En materia legislativa, la 4T y Morena han tirado, una y otra vez, al niño junto con el agua sucia de la bañera; en su afán por exhibirse diferentes de los gobiernos anteriores, han acabado por destruir aun lo útil y racional de las leyes e instituciones existentes. Esta semana le tocó a las referentes de ciencia, tecnología e innovación. El 25 de abril de 2023, en sesión de las comisiones unidas de Educación y Ciencia, tecnología e innovación, se aprobó la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación (LGHCTI). Desde que se hizo la convocatoria para su aprobación, se alzaron voces de legisladores y miembros de la comunidad científica para denunciar el asalto que se avecinaba, pues la iniciativa de dicha ley se hallaba aún en proceso de discusión (solo se habían realizado dos de los siete foros de discusión abierta programados) y se habían presentado objeciones fundamentales por académicos e investigadores.

La LGHCTI se diseñó en el seno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). De acuerdo con este organismo, la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002, vigente hasta ahora, ha permitido instrumentar políticas neoliberales en el sector, ha permitido el uso ineficiente y opaco de los recursos y ha profundizado la dependencia tecnológica del país. El desarrollo científico y tecnológico no es un tema menor; está en la base del desarrollo no solo material, sino espiritual de los pueblos, pues permite el uso cada vez más eficiente de los recursos y mayor capacidad de creación de riqueza. Dados los grandes problemas sociales de México, como la pobreza, la violencia, etc., la sociedad mexicana tiene urgencia de un vigoroso desarrollo científico y tecnológico. No obstante, no podemos olvidar que México es un país capitalista y su Estado es neoliberal (y la 4T no plantea modificar estas condiciones); esto significa que la producción y apropiación de la riqueza tiene como base el capital privado y es éste el que espolea el desarrollo tecnológico. El atraso y la dependencia del aparato científico, tecnológico y de innovación es solo una manifestación del sometimiento de nuestra economía al imperialismo. Solo un análisis superficial puede atribuir el atraso científico a una ley y querer remediarlo con otra.

¿Qué establece la LGHCTI y qué podemos esperar de ella? Más allá de decretar el “derecho humano a la ciencia”, hay disposiciones preocupantes. Pongo como ejemplo cuatro disposiciones que llamaron mi atención. 1) Conacyt definirá las “áreas estratégicas y prioritarias del Estado mexicano”; cualquiera fuera de dicha selección quedará excluida del presupuesto. Esta disposición niega de facto la posibilidad del desarrollo universal del hombre y propio del verdadero espíritu humanista y la libertad de investigación. 2) Se prohíbe la creación de contratos de financiamiento como los fideicomisos. Pero no se presentan mecanismos alternativos para garantizar la independencia y los recursos necesarios para hacer investigación que implique procesos largos que no se ciñan a los tiempos de la discusión de los presupuestos. 3) Se plantea construir empresas públicas para el desarrollo y gestión de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Es decir, estipula el divorcio del sector científico público con las empresas privadas. Pero esto implica, de un lado, un uso más ineficiente de los recursos porque abona a la dispersión y, de otro, elimina el motor de la investigación, pues impide a los científicos conocer los problemas del sector productivo en torno a los cuales ocurre la innovación. 4) No establece metas mínimas de financiamiento, a pesar de ser ése uno de los grandes escollos de la investigación. Estos cuatro señalamientos alcanzan para avizorar que la LGHCTI no revitalizará la actividad científica, sino todo lo contrario.

Morena se juega, con su diminuto poder, el futuro de nuestro pueblo. La LGHCTI no es un asunto que solo incumba a los académicos e investigadores; su aprobación implicará un nuevo desastre del que el pueblo habrá de pagar los costos. Esta ley y los golpes sobre la mesa de Morena en materia legislativa apremian la formación de un gran frente de los sectores progresistas de nuestra sociedad, entre los que se cuenta a alguna parte de la comunidad científica que propugne por un nuevo modelo económico basado en la defensa de los intereses de los trabajadores y en la justicia social y no en cambios cosméticos y parciales que imponen costos altísimos por los destrozos que provocan.