crisis financiera en las universidades públicas estatales durante los últimos 20 años, y que pese al incremento de sus matrículas escolares, cada año genera un promedio de 200 mil jóvenes que se quedan sin estudios universitarios.

Luis Ángel López, integrante de la coordinación del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAEES), explicó a buzos: “en el presupuesto se reflejan las prioridades de los gobiernos; y vemos que para 2021 sería el mismo que para 2020 y parece que esto fuera una concesión, así lo hacen ver.

“La consecuencia de esto es que la cobertura es prácticamente la misma que nos dejó el anterior gobierno. En los últimos 12 años, la matrícula ha crecido entre tres y cinco por ciento solamente, mientras la demanda es creciente. En este 2020 va a entrar la misma cantidad de aspirantes que hace 10 años”.

El activista del MAEES y estudiante universitario recordó, además, que en su campaña, el presidente previó suspender la aplicación del examen de admisión para que todos los aspirantes pudieran ingresar a las universidades.

“Parece atole con el dedo, porque por un lado declaran y mencionan que la educación es para todos, pero el examen lo mantienen igual y es el mecanismo que impide eso. Las universidades difunden que no pueden abrir más espacios y los gobiernos que no hay recursos como para quitar el examen. Es lo mismo que en anteriores gobiernos”, expresó.

Abandono de universidades

En una reunión virtual realizada el 14 de mayo con representantes de las instituciones públicas de educación superior, el subsecretario de la SEP Luciano Concheiro advirtió que, a diferencia de 2019, en 2020 no habría recursos extraordinarios para el rescate de las universidades estatales en crisis.

El secretario general de la Contu, Enrique Levet Gorozpe, indicó que se solicitará a los congresos locales la reactivación del “fondo U081” por medio del cual se financiaba a universidades en problemas para que cerraran bien el año, además se capitalizará su sistema de pensiones.

El dirigente sindical convocó a las representaciones de trabajadores de instituciones educativas en situación crítica a guardar la calma mientras se encuentran alternativas para solucionar su difícil problemática.

En la XX Asamblea General Ordinaria de la Contu, realizada el tres de septiembre en Xalapa, los líderes sindicales denunciaron nuevamente la vulnerabilidad financiera de las universidades estatales, un tercio de las cuales ha sobrevivido con déficits desde hace dos décadas y sin el apoyo suficiente de las autoridades locales y federales. Estas instituciones podrán no terminar bien sus cursos este año por la falta de recursos.

Enrique Levet anticipó que el Contu emitirá los planteamientos recogidos en dicha asamblea general a los legisladores y a los funcionarios públicos de la educación para privilegiar el diálogo antes que las movilizaciones, que serán el último recurso en su justa demanda de atención a la educación pública de nivel superior.

En una sesión de parlamento abierto (con la participación de legisladores federales) realizada el 10 de septiembre, los rectores de las universidades públicas insistieron en que el gran pendiente para garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior es el financiamiento; también demandaron respeto a la autonomía de sus instituciones universitarias, ante la eventual aprobación de la iniciativa de reformas a la LGES.

Legisladores destacaron que el tema de la nueva ley se incluyó en un parlamento abierto para considerar la participación de las autoridades educativas. Los rectores aseguraron que las medidas de transparencia sobre el uso de recursos públicos previstas en dicha legislación son adecuadas, pero siempre y cuando se salvaguarden los principios de la autonomía de las instituciones superiores. De esta forma, la aceptación de los rectores a la nueva legislación impulsada por la mayoría morenista y el presupuesto 2021 se vinculan en las conversaciones.

La doctora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), demandó el 31 de agosto que se concretara el Plan Nacional de Apoyo para las Universidades Públicas Estatales (UPEs) para que haya medidas concretas y plazos establecidos y avanzar en la recuperación económica de las instituciones.

García Gasca destacó que en los últimos cinco años ha habido una tendencia a la baja en los presupuestos anuales, y que éstos solo fueron ajustados al alza con el 3.7 por ciento de promedio de la inflación, por lo que en la práctica no hubo incrementos reales.

Más del 30 por ciento de las universidades de los estados –esbozó– luchan cada año por obtener un presupuesto suficiente, lo que les impide lanzar proyectos de largo alcance. En el caso de la UAQ, García Gasca explicó que tiene un presupuesto de mil 463 mdp provenientes de la Federación y 752 mdp de recursos estatales, lo cual no alcanzará para cubrir la nómina en los próximos meses de 2020.

La autonomía en riesgo

Los rectores se mantienen al tanto de la autonomía universitaria debido a los evidentes intentos de autoridades federales y algunas locales por revisar la operatividad de las cuentas administrativas y financieras en universidades autónomas, sobre todo a partir de 2019.

A decir de varios titulares de universidades, esos esquemas de revisión y rendición de cuentas de recursos públicos existen tanto por medios directos como indirectos por conducto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), por lo que esta agrupación ha convocado al Congreso de la Unión a que preserve la autonomía de las instituciones educativas en la aprobación de la LGES.

En el Parlamento Abierto del 14 de septiembre, cuando se discutió la citada legislación, Jaime Valls Esponda, secretario general de la ANUIES, demandó la preservación de la autonomía universitaria y que el Estado cumpla con su encomienda de hacer cumplir la gratuidad y obligatoriedad educativa dispuestas en la Constitución mediante un decidido apoyo financiero a las instituciones de educación superior.

La disparidad entre los recursos que reciben las universidades estatales y las instituciones de educación superior de la CDMX fue denunciada por el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez, en el artículo Las universidades estatales en el presupuesto 2021, divulgado el 20 de septiembre en un diario capitalino, donde destaca que la pandemia dejó al descubierto un “centralismo extremo” a favor de algunas instituciones y en detrimento de otras.

Bautista destaca también una “tendencia histórica” gubernamental a invertir cada vez menos en educación, con lo que ha afectado, de manera más crítica, a las universidades de las entidades federativas, varias de las cuales enfrentan mayores desventajas económicas. En este caso están las universidades de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Chiapas y Michoacán.

El rector de la UABJO sostiene que en el proyecto de presupuesto de 2021 se proponen incrementos mínimos para las instituciones del centro (del 3.4 por ciento de ajuste por la inflación esperada para instituciones como UNAM, IPN y UAM); en tanto que para las universidades estatales, el incremento podría ser menor a la inflación prevista.

Advirtió también el riesgo de la posible desaparición de los programas extraordinarios que incentivan los procesos de evaluación para la calidad educativa. Los fondos extraordinarios, indicó el rector, han operado desde los años 90, con el propósito de eliminar las brechas de financiamiento entre las instituciones y ayudar a subsanar los costos no considerados en los presupuestos ordinarios en materia de infraestructura y procesos académicos.

El 11 de septiembre, Bautista acudió al Congreso de Oaxaca para reunirse con legisladores locales y federales, donde insistió en que las universidades estatales requieren un importante apoyo para mantener su labor educativa y reveló que en la UABJO existe un rezago presupuestal del 42 por ciento.

De acuerdo con sus explicaciones, en el proyecto de gasto educativo inicial, en el PEF-2021 ya no aparecieron 13 programas extraordinarios para las evaluaciones y acreditaciones de programas de estudio, entre ellos el Programa Presupuestario de Expansión de la Educación Media Superior y Superior, Fondos de Aportaciones Múltiples y Estímulos de Carrera Docente.

Las universidades-fantasma

El proyecto educativo en torno a las 100 Universidades del Bienestar Benito Juárez (UBBJG), profusamente prometido en la campaña del actual Presidente de México, ha presentado notorias inconsistencias desde julio de 2019, cuando se anunció su activación, de acuerdo con análisis elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Coneval ha hecho diversas recomendaciones a la UBBJG, representada por Raquel Sosa Elízaga, entre las que sobresalen la falta de información relacionada con la ubicación física de las universidades; su infraestructura y equipo; quiénes integran sus planteles docentes; laboratorios, computadoras, etcétera.

En su reporte número 20, del tres de agosto de 2020, el Coneval advierte que a esta fecha ni siquiera se conocía oficialmente la ubicación de los planteles que presuntamente estaban en funcionamiento y tampoco se sabía quiénes son los beneficiarios –los alumnos– de las UBBJG:

“Además de la información sobre las sedes educativas, es necesario que el programa publique su padrón de beneficiarios y que contenga información desagregada (por ejemplo, si son alumnos registrados en la plataforma PEUANI, alumnos que están inscritos, alumnos egresados, plantel al que asisten, etc.). Se propone que la publicación sea periódica y que se realicen cortes en cada ciclo escolar, siempre tomando en cuenta la protección de datos personales”.

El Coneval reporta que tampoco existen informes sobre la permanencia y eficiencia terminal de los estudiantes: “se sugiere analizar la posibilidad de considerar un objetivo de mayor alcance para la intervención, que dé cuenta de la eficiencia del programa, más allá del ingreso a las universidades de la población beneficiaria, como puede ser la permanencia y la eficiencia terminal de las y los alumnos que se inscriben en las UBBJG”.

En el PEF-2021, presentado el nueve de septiembre por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, se destinan 987.4 mdp a las UBBJG.