La Cámara de Diputados aprobó un incremento de más del 100 por ciento en los trámites migratorios y entradas a museos para visitantes foráneos.
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Ante el recorte en su salario y la reducción de prestaciones desde la segunda quincena de enero, trabajadores de la Defensoría Pública y Administración de varias entidades recorren desde hace algunos días las oficinas de los seis grupos parlamentarios; sin embargo, sólo han recibido el respaldo del partido Movimiento Ciudadano (MC).
Marie de Guadalupe Marín Valerio, coordinadora técnica administrativa del Sexto Tribunal en Materia Administrativa del Tercer Circuito en Jalisco, denunció que los recortes en la Defensoría Pública y Administración ya comenzaron, a pesar de que en diversas ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, con base en el décimo transitorio de la reforma judicial, el salario y las prestaciones serían “inatacables”.
Marín Valerio expresó su preocupación, pues señaló: "Si ya tocaron a los de Defensoría Pública, ¿quién nos asegura que a los trabajadores que estamos en ese órgano jurisdiccional no nos van a tocar?".
La trabajadora añadió que el lema de los empleados es: “Si tocas a uno, tocas a todos”, indicando que la afectación ya está dirigida a toda la base trabajadora.
Recordó que, después de que los tres circuitos se fueron a paro laboral en los estados de Chiapas, Tabasco y Zacatecas, les dijeron que respetarían su ingreso sin tanta afectación, pero que debían regresar a trabajar.
Respecto al seguro de gastos médicos mayores, comentó que se les informó que, a partir de 2026, esa prestación desaparecerá, “a pesar de que muchos de nosotros tenemos muchos años de antigüedad con ese apoyo”.
La Cámara de Diputados aprobó un incremento de más del 100 por ciento en los trámites migratorios y entradas a museos para visitantes foráneos.
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La iniciativa no incluye acciones para castigar a los responsables de este delito ni menciona los 177 mil millones de pesos presuntamente desviados.
“Un polo industrial sin un entorno económico que demande sus productos termina siendo sólo un negocio inmobiliario”: Vázquez Handall.
Se emitieron 369 resoluciones, de las cuales 164, equivalentes a 44.4 por ciento, resultaron con sanciones.
La denuncia fue interpuesta ante el INE y exige suspender los eventos realizador por la presidenta toda vez que utiliza recursos públicos para llevarlos a cabo.
Tres presidentes de las comisiones encargadas se rebelaron contra la imposición de la retroactividad en la reforma de propuesta por Sheinbaum.
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El balance del primer año refleja avances limitados en la inversión energética y en el impulso de un crecimiento económico sostenido.
Se requieren alrededor de 1.2 millones de nuevos empleos al año para reducir la informalidad.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera