Sin alertas ni prevención, la comunidad de La Palma quedó bajo el agua tras dos trombas ocurridas a finales de diciembre; sin seguro para catástrofes ni apoyos claros, las familias enfrentan el desastre.

Valente despertó a José Manuel y Josefa en la madrugada. El gatito arañaba una puerta metálica roja mientras permanecía a flote en el agua. Afuera caía una tormenta que inundó calles y viviendas en La Palma, el 22 de diciembre. –Párate, que el gatito quiere salirse–gritó Josefa a su esposo.

En aquella comunidad perteneciente a Catemaco, en la costa de Los Tuxtlas, había llovido tanto desde la noche del 21 de diciembre, que la corriente dobló una puerta forjada en hierro. El agua, que alcanzó la altura de 80 centímetros, ya le llegaba a la cintura al campesino. Desesperado, relata, salió de la vivienda con su esposa Josefa y Valente a las cuatro de la mañana para buscar ayuda; se refugiaron en la casa de una hermana de José Manuel.

“A esa hora empezó el trajín de desesperación: el agua estaba adentro; la teníamos a la cintura. El refrigerador y la estufa ya andaban nadando volteados por la presión del agua. Nos quedamos sin cosas de las que teníamos”, narró José Manuel.

El matrimonio apenas se recuperaba de la impresión por aquella tormenta, cuando otra tromba cayó sobre La Palma el 25 de diciembre en plena Navidad. Las lluvias de aquellos dos días inundaron a casi toda la comunidad y el agua se entró a 233 viviendas y acabó con las pertenencias de las familias; otras dos casas fueron pérdida total.

A poco más de una veintena de días del desastre, el patio de la vivienda de José Manuel y Josefa es un escenario que se repite en el resto de los hogares sobre la calle principal de La Palma: sus habitantes arrumbaron refrigeradores, estufas y electrodomésticos descompuestos, trastes, ropa, muebles y colchones llenos de lodo. Todo quedó inservible. Las lluvias siguen en Los Tuxtlas, la corriente del río todavía suena con fuerza y a la mujer se le dificulta dormir.

“Nos la pasamos con la zozobra porque no está bien dragado el río, pensando que se nos podía volver a inundar otra vez aquí”, relató Josefa.

La inundación en La Palma ocurrió apenas dos meses y medio después de las lluvias que devastaron Poza Rica y otros municipios en la región norte de Veracruz, donde decenas de colonias quedaron en el agua. Una vez más, el Gobierno del estado actuó de manera reactiva, sin una política enfocada en la prevención de desastres naturales. En la entidad hay ríos sin dragar, obras hidráulicas inexistentes o inconclusas y comunidades que, como La Palma, viven en permanente zozobra ante cada tormenta.

Para la diputada Indira Rosales San Román, integrante de la Comisión de Protección Civil en el Congreso del Estado, Veracruz es una entidad integrada por comunidades que anualmente se arriesgan por desastres naturales, y personas damnificadas debido a los frentes fríos, tormentas tropicales y lluvias intensas en diversas regiones.

“Es algo que en Veracruz siempre ha ocurrido y desafortunadamente seguirá, porque eso tiene que ver con la naturaleza; no hay forma de que pueda preverse por el ser humano; sin embargo, lo que sí compete a las autoridades, en este caso a gobiernos municipales, estatal y Federal, es, primero, la prevención de los desastres y, en segundo término, la atención a los damnificados y la reconstrucción en el caso de viviendas afectadas y en el caso de infraestructura urbana”, reconoció.

De acuerdo con Domingo Fararoni Fernández, agente municipal de La Palma, las autoridades estatales reaccionaron a las inundaciones del 22 y 25 de diciembre de 2025 enviando retroexcavadoras, volteos y pipas. Los pobladores de La Palma y de comunidades vecinas de la costa de Catemaco y San Andrés Tuxtla se encargaron de limpiar el lodo, la basura y la palizada que la inundación dejó.

“A la gente le hace falta, sobre todo, sus colchones; todo quedó destrozado, lavadoras… todo eso en pésimas condiciones. Hay gente a la que se le brindó colchonetas mediante las autoridades. La mayoría del pueblo perdió casi todo”, reportó.

Nahle canceló seguro catastrófico con pretextos

Apenas sucedida la contingencia en Poza Rica y otros municipios del norte de Veracruz, cuando la gobernadora Rocío Nahle García confirmó, el 15 de octubre de 2025, que su administración no renovó el seguro catastrófico para atender daños por fenómenos meteorológicos y desastres naturales con el argumento de que “las aseguradoras no cubren los siniestros al cien por ciento”.

Hasta entonces, Veracruz estuvo tres meses sin un seguro catastrófico para la atención de desastres naturales, pues el contrato con Seguros BX+ canceló su cobertura a partir del 1° de junio de 2025. El gobierno de Cuitláhuac García todavía dejó activa la póliza 100-77485-02, vigente del 31 de mayo de 2024 al 30 de mayo de 2025.

Cuando el seguro estaba por vencer, Rocío Nahle expidió un decreto el siete de mayo de 2025 para crear la Aseguradora Veracruzana de Servicios Integrales (AVSI). Éste es un organismo público descentralizado dependiente de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que atendería seguros patrimoniales y desastres naturales. Aunque el decreto instruía a Finanzas que emitiera las reglas de operación en un plazo de 30 días hábiles, nunca se conocieron públicamente ni se sabe si la aseguradora tiene el presupuesto suficiente para funcionar.

Según la gobernadora, Veracruz también cuenta con un Fideicomiso de Protección Civil creado en 2019 y que, hasta junio de 2025, presentaba un saldo de 132 millones 595 mil 796 pesos. El fideicomiso fue reformado por decreto el seis de enero de 2026 para que el Gobierno del estado destinara recursos a la compra y renta de aeronaves, vehículos aéreos no tripulados y otros medios de transporte aéreo para fortalecer la respuesta a los desastres naturales.

“Existe un recurso etiquetado para atender desastres. Primero estaba el famoso seguro de desastres que decidieron no renovarlo y, al final, el Gobierno del estado está en su libertad de decidir si lo renuevan o no; sin embargo, son 175 millones de pesos (mdp) que se etiquetaron en su momento para este seguro; no los ocuparon, advirtieron que iban a crear una aseguradora veracruzana, sin embargo, ese órgano tampoco se ha activado.

Cuando compareció la secretaria de Protección Civil (Guadalupe Osorno Maldonado), al preguntarle cuál era el monto que se había ocupado para atender los desastres naturales, planteó que solamente se han ocupado 24 mdp; y, para ponerlo en contexto, cada damnificado en el norte del estado ha recibido alrededor de 50 pesos del Gobierno del estado”, aclaró Indira Rosales San Román.

Trabajó 35 años y perdió todo en una madrugada

“La corriente nos arrastró todo y lo que dejó, quedó enterrado. La verdad no tenemos nada. Aquí no hubo nada, estamos muy tristes, la comunidad entera se fue a pique por la creciente que nos llegó”, explicó Candelaria Catemaxca.

A Candelaria la levantó la lluvia aquella madrugada del 22 de diciembre. Volvió a dormirse y media hora más tarde, cuando despertó, el agua rebasaba la altura de sus rodillas. Dentro de su casa, que se encuentra más cerca del río, el nivel de la inundación fue de metro y medio. Perdió hasta la cama. Luego de la inundación, duerme en una colchoneta que instaló encima de una base de madera y la cubrió con sábanas. En el patio de su casa quedaron amontonados su colchón, un juego de sala, muebles y trastes ahora inservibles.

“Falta todo. Nos han ayudado mucho los vecinos; nos han traído víveres, medicamentos, ropa. Nos han echado mucho la mano en los alrededores y aquí estamos esperando qué más va a suceder. Estamos con temor porque nos falta dragar mucho el río”.

Candelaria recibe seis mil 200 pesos cada dos meses por una pensión de la Secretaría del Bienestar y sabe que será insuficiente para recuperar lo perdido. Durante años forjó su patrimonio en La Palma –una casa y los objetos que había dentro de ella– con las ganancias de una tienda de abarrotes, con la que se mantuvo económicamente por 35 años. “Duele mucho, porque son años que trabajamos; y a estas alturas ya no puedo trabajar”, lamentó.

Es madre de tres hijos –Alberto, Griselda y Viviana, de 41, 45 y 47 años respectivamente– pero tampoco se aferra a la esperanza de que la ayuden a recuperar sus pertenencias. Las dos mujeres sufren cáncer de tiroides. Candelaria, que cumplirá 71 años el dos de febrero, reconoce que sus hijas tienen gastos por la enfermedad que padecen. “Esta situación nos acabó más”, sentenció.

El río se llevó la casa de los Seba

De la casa de la familia Seba, sólo quedó la losa tendida al pie del río; fue una de las dos que la corriente arrastró pese a que sus paredes eran de concreto. En los extremos del terreno donde existió la casa, quedaron un montón de láminas torcidas y varios troncos de los árboles que el río tumbó.

Simón salió de esa casa cargando a su padre Margarito, de 82 años, a las cuatro de la mañana del 22 de diciembre. Salió corriendo después con su hermano Vicente cuando el agua había alcanzado una altura, calcula, de 80 centímetros. Regresó más tarde cuando la vivienda ya no estaba en su lugar.

El desastre afectó al 80 por ciento de las familias de La Palma, donde sus habitantes pasaron las fechas de Navidad y Año Nuevo cuidándose de una nueva arremetida del río y pensando en la manera de recuperar, por lo menos, sus camas y electrodomésticos básicos.

Antes de su cancelación, el seguro catastrófico para atender daños por fenómenos meteorológicos y desastres naturales permitía al gobierno estatal disponer de recursos públicos para reponer las pertenencias pérdidas a las familias damnificadas durante eventos de este tipo. En cambio, el Fideicomiso de Protección Civil no contempla tales medidas en sus reglas de operación.

“La realidad es que hoy no existe (la posibilidad de reparar el daño a los damnificados). Antes sí existía, sin embargo, al día de hoy no existe un programa específico en el caso de atención a emergencias que plantee recursos, de qué forma se apoyará a cada familia. En el norte del estado sé que hubo algunos apoyos del Gobierno Federal; sin embargo, son apoyos que no tienen una cifra exacta”, aseguró la diputada Indira Rosales San Román.

Nadie avisó a José Manuel, Josefa, Candelaria ni a Simón que esa madrugada podría llover tanto que el río se desbordara. Nadie les avisó de los riesgos que vive su localidad. Catemaco, donde se ubica la comunidad de La Palma, carece de un Atlas de Riesgo actualizado en la Cobertura de Atlas Municipales de Riesgo del Gobierno de México, pese a que el municipio cuenta con una vasta extensión rural con múltiples ríos y arroyos que se alimentan de la laguna del mismo nombre.

De acuerdo con el mapa interactivo de la Cobertura de Atlas Municipales de Riesgo, del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), únicamente 42 de los 212 municipios veracruzanos tiene estos sistemas de información geográfica que mapean y analizan los peligros naturales y tecnológicos susceptibles de afectar alguna comunidad.

Esos municipios son Agua Dulce, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Alvarado, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Atzacan, Ayahualulco, Boca del Río, Chiconquiaco, Chocamán, Chontla, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Coscomatepec, Fortín, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuacán de los Reyes, La Antigua, La Perla, Las Choapas, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Minatitlán, Nogales, Oteapan, Pánuco, Poza Rica, Río Blanco, San Andrés Tuxtla, Tezonapa, Tempoal, Tlacotalpan, Tlapacoyan, Vega de Alatorre, Veracruz, Xalapa, Xico y Zongolica; apenas representan al 20 por ciento del territorio veracruzano.

“Esto fue lo más recio de la vida”, llora Simón parado sobre la losa de la que fue su casa.