Presionado por la administración del presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, desde julio pasado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) trasvasa agua embalsada en territorio nacional hacia estados del sur de ese país sin considerar los daños que su falta provocará en la producción agrícola y ganadera del lado mexicano.

Son base en el Tratado Internacional de Aguas (TIA) para el uso compartido de éstas en el área fronteriza, acuerdo firmado en 1944, el gobierno de EE. UU. exigió a México la entrega, a más tardar el 24 de octubre, de al menos 514 millones de metros cúbicos de agua (m³) para cubrir la cuota anual del quinquenio 2015- 2020 y un presunto débito que se suma a los 431.7 millones de m³ base fijados en dicho acuerdo.

Ante posibles represalias de Trump, el gobierno de AMLO inició el trasvase a principios del periodo de lluvias sin medir el agua que quedaría en las presas mexicanas, tras las precipitaciones pluviales de 2020, que aún con las aportadas por la tormenta Hanna fueron mínimas, razón por la que los productores locales denunciaron que, a finales del año, no contarán con el líquido vital suficiente.

Agricultores y ganaderos del semidesértico estado de Chihuahua, que dependen del agua almacenada en las siete presas locales, han exigido infructuosamente un “corte de caja” para conocer con precisión la magnitud de los envíos a EE. UU. y ponderar esas entregas con sus necesidades de agua y una regla del TIA que deslinda a México de enviar antes del 24 de octubre si hay condiciones adversas como las sequías.

El ingeniero Salvador Alcántar Ortega, líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECh), confió a buzos que en los 75 años anteriores se han enviado a EE. UU. 35 trasvases y no los 15 quinquenales que correspondían a ese periodo, cifra genéricamente superior al 120 por ciento y que no permite conocer con precisión la cantidad real de agua remitida a esa nación entre 1944 y 2020.

Pese a ello, la única reacción de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), AMLO y el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, consistió en cumplir prontamente con el “compromiso internacional” de México con EE. UU. para no concitar las represalias de Trump.

El TIA contempla el aprovechamiento conjunto de las aguas de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana, ubicados en la zona fronteriza de ambos países; aunque en la actualidad, al menos el 50 por ciento de los envíos mexicanos de agua se extrae de las presas de la Cuenca del Conchos, Chihuahua, en detrimento de los productores locales, denuncian éstos.

La autoridad reguladora del TIA es la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), integrada binacionalmente y con oficinas en México y EE. UU. El tratado prevé la entrega del líquido cada quinquenio. El actual 2015-2020, con el 24 de octubre como fecha límite, sería el número 34, según la Conagua y la SRE, pero el 35, de acuerdo con los productores chihuahuenses.

Las cuotas se fijan con volúmenes anuales variables, según las condiciones naturales. Los envíos anuales de EE. UU a México deben sumar mil 850 millones de m3 de agua (del Río Colorado) y los de México 431.7 millones de m³, aunque los productores advirtieron a este semanario que se ha enviado mucho más agua a EE. UU. de la que señala el TIA, por lo que demandan un corte de caja.

Condiciones adversas

Salvador Alcántar afirmó que la baja intensidad de las lluvias en la temporada de 2020, iniciada en julio, ha impedido que las presas del país alcancen su nivel de aguas adecuado, que la sequía se cierne como amenaza contra sus cultivos y hatos ganaderos y que, por lo mismo, es posible argumentar la existencia de condiciones naturales para no enviar agua por anticipado a EE. UU.; sin embargo, se está haciendo lo contrario a toda prisa.

La mayoría de los propietarios rurales mexicanos inconformes pertenece a los municipios de Manuel Benavides, Coyame, Ojinaga, Aldama y Camargo, agremiados en la AURECh, que integra a unos 20 mil productores. También se ha manifestado contra la actitud del gobierno mexicano El Barzón, cuyos integrantes chocaron, el cinco de febrero, con efectivos de la Guardia Nacional (GN) cuando intentaron evitar que ésta abriera las compuertas de una presa para trasvasar agua hacia EE. UU.

Alcántar insistió en que además de la sobreentrega adicional del 120 por ciento de agua mexicana a EE. UU. en los pasados 75 años, el Gobierno de México no atiende la situación actual de emergencia, que amenaza los cultivos y, por lo mismo, la situación económica de sus familias.

“Lo único que queremos es que se dé el tiempo para cumplir este compromiso (México tiene aún hasta el 24 de octubre próximo), porque aquí en Chihuahua las épocas de lluvia son muy cortas y muy bien definidas, empiezan en la segunda quincena de julio y terminan en septiembre. Entonces lo que queremos es que se nos dé el tiempo necesario para llegar a ese momento y que la CILA haga la contabilidad (del agua enviada) el 24 de octubre y, en ese momento, se decidirá si hay un déficit o un superávit”, refirió el dirigente de AURECh.

“Los agricultores nunca nos hemos opuesto a que se cumplan los compromisos que tiene México como nación. Durante 75 años lo hemos venido haciendo sin ningún problema. En este momento, queremos que se dé el tiempo que requiere México para hacer un corte sobre las aportaciones que hacen los seis tributarios comprometidos con esto; entre éstos, la cuenca del Río Conchos de Chihuahua, que se ha convertido en el tributario mayor (aporta ya aproximadamente 50 por ciento)”.

Consultado por este semanario, Alejandro Cruz Juárez, dirigente del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), comentó que los productores chihuahuenses desde hace muchos años sostienen una lucha por el agua. “El problema es que Chihuahua es un estado semidesértico, donde no hay muchas fuentes de abastecimiento y las que existen están sobreexplotadas, y sumado a esto está el TIA con EE. UU.”.          

Cruz Juárez explicó que a esta situación se agrega el problema que genera el estatus binacional de la familia Le Barón, colonia menonita y mormona que posee bienes raíces en ambos lados de la frontera y cuenta con la protección del gobierno de EE. UU., de la que apela para hacer uso de algunos privilegios sociales.

“Ahí está otro tema al que tampoco le ha entrado Conagua. Se denunciaron los pozos ilegales que tienen los Le Barón para regar árboles de nogal y de repente se dejó de hablar de ese tema. Hay un problema fuerte en Chihuahua” a causa de estos hechos, denunció el líder de MAIZ.

Conagua ha denunciado presunta corrupción en el aprovechamiento del agua y el mismo gobernador Corral habló de aguachicoleo, todo se ha quedado en declaraciones.

“Es obligado reconocer que en este conflicto participan y se aprovechan de esta causa justa los que hacen uso irregular e ilegal del agua, por lo que es urgente tomar medidas para poner fin al robo de agua mediante el aprovechamiento irregular que ocurre a lo largo de la cuenca del Río Conchos. Se trata de una especie de aguachicoleo, mediante un tendido de redes que riegan terrenos no concesionados bajo la vista gorda de la Conagua”, declaró Javier Corral el 30 de julio.

Alcántar indicó a buzos que, según la Conagua, ya están identificadas las personas que incurren en las irregularidades, pero a la fecha no ha actuado en consecuencia para sancionar a quienes usan el agua de manera ilegal. “Sin embargo, los funcionarios están presionando a quienes sí tenemos concesión y dejando libres a quienes no la tienen”, denunció.

La AURECh ha participado en varias mesas de trabajo con funcionarios de Conagua; pero de manera sistemática, éstos las interrumpen o rompen con los compromisos establecidos; en tanto que Javier Corral insiste en que hay corrupción en el manejo del agua, pero no hace nada.

Alejandro Cruz aseveró que el problema se ha complicado en Chihuahua porque el gobierno estatal del Partido Acción Nacional (PAN) carece de vínculos históricos con los agricultores en el país y porque el Gobierno Federal tampoco se ha distinguido por la defensa de los derechos de los productores rurales y urbanos, a pesar de que se denomina de “izquierda”.

La inconformidad deslegitimada

El pasado 10 de junio, al referirse al conflicto por el agua en Chihuahua, AMLO optó por denunciar intereses político electorales detrás de las manifestaciones de los productores chihuahuenses, soslayando el problema socioeconómico de fondo que enfrentan éstos.

“Si no cumplimos con ese compromiso (con EE. UU), pues hay sanciones en donde salen perjudicados los mismos productores, porque si nos cierran la frontera o hay aranceles, porque no se cumple con un tratado internacional, pues eso nos afecta. Pero como hay elecciones en Chihuahua, ahí andan aprovechándose de la circunstancia”, declaró textualmente.

Por su parte, el gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, afirmó el 21 de julio: “No vamos a arriesgar innecesariamente a nuestro país a una nueva tensión con el gobierno de EE. UU., pues ya sabemos que en este tema puede presentarse una conflictiva que no deseamos”.

Corral insistió ese día en que hay suficiente agua tanto para cubrir “el compromiso internacional” de México, como para satisfacer las necesidades del líquido en este ciclo 2020, por lo que llamó a evitar radicalismos. “No es necesario llegar a esos extremos, lanzando piedras o gases o bombas molotov, como incluso se descubrieron varias.  No es así como vamos a solucionar este problema, porque los cauces están abiertos, nunca se ha cerrado el diálogo”.

Omar Bazán Flores, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recordó, el 30 de julio, que además de la movilizaciones de los productores para garantizar su agua, de cara a los próximos meses, está pendiente una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la controversia constitucional promovida por 16 presidentes municipales priistas de la región centro-sur (zona de conflicto) contra acciones de la Conagua que vulneran derechos de los productores.

“Lamento la ausencia del gobernador Javier Corral y otros actores de su partido en la ruta jurídica que emprendimos con los alcaldes priistas; pues se trata de agotar todos los recursos legales en defensa de los productores chihuahuenses, sin distingo partidista”, expresó el legislador local y dirigente del PRI en Chihuahua, quien además exigió a Corral –quien se precia de ser amigo de AMLO desde hace muchos años– ponerse “sin tibieza ni dobles discursos” del lado de los productores chihuahuenses.

El Barzón, organización nacida para defender los derechos los deudores agrícolas de la banca privada –entre cuyos fundadores estuvo el actual dirigente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar– se ha distinguido por la espectacularidad de sus protestas. En una de ellas, en 2010, Ramírez Cuéllar ingresó a caballo al Palacio Legislativo de San Lázaro, por lo que fue acusado de motín y daño en propiedad ajena.

El cinco de febrero de 2020, más de 100 productores chihuahuenses afiliados a El Barzón chocaron con elementos de la GN encargados de custodiar la presa La Boquilla, cuando intentaban evitar la apertura de sus compuertas y el envío de agua a EE. UU. Los efectivos de la GN fueron retirados por orden superior y el gobernador Corral ofreció mediar ante la Conagua.

“Si para junio o julio no se logra el cumplimiento, entonces hablaríamos a qué nivel se podría extraer de la presa; pero primero veamos el transcurso del tiempo, que al cabo falta un lapso importante para el cumplimiento del tratado”, advirtió en febrero el mandatario chihuahuense; mientras, en el periodo de lluvias iniciado en julio, empezó el envío de agua sin considerar el nivel de recuperación de las presas.

El ingeniero Alcántar declaró haber solicitado, desde junio, una reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para saber la cantidad específica de agua que se enviaría a EE. UU. Pero no había obtenido ninguna respuesta hasta el inicio de agosto.

El siete de junio, los productores inconformes bloquearon el puente internacional que une las ciudades de Presidio, Texas y Ojinaga, Chihuahua. Las protestas aumentaron y el nueve de junio realizaron un plantón frente al ayuntamiento de Ojinaga, donde se encontraba el delegado de Conagua, Juan Carlos Loera.

El 30 de julio se suscitaron hechos violentos en el municipio de Delicias, donde tres instalaciones públicas de la Conagua, Secretaría del Bienestar y Servicio de Administración Tributaria fueron incendiados, igual que tres camionetas de la Conagua y casetas de peaje de la autopista Jiménez-Juárez. También fue atacado un edificio con oficinas del Registro Civil, Pensiones, Conciliación y Arbitraje, la fiscalía local y una federal de la SRE, así como vías de ferrocarril.

Por estos hechos fueron detenidos 17 adolescentes y jóvenes, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. Jesús Emiliano García, dirigente de la Unión Campesina Democrática en Chihuahua (UCD), manifestó su inconformidad por la detención de dos adolescentes, uno de 13 y otro de 17 años de edad, familiares de miembros de su organización que, aseguró, habían llegado después de los hechos.

García denunció: “Condenamos los hechos, no estamos de acuerdo en que se llegue a este extremo de protesta, porque siempre hemos hecho protestas pacíficas. Hay una teoría de que hubo infiltrados, esperemos que se aclare; en ningún momento hemos actuado de esta forma, estamos condenando estos hechos”.