La Constitución, cuyo aniversario festejamos cada cinco de febrero, es la de 1917, resultado de la Revolución Mexicana, lucha en la que miles de mexicanos perdieron la vida. Esta Constitución y las leyes que de ella se derivan son la base para la convivencia social, porque en alguna medida todo mundo tiene reconocidos ahí sus derechos, registrados sus intereses y garantizado que el gobernante no podrá atentar contra los derechos básicos, las libertades y el bienestar de los ciudadanos.

Sin embargo, el discurso de la “Cuarta Transformación” ha sido la justificación ideológica para que en el sexenio pasado y en el actual se hayan llevado a cabo reformas constitucionales que han puesto en peligro el Estado de Derecho y el sistema democrático mexicano. Se apela a los procesos revolucionarios del pasado para justificar la necesidad de cambiar el texto constitucional. Así como en la Independencia, en la Reforma y en la Revolución hubo documentos constitucionales que plasmaron los acuerdos políticos a los que se llegaba, ellos dicen que su deber es hacer algo similar.

Con este discurso, los gobiernos de los tres niveles, sus cámaras y congresos locales han llevado a cabo reformas que podrían atentar contra los derechos que las personas tienen. La primera es la creación de la Guardia Nacional. A ésta le puso tareas de carácter policial y además las colocó bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que acrecentó el poder de las fuerzas armadas en el país, creando incluso una situación de militarización. Asimismo, entre sus reformas figura la desaparición de varios órganos autónomos. Varios de ellos fueron creados para la vigilancia del cumplimiento de derechos humanos que con base en el derecho internacional habían sido adoptados por la ley mexicana. Ahora ya no hay organismos que sirvan a los ciudadanos como contrapeso para limitar el poder del Estado en defensa de sus derechos como la información transparente y otros. Otra reforma que atenta contra los mexicanos de a pie es la de la prisión preventiva oficiosa, porque viola todas las garantías individuales de los ciudadanos y elimina el derecho a la presunción de inocencia que es un principio universal. Finalmente, más reciente y como parte de la reforma judicial, es la eliminación del amparo, un instrumento que servía a los ciudadanos para defenderse en contra de acusaciones injustas.

Estas reformas a la Constitución, que pretenden igualarse a las de los tres procesos anteriores tienen una gran limitación. Mientras que los documentos anteriores provienen de una lucha de clases abierta y clara, las reformas constitucionales de la “Cuarta Transformación” vienen de las ideas de un “iluminado”. Ni siquiera fue posible el análisis de las mismas en el Congreso de la Unión y en los distintos congresos estatales, pues se tenía que aprobar en poco tiempo. Las limitaciones de esta forma de ver las cosas son evidentes, pues se olvida que detrás de dichos procesos no está la participación activa de las masas, que reclaman una transformación profunda del sistema. Por tanto, estas reformas terminan siendo una violación flagrante a los derechos y garantías constitucionales de los mexicanos. Se aprobaron reformas absolutamente arbitrarias, que no respetan siquiera los principios más elementales que rigen el mundo entero para proteger a los ciudadanos y la sociedad frente al tremendo poder del Estado.

Esto se agrava todavía más si recordamos que durante su mandato, López Obrador, hizo varios llamados a la desmovilización de las masas al acusar a las organizaciones sociales de corruptas. Ciertamente, nuestro sistema político no rebasa los límites de la democracia burguesa, sin embargo, se han logrado libertades políticas que le permiten a las masas impulsar sus luchas de mejor manera y que hoy se puedan perder ante la pasividad de las mismas; y esto resulta un peligro para todos. Estas reformas a la Constitución, por tanto, sirven para amenazar y reprimir a todo lo que huela a pensamiento disidente de la llamada “Cuarta Transformación”. No debemos quedarnos indiferentes ante tales cambios en la Carta Magna; no sólo este cinco de febrero deberíamos defenderla con organización y lucha entre los más pobres y débiles.