Se trata de un análisis del derrumbe de la Unión Soviética en 1991, una pérdida asombrosa para la humanidad.
Política
Demanda Congreso de CDMX eliminar la corrupción en Judicatura Federal
Destacó que entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de octubre de 2021, el CJF revisó mil 188 quejas y denuncias contra funcionarios públicos
Formar una comisión interna dedicada a supervisar los casos emblemáticos o de litigio estratégico dentro de su ámbito de competencia, es sólo una de las recomendaciones que hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para combatir la corrupción en el marco del análisis de la reforma al Poder Judicial de la Federación.
Dicho exhorto busca fortalecer la integridad y transparencia dentro del sistema judicial, aseguró el diputado Alberto Martínez Urincho, del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Asimismo, Martínez Urincho indicó que el propósito es garantizar el respeto a los derechos humanos, la prevalencia del Estado de Derecho y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Aseguró que la corrupción judicial en México es perpetuada por varios agentes dentro del sistema judicial, incluyendo policías, ministerios públicos, jueces y responsables de las cárceles. En la fiscalización del CJF, se han identificado diversas formas de corrupción.
Destacó que entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de octubre de 2021, el CJF revisó mil 188 quejas y denuncias contra funcionarios públicos, auditó 36 áreas administrativas y realizó mil 347 seguimientos de evolución patrimonial, lo que evidencia la existencia de múltiples formas de corrupción.
Agregó que durante 2019 y 2020, se concluyeron 63 auditorías: 12 de desempeño, 11 financieras, 13 integrales, 8 operacionales, 8 de obra y 2 de finiquito, las cuales resultaron en mil 225 acciones dirigidas a 36 áreas administrativas del CJF.
Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México subrayó la importancia de estas acciones para erradicar la corrupción y fortalecer la confianza en el sistema judicial, asegurando que se respeten los principios fundamentales del Estado de derecho.
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