La deuda pública es un mecanismo mediante el cual los gobiernos obtienen recursos presentes a cambio de comprometer ingresos futuros, incluyendo el pago de intereses. Sin embargo, su impacto varía radicalmente según la posición de cada país en el sistema económico global. Mientras las economías desarrolladas del G7 acumulan deudas históricas sin mayores consecuencias –Japón (239 por ciento del PIB en 2024), Estados Unidos (EE. UU.) (120.2 por ciento), Italia (135 por ciento), Francia (113 por ciento), Reino Unido (120 por ciento), Canadá (110 por ciento) y Alemania (62.5 por ciento)–, los países subdesarrollados enfrentan condiciones leoninas que perpetúan su estancamiento. Esta disparidad revela que la deuda no es un simple instrumento financiero, sino un medio de dominación económica.

Durante la crisis de la deuda de los años 80, el FMI impuso programas de “ajuste estructural” a México y otras economías periféricas, exigiendo recortes al gasto social, privatizaciones y disciplina fiscal. Hoy, cuando el G7 acumula más de 50 billones de dólares en deuda (equivalente al doble del PIB estadounidense), las reglas son distintas. Por ejemplo, EE. UU. amplió su techo de deuda en 2023 sin consecuencias (ésta no es la primera vez) y Japón mantiene una calificación de deuda “estable” (alto medio superior: A1, A+ y A por Moddy’s, S&P y Fitch en los últimos años) pese a su alto historial de deuda. Esta asimetría evidencia que la política de austeridad impulsada por el FMI y el Banco Mundial siempre ha sido un instrumento geopolítico: flexibilidad para los centros de poder, rigor extremo para la periferia.

El privilegio de EE. UU. para endeudarse sin mayor problema puede explicarse en que la hegemonía del dólar le permite externalizar sus dificultades de financiamiento: el 30 por ciento de su deuda está en manos extranjeras, pero la FED puede imprimir dólares para evitar el impago. Este privilegio permite que los bonos del Tesoro sean activos muy seguros, lo que los convierte en activos estratégicos para fondos de inversión como BlackRock y bancos centrales extranjeros. 

Las tasas de interés reflejan esta desigualdad estructural. Según la UNCTAD (2025), los países subdesarrollados pagaron 840 mil millones en intereses netos en 2023, con tasas entre dos y cuatro veces más altas que EE. UU. y seis y 12 veces superiores a las de Alemania. Los rendimientos medios de los bonos por región fueron de 9.8 en África, 6.8 en América Latina y 5.3 en Asia y Oceanía. En cambio, los rendimientos de los bonos a 10 años de Alemania y EE. UU., desde enero de 2020 hasta mayo de 2024, fueron en promedio de 0.8 y 2.5, respectivamente. Esta brecha condena a las economías periféricas a un círculo vicioso: mayor riesgo país, tasas de interés más altas, menos inversión productiva y estancamiento económico.

El grueso de la deuda del G7 no se destina a dinamizar sus economías –el crecimiento anual promedio desde hace 20 años es de sólo 0.65 por ciento en Japón y 2.1 por ciento en EE. UU.–, sino a subsidiar al gran capital. Por ejemplo, en EE. UU., el gran gasto militar (17 por ciento del gasto del gobierno) va a parar a las empresas armamentistas; su gran deuda le permite rescates financieros, como los de Silicon Valley Bank y Credit Suisse en 2023; y los subsidios a las corporaciones (Boeing, Intel, Ford, etc.) salen del mismo gasto de gobierno. ¿Y quién paga la cuenta? Los ciudadanos de estos países, que con sus impuestos pagan el servicio de la deuda que va a parar a los grandes capitales: EE. UU. destinó en 2024 el 12 por ciento de su gasto público a pagar el servicio de la deuda.