México es uno de los pocos países de Latinoamérica con un sistema electoral creíble y confiable debido, principalmente, a que dispone de una estructura burocrática y física distribuida en todo el territorio. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha sido considerado como un “sistema electoral profesional, con experiencia y capacidad” por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pero antes de alcanzar reconocimientos, debió cubrir un largo camino, costos de sangre y grandes disputas entre la sociedad civil y el Estado para que quienes lo dirigieran asumieran sus cargos con responsabilidad e imparcialidad política en beneficio de los mexicanos.

Fue así como el país pasó de la organización de elecciones controladas por el gobierno a la creación de un sistema que recibe, contabiliza, observa y defiende los votos, y en el que participan muchos ciudadanos. En una elección organizada con base en este sistema electoral, fue como el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) obtuvo la Presidencia de la República en 2018, al igual que otras posiciones gubernamentales y de representación popular a partir de entonces. Pero ahora, una vez que ha incrementado su influencia, sus dirigentes quieren perpetuarse en el poder; y para lograr este objetivo se han dedicado a atacarlo con descalificaciones y a debilitarlo con recortes presupuestales. En los pasados cuatro años, estos embates se centraron fundamentalmente en su consejero-presidente Lorenzo Córdova Vianello, quien dejará el cargo en estos días.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien a la vez dirige Morena, ha sido el principal instigador de los golpes contra el INE; y en función de su obstinación por “transformarlo” en un instrumento político de Estado, también ha intentado modificarlo con iniciativas legales. Un primer ensayo consistió en la promoción de una reforma constitucional que contemplaba la desaparición del INE, pero como no fue aprobada por el Congreso de la Unión, elaboró una iniciativa de reforma a la legislación reglamentaria (el famoso “plan B”) con la que ya no pretende eliminarlo integralmente, pero sí minar su columna vertebral mediante la desaparición de su Secretaría Ejecutiva y las juntas distritales. Tal propuesta fue aprobada en cuestión de días por los legisladores de Morena y sus aliados, pero de inmediato provocó una lluvia de amparos.

Cuando las reformas reglamentarias entraron en vigor, el primer golpe fue el cese de Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva, mano derecha del consejero-presidente del INE, con quien se coordinaba para efectuar las decisiones adoptadas por el Consejero General de esta institución autónoma. El segundo golpe consistió en recortar los distritos electorales; pero en cuestión de días, el “plan B” sufrió un revés jurídico de un magistrado que ordenó la reinstalación de Edmundo Jacobo Molina a su cargo y anunció, de facto, la sucesión de más ataques presidenciales.

En las últimas semanas, desde sus conferencias matutinas, AMLO se ha dedicado a descalificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos magistrados decidirán en breve la procedencia constitucional del proyecto. Sus ataques contra la ministra-presidenta Norma Piña han avivado de tal manera el discurso de odio que, inclusive, ha llegado a las amenazas de agresión física. En el mismo blanco se encuentra ahora el ministro Javier Laynez Potisek, quien aceptó las impugnaciones del propio INE y concedió una suspensión contra las intenciones dictatoriales del “plan B”. En unos días, la SCJN emitirá su dictamen; y como se prevé que sea declarado inconstitucional, AMLO ya anunció un “plan C” que, sin duda, será una más de las patadas de ahogado del proyecto antidemocrático que alienta a Morena.

Con la salida de Lorenzo Córdova del INE comenzó la carrera para suplirlo; y en el Congreso de la Unión se realizó un proceso de selección para integrar cuatro quintetas finalistas de las que deberán surgir su sucesor y cuatro consejeros más. La selección previa estuvo a cargo de un Comité Técnico ciudadano, pero el Congreso de la Unión conformará la quinteta final. En una de las quintetas finalistas hay, “casualmente”, familiares directos de funcionarios morenistas; la oposición parlamentaria, sin embargo, se apresta a resistir un intento más de Morena por poner a su servicio este organismo autónomo.

Si Morena logra meter mano al INE, México pasará de una democracia incipiente a una sociedad en la que, nuevamente, el máximo elector sea el Presidente. La defensa contra el autoritarismo morenista tiene que surgir de los mexicanos; para ello, todos debemos despertar y considerar que AMLO y Morena realmente pugnan por una dictadura; es hora de llamar a los mexicanos a organizarse y luchar. Por el momento, querido lector, es todo.