Desde mayo a la fecha, madres rastreadoras han informado sobre la localización de 27 fosas clandestinas en los municipios de La Paz y Los Cabos. A pesar de estos hallazgos, colectivos señalan que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aún no ha identificado ni detenido a los responsables de estos delitos.
Uno de los casos más recientes ocurrió en julio, cuando fueron descubiertas dos fosas en las inmediaciones de El Sauzal, en Cabo San Lucas, la cuales contenían 18 cuerpos; de ellos,16 fueron identificados y entregados a sus familiares después de cuatro meses.
Ante estos hechos, los colectivos de búsqueda han expresado su preocupación ante la alarmante tendencia de que las fosas clandestinas, incluso después de haber sido intervenidas por las autoridades, sean nuevamente utilizadas por grupos criminales.
La desaparición de personas en Baja California Sur (BCS) ha alcanzado niveles alarmantes y revela una profunda crisis en el sistema de búsqueda y procesamiento de casos en el estado. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indican que, del 1° de enero de 2019 a la fecha se reportaron 711 personas desaparecidas o no localizadas en BCS. De este total, 610 están oficialmente desaparecidas y 101 permanecen en estatus de no localizadas.
Deficiencias en personal y tecnología
Tan solo en el primer semestre de 2024, la plataforma registró 174 nuevos casos de desaparición, no localización y localización de personas. Este incremento ha evidenciado las graves deficiencias estructurales y de personal en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CEBP).
Según una solicitud de información publicada en el portal de transparencia bajo el folio 030076624000112, hasta el nueve de abril de 2024, la CEBP en BCS tenía únicamente 40 empleados. De éstos, sólo dos poseen una plaza de base sindicalizada, 31 son empleados de confianza y siete trabajan bajo un contrato de prestación de servicios profesionales.
Rosario Ibarra, fundadora del colectivo de San José y Cabo San Lucas, sostuvo que la escasez de personal con plaza fija y la dependencia de empleados eventuales afectan gravemente la eficiencia de la Comisión; ya que esta situación impide el seguimiento adecuado de los casos y genera retrasos significativos en el procesamiento e identificación de restos.
“Aunque el personal tenga muy buenas intenciones, no hay suficientes recursos humanos para enfrentar adecuadamente el problema de las desapariciones en todo el estado”, subrayó Ibarra.
Además de la insuficiencia de personal, la falta de herramientas tecnológicas complica aun más la localización de personas desaparecidas. Una solicitud de información al portal de transparencia con el número de folio 030076624000005 revela que, en agosto de 2022, se adquirió un software de geolocalización por 870 mil pesos. Este sistema, adquirido con el proveedor Coedra S.A. de C.V., analiza la última localización del teléfono móvil de una persona reportada como desaparecida y proporciona coordenadas, dirección aproximada, operadora telefónica, fecha y hora de última conexión, y un mapa de geolocalización.
No obstante, el presupuesto aprobado para la adquisición de tecnologías y dispositivos para la intervención de comunicaciones privadas, informativas o telecomunicaciones desde la creación de la CEBP en 2019 ha sido irregular, sin una explicación clara de los montos y la periodicidad de las asignaciones. Desde la adquisición del software en 2022, no se ha reportado la compra de más tecnología.