A casi medio siglo de su activación, el proyecto hidráulico Pujal-Coy, de la Huasteca Potosina, no logró ninguno de sus objetivos prioritarios: mejorar las condiciones de vida de los campesinos de Tamuín, Ébano y San Vicente Tancuayalab mediante el reparto de latifundios ganaderos y el incremento de la productividad agrícola.

Por el contrario: hoy, los ejidatarios y pequeños propietarios han vendido o arrendado sus parcelas; trabajan para nuevos dueños de hatos ganaderos o agroindustrias de exportación; los ricos llanos de la Huasteca Potosina son objeto de la depredación forestal alentada por la corrupción y nuevos cacicazgos regionales.

Del ambicioso proyecto hidráulico inaugurado en 1973 para crear una superficie de riego de 720 mil hectáreas (ha), la más extensa de América Latina y que sustituiría la ganadería extensiva por una agricultura intensiva, solo se cumplió el 40 por ciento con la construcción de dos presas, algunos drenes, canales de riego y varios centros de población.

También quedó incompleto el programa de aliento a la agricultura básica para que los campesinos de la región produjeran maíz, frijol, soya, hortalizas y sorgo para que cubrieran sus necesidades domésticas y comercializaran sus excedentes en otras áreas de la Huasteca.

El proyecto Pujol-Coy incluía a los municipios de San Vicente Tancuayalab, Tamuín, Ébano y el río Pánuco. Su ejecución se realizó en dos fases; se inició en una superficie de 302 mil ha de Ébano y Tamuín.

Sin embargo, la reestructuración de la propiedad agraria en la Huasteca Potosina se enfrentó con varios aspectos que imposibilitaron sus objetivos. La desigualdad dio origen al surgimiento de muchas organizaciones rurales que carecían de conocimientos para constituirse y planificar; esto causó que funcionarios públicos y políticos corruptos se aprovecharan de tales medidas.

Otro factor que contribuyó al fracaso de la reestructuración agraria realizada en esa región fue la política estatal de financiamiento al campo, que solo al principio estimuló el gasto y el consumo mediante créditos, para después desentenderse de los campesinos, que tuvieron que rentar o vender sus tierras.

Aunque inicialmente la expansión de la frontera agrícola fue vertiginosa, debido a que gran parte de los ejidatarios y pequeños propietarios tuvieron el apoyo del Banco de Crédito Rural (Banrural), poco después, el mal manejo de los recursos financieros, el desconocimiento de la infraestructura y tecnología de riego, la desorganización en el trabajo colectivo, la siniestralidad local y la falta de mercados revirtieron el patrón de cultivos. Como consecuencia, se dio un apresurado cambio de los cultivos intensivos y rentables hacia el cultivo de granos básicos, con poca inversión de capital y bajo nivel tecnológico.

Por ello, entre 1973 y 1985, la superficie dedicada a la ganadería solo se redujo el 12 por ciento y la agrícola se incrementó el seis por ciento, dejando trunca la transición de la ganadería extensiva a la agricultura intensiva bajo riego o de “temporal tecnificado”.

Con el paso del tiempo, y ante la falta de apoyo del gobierno del estado, los agricultores empobrecidos empezaron a vender sus tierras a los grandes caciques y empresarios agrícolas, que las reconvirtieron en áreas de agostadero, que se halla a la vista en las extensas praderas de la Huasteca Potosina.

La reversión del programa de Pujal-Coy se hizo notoria tras solo cinco años, en 1978, cuando el número de cabezas de ganado y el patrón de cultivos relacionados con la producción pecuaria (soya, sorgo y cártamo) empezaron a predominar en los llanos de esa región del estado.

Además, en 1992, el entonces Presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, modificó el Artículo 27° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para derogar el carácter de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad del ejido a fin de incorporarlo al mercado de tierras y privatizarlo.

Esto produjo una enorme confusión en las áreas rurales de la Huasteca Potosina, ya que los ejidatarios comenzaron a tramitar los certificados de propiedad individual sobre sus parcelas, a vender éstas y a generar una fuerte devaluación en los precios de la tierra.

Pobreza, abandono y desigualdad

Con el transcurso de los años, la situación empeoró, pues el paulatino cambio de uso de suelo abatió sus nutrientes y provocó una gran erosión, a la que el año pasado (2019) se sumó la peor sequía de los últimos 20 años. Hoy, esas tierras no sirven a la ganadería ni a la agricultura. 

Las familias campesinas de la Huasteca Potosina, la mayoría indígenas, carecen de gran parte de los servicios urbanos básicos, principalmente de agua potable, drenaje y tendido eléctrico.

Gran parte de la infraestructura que se construyó en la segunda fase del proyecto Pujal-Coy está sin utilizarse o arruinada, y sus pobladores que aún conservan sus parcelas cuentan con pocas opciones para aumentar la productividad agropecuaria.

La mayor parte de las tierras que conformaban los ejidos colectivos y los pequeños productores están en poder de las empresas ganaderas y agropecuarias de alto rendimiento, dejando los exejidatarios en la marginación generalizada.

La situación de pobreza extrema, rezago y frustración en la que viven actualmente las familias campesinas es brutal. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 60.2 por ciento de la población de Tamuín, se halla en la pobreza; es decir, 24 mil 147 habitantes padecen de alguna carencia social.

 El 63.5 por ciento de la población de Ébano se halla en la misma situación y en San Vicente Tancuayalab, el 33.6 por ciento del 83.6 por ciento de los pobres está considerada en el rango de la pobreza extrema.

Desde hace varios meses, los campesinos han solicitado a los gobiernos estatal y Federal el análisis técnico de suelos en la región de Pujal-Coy para que se determinen sus características edafológicas y se les recomienden el tipo de cultivos más adecuados a sus tierras.

También han reclamado la provisión de semillas y fertilizantes, etc., así como la implementación de programas sociales más efectivos que combatan su pobreza y marginación.

A decir del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) del gobierno estatal,  Alejandro Cambeses Ballina, para el rescate de tan solo cinco mil ha del proyecto Pujol-Coy, se requiere de una inversión de al menos 180 millones de pesos.

Con esta inversión podrían aprovecharse siete de cada 10 litros de agua, alentar la producción y generar reservas destinadas a otras regiones. Pero insistió en modernizar aun más los sistemas de riego, incluso recomendó generalizar la tecnología de riego presurizado.