Actuar contra la delincuencia es un asunto que debe resolver el Estado; la experiencia dice que los balazos no son el camino adecuado, pero que tampoco los abrazos. Tiene razón el Presidente de la República cuando afirma que la violencia no es el camino para la erradicación de la delincuencia; la declaración de guerra y el enfrentamiento armado contra el crimen y el narcotráfico ya fracasaron una vez y el saldo fue completamente deplorable: más de 100 mil muertes y los grupos criminales continúan a la fecha minando la base de la sociedad. Se demostró que el Estado, apoyado en la fuerza pública, no sería capaz de vencer un azote de causas tan profundas, un problema complejo que no puede resolverse con una simple campaña militar.

En el otro extremo, la política de los abrazos, es decir, del convencimiento, apelando a la conciencia de los criminales, llamándolos a decir “fuchi” a sus delitos es lo mismo que invitar a un empresario muy próspero a que renuncie a sus ganancias y se dedique a trabajar como asalariado. Los resultados de esta política de abrazos, desde que fuera promovida por el Presidente, se están viendo: la violencia criminal no se detiene, el número de actos delictivos crece cada día, las cifras de víctimas y de muertes son mayores y los delincuentes gozan de impunidad.

Los balazos no tuvieron éxito y los abrazos están mostrando un efecto sumamente contrario al que proclamaba su promotor. Diversos analistas han levantado la voz contra esta segunda política en uno de sus aspectos esenciales: la indiferencia ante un fenómeno tan destructivo como la violencia que afecta a todas las capas sociales. En medio de esta situación, se levanta la voz de un jerarca de la Iglesia Católica, religión que profesa la mayoría de la población mexicana. Entrevistado por buzos, el obispo Salvador Rangel Mendoza narra lo que padecen los fieles del estado de Guerrero, denuncia el avance acelerado del crimen y la complicidad entre políticos y delincuentes ante la pasividad de los gobiernos local y Federal y hace un llamado para que las autoridades cumplan con el deber de brindar protección a la sociedad.

Éste es el valiente y enérgico llamado de un obispo que, antes de abandonar su diócesis, se dirige una vez más a las autoridades del país y del estado de Guerrero para denunciar la violencia que impera en la región y señalar la falta de protección al pueblo.

Esta situación social no es exclusiva de aquella entidad, es común para varios estados y amplias regiones del país en las que impera la violencia y la población se encuentra inerme ante el dominio cada vez mayor de la delincuencia y la falta de protección por parte de las autoridades; en Guerrero, la violencia extrema se ha agudizado y parece desbordarse a partir de las elecciones del seis de junio de este año.

Las más altas autoridades del país deben escuchar este grito de alarma y tomar en sus manos la terrible situación, actuando de inmediato antes de que sea demasiado tarde y en este país no exista ningún rincón en donde reinen la paz y la convivencia civilizada.