Por consenso se concretó el nombramiento para el segundo año de la LXVI Legislatura.
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México es uno de los pocos países de Latinoamérica con un sistema electoral creíble y confiable debido, principalmente, a que dispone de una estructura burocrática y física distribuida en todo el territorio. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido considerado como un “sistema electoral profesional, con experiencia y capacidad” por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pero antes de alcanzar reconocimientos, debió cubrir un largo camino, costos de sangre y grandes disputas entre la sociedad civil y el Estado para que quienes lo dirigieran asumieran sus cargos con responsabilidad e imparcialidad política en beneficio de los mexicanos.
Fue así como el país pasó de la organización de elecciones controladas por el gobierno a la creación de un sistema que recibe, contabiliza, observa y defiende los votos, y en el que participan muchos ciudadanos. En una elección organizada con base en este sistema electoral, fue como el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) obtuvo la Presidencia de la República en 2018, al igual que otras posiciones gubernamentales y de representación popular a partir de entonces. Pero ahora, una vez que ha incrementado su influencia, sus dirigentes quieren perpetuarse en el poder; y para lograr este objetivo se han dedicado a atacarlo con descalificaciones y a debilitarlo con recortes presupuestales. En los pasados cuatro años, estos embates se centraron fundamentalmente en su consejero-presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien dejará el cargo en estos días.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien a la vez dirige Morena, ha sido el principal instigador de los golpes contra el INE; y en función de su obstinación por “transformarlo” en un instrumento político de Estado, también ha intentado modificarlo con iniciativas legales. Un primer ensayo consistió en la promoción de una reforma constitucional que contemplaba la desaparición del INE, pero como no fue aprobada por el Congreso de la Unión, elaboró una iniciativa de reforma a la legislación reglamentaria (el famoso “plan B”) con la que ya no pretende eliminarlo integralmente, pero sí minar su columna vertebral mediante la desaparición de su Secretaría Ejecutiva y las juntas distritales. Tal propuesta fue aprobada en cuestión de días por los legisladores de Morena y sus aliados, pero de inmediato provocó una lluvia de amparos.
Cuando las reformas reglamentarias entraron en vigor, el primer golpe fue el cese de Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva, mano derecha del consejero-presidente del INE, con quien se coordinaba para efectuar las decisiones adoptadas por el Consejero General de esta institución autónoma. El segundo golpe consistió en recortar los distritos electorales; pero en cuestión de días, el “plan B” sufrió un revés jurídico de un magistrado que ordenó la reinstalación de Edmundo Jacobo Molina a su cargo y anunció, de facto, la sucesión de más ataques presidenciales.
En las últimas semanas, desde sus conferencias matutinas, AMLO se ha dedicado a descalificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos magistrados decidirán en breve la procedencia constitucional del proyecto. Sus ataques contra la ministra-presidenta Norma Piña han avivado de tal manera el discurso de odio que, inclusive, ha llegado a las amenazas de agresión física. En el mismo blanco se encuentra ahora el ministro Javier Laynez Potisek, quien aceptó las impugnaciones del propio INE y concedió una suspensión contra las intenciones dictatoriales del “plan B”. En unos días, la SCJN emitirá su dictamen; y como se prevé que sea declarado inconstitucional, AMLO ya anunció un “plan C” que, sin duda, será una más de las patadas de ahogado del proyecto antidemocrático que alienta a Morena.
Con la salida de Lorenzo Córdova del INE comenzó la carrera para suplirlo; y en el Congreso de la Unión se realizó un proceso de selección para integrar cuatro quintetas finalistas de las que deberán surgir su sucesor y cuatro consejeros más. La selección previa estuvo a cargo de un Comité Técnico ciudadano, pero el Congreso de la Unión conformará la quinteta final. En una de las quintetas finalistas hay, “casualmente”, familiares directos de funcionarios morenistas; la oposición parlamentaria, sin embargo, se apresta a resistir un intento más de Morena por poner a su servicio este organismo autónomo.
Si Morena logra meter mano al INE, México pasará de una democracia incipiente a una sociedad en la que, nuevamente, el máximo elector sea el Presidente. La defensa contra el autoritarismo morenista tiene que surgir de los mexicanos; para ello, todos debemos despertar y considerar que AMLO y Morena realmente pugnan por una dictadura; es hora de llamar a los mexicanos a organizarse y luchar. Por el momento, querido lector, es todo.
Por consenso se concretó el nombramiento para el segundo año de la LXVI Legislatura.
Los magistrados y jueces rendirán protesta de manera escalonada cada media hora, desde las 19:30 horas y hasta las 23:00 horas.
Además de la elección de Castillo Juárez, Morena definió a las demás integrantes de la Mesa Directiva.
El priista Carlos Mancilla también golpeó a Noroña mientras otros legisladores intervenían para separarlos. Además, un camarógrafo recibió un impacto durante el forcejeo.
Mega Gas, Gas LP Jiza Hdz, Gas Cruz Palma, Polgas, Jima Gas y Grupo Flores, son solo algunas de las empresas que presuntamente operan de manera irregular con el respaldo del Ayuntamiento.
La Mesa Directiva genera gastos de 969 mil 874.01 pesos mensuales por legislador.
Con la salida de los actuales ministros, el máximo tribunal será encabezado por Hugo Aguilar Ortiz e integrado por ocho ministros electos
Morena recibirá la mayor cantidad, con dos mil 615 millones 798 mil 382 pesos.
Ante los señalamientos que enfrenta, el senador morenista Adán Augusto López declaró: "toda su tiznadera me tiene sin mayor cuidado".
Pagué con mis propios recursos el viaje luego de extenuantes jornadas de trabajo: afirmó el morenista
Dicho proceso es crucial para la democracia, por lo que requiere de un debate abierto, plural y consensuado, y no de decisiones unilaterales que ignoren a sectores clave de la ciudadanía.
22 exfuncionarios electorales coinciden en la necesidad de una reforma sustentada en el consenso.
La división dentro de Morena ha comenzado a manifestarse de forma anticipada entre los aspirantes a cargos municipales, legislativos y gubernaturas.
La resolución llega un día antes de que la gobernadora de Campeche presente se Cuarto Informe de Gobierno.
El "Plan C" de reforma electoral impulsado por el gobierno federal representa un ataque a la democracia
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Alistan simulacro nacional para el 19 de septiembre
Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).