La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez adelantó que presentará una iniciativa a fin de que las casas encuestadoras estén sujetas al escrutinio de la seriedad con la que aplican el método de investigación y transparenten el ingreso de sus recursos y nombres de los clientes que solicitan el trabajo de opinión.
En su programa digital de los fines de semana, el priista expuso que es preocupante que estas empresas realicen encuestas, las publiquen en diarios importantes y a partir de su difusión incidan para que la gente no vaya a votar, porque dicen que es muy amplia la distancia entre los candidatos.
Por esta razón, puntualizó, las casas encuestadoras además de registrar la metodología del estudio, deberían dar los nombres de sus clientes recientes, de quienes les pagan. Por ello, propondrá que el Instituto Nacional Electoral (INE) dé seguimiento a estos ejercicios, contar con un ranking para conocer el grado de confiabilidad y cuántas fallan en las mediciones de intención de voto a una elección.
El líder congresista señaló que esto debe ir acompañado del trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera del INE, porque es necesario tener conocimiento de cómo operan económicamente, quiénes pagan sus servicios, ya que, indicó, existe el riesgo de que se trate de “encuestadoras fantasmas”, que no tienen ni trabajadores.
Sostuvo que el ejemplo más reciente, que da sustento para impulsar esta iniciativa, es el que ocurrió en las elecciones del Estado de México, donde 23 encuestadoras fallaron en sus porcentajes, donde algunas pronosticaban 15, 20 o más puntos de diferencia y al votar la diferencia fue de 8 por ciento entre el primero y segundo lugar, y solo dos empresas, estuvieron cerca de este puntaje.
Agregó que estos altos márgenes de error son un nuevo fraude electoral, como los ataques cibernéticos y la desinformación que tienen su mayor efecto en las redes sociales.
Al respecto, el abogado campechano Miguel Ángel Sulub mencionó que la desinformación forma parte de un fenómeno que se está registrando y ha sido detectado en Europa, donde difunden mensajes, principalmente a través de redes sociales, para generar percepciones basadas en distorsiones de la realidad.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
12 mandatarios estatales se colocaron debajo del 50% de aprobación y tres de ellos incluso se encuentran por debajo del 40%.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
El Reporte Especial de buzos habla esta semana de la reforma electoral que seguramente ya se encuentra en elaboración por parte de un nuevo organismo que se perfila como el árbitro electoral.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera