La astucia política para “darle la vuelta” a la ley electoral y obtener ventajas se ha convertido en una norma no escrita.
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Las movilizaciones contra el gobierno de la presidenta designada Dina Boluarte y en demanda del cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente continuaron en varias regiones de Perú, informó la Defensoría del Pueblo.
La entidad humanitaria notificó 50 bloqueos de vías nacionales, además de movilizaciones y paralizaciones en 18 provincias. En las protestas no se registraron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Desde el comienzo de las manifestaciones, el 7 de diciembre pasado, la represión policial y del ejército provocó la muerte de más de 60 personas.
De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud, mil 298 personas resultaron heridas hasta el pasado 14 de febrero. La Policía Nacional reportó 580 agentes lesionados.
Diferentes distintas organizaciones sociales convocaron nuevas marchas para los días 18 y 19 de febrero en Lima, la capital del país; y para el domingo próximo en Arequipa.
Este viernes entró en vigor el decreto impuesto por el gobierno ultraconservador de la municipalidad de Lima. La norma prohíbe las marchas, concentraciones y manifestaciones públicas de carácter político.
Fuente: Telesur
La astucia política para “darle la vuelta” a la ley electoral y obtener ventajas se ha convertido en una norma no escrita.
El dirigente del PRI pidió revisar las actuaciones de Arturo Castillo, Rita Bell López y Dania Ravel.
La derecha mexicana avala y promueve el intervencionismo norteamericano, la dominación de una nación sobre otra, es decir, el neocolonialismo.
El Instituto Nacional Electoral aún no define reglas, metodología ni mecanismos para operar la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, pese a que el proceso electoral de 2027 está cada vez más cerca.
México necesita un partido del pueblo que busque cambiar la propiedad privada de los medios de producción y la injusta producción de la sociedad capitalista.
El órgano electoral rechazó registrar como partido a la organización ligada a exmorenistas por irregularidades en fiscalización y afiliaciones; sólo PAZ y Somos México podrán competir como nuevas fuerzas políticas en 2027.
Somos México y PAZ accederán a financiamiento público desde julio; el gasto total para partidos en 2026 asciende a siete mil 737 millones de pesos rumbo a las elecciones federales de 2027.
El documento de la UIF podría volver a generar debate durante la sesión. Si contiene observaciones sobre presuntas irregularidades financieras, algún registro aún podría ser rechazado.
El caso enfrenta dos controversias: determinar si Somos México violó la ley al afiliar a personas vinculadas con cultos religiosos y esclarecer si el INE protegió adecuadamente los datos personales de quienes buscan formar un nuevo partido político.
El INE deberá resolver antes del 25 de junio las solicitudes de registro; la disputa por afiliaciones definirá quiénes podrán aparecer en la boleta de 2027.
El partido no acreditó las afiliaciones con la documentación original exigida por la normativa electoral por lo que se ordenó que esos registros se contabilicen a favor de organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos.
México se prepara para la elección concurrente más grande de su historia, con 18 mil 930 cargos de elección popular en disputa y 17 gubernaturas en juego.
Se renovará la Cámara de Diputados; 17 gubernaturas y 13 mil 515 cargos municipales. También 3 mil 800 plazas de jueces federales y estatales.
El INE validó la elección judicial federal y entregó constancias a las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.
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Escrito por Redacción