Este plan contempla un fondo de dos mil 223 millones de pesos para remediación ambiental, sin embargo, los afectados contemplan 20 mil millones.
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Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) exigen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que cumplan con el compromiso de instalar 30 plantas potabilizadoras, una por cada comunidad afectada por el derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto de 2014.
Los integrantes de los comités denunciaron que el Río Sonora presenta niveles altos de contaminación por metales pesados, esto a pesar de que ya transcurrieron 11 años del derrame tóxico provocado por Buenavista del Cobre, una filial de Grupo México, una de las mayores empresas mineras del país.
Los pobladores manifestaron que el siniestro los dejó sin acceso al agua potable y acusaron al Gobierno Federal de replicar la "cobardía" y "falta de voluntad" de sus antecesores por brindar una solución definitiva ante el problema de contaminación del río.
Además, reclaman la construcción de un hospital de tercer nivel en Ures, luego de que en 2021 se entregaron dictámenes oficiales que confirman la presencia de metales tóxicos en la población.
Finalmente, señalaron que el Estado permite la impunidad de Grupo México y antepone los intereses corporativos al bienestar de las comunidades.
Este plan contempla un fondo de dos mil 223 millones de pesos para remediación ambiental, sin embargo, los afectados contemplan 20 mil millones.
Para la construcción del Tren Maya no se hicieron los estudios suficientes que permitieran conocer las afectaciones que traería.
La promesa de impulsar una industria de autos eléctricos con litio “Hecho en México” no se ha materializado y el país pierde terreno frente a potencias como China.
El Gobierno de México, Grupo México y el Gobierno de Sonora sellan un acuerdo histórico que pone fin a casi dos décadas de conflicto laboral y activa un plan integral de justicia social y ambiental en Cananea y el Río Sonora.
Las autoridades sanitarias evaluaron la calidad del agua de mar de 289 playas de uso recreativo.
Entre los compromisos pactados por las autoridades federales y sonorenses se encuentra una bolsa de 483 millones de pesos para cubrir salarios caídos y prestaciones.
Nueve relatorías de la ONU y organizaciones civiles piden al gobierno de México frenar proyectos de GFL en Sonora y Sinaloa por riesgos ambientales y sociales.
El 0.1 por ciento más rico del país contamina casi lo mismo que el 40 por ciento más pobre.
Metales pesados, hidrocarburos y sustancias químicas clasificadas como cancerígenas, son sólo algunos de los contaminantes identificados.
Suman 50 funcionarios y políticos mexicanos a los que se les ha revocado la visa durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La alta contaminación obligó a Conagua a duplicar los procesos químicos.
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En el operativo se aseguraron actas de nacimiento, juguetes, celulares y dinero como evidencia del delito.
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Además del CO₂, el metano subió 16 por ciento y el óxido nitroso 25 por ciento en comparación con los niveles preindustriales.
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Escrito por Carolina Ruvalcaba
Periodista con casi 20 años de experiencia en el medio.