Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
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Este martes, autoridades de la Ciudad de México presentaron una propuesta en el Congreso local para frenar las extorsiones digitales y cibernéticas. La iniciativa busca aumentar las penas hasta ocho años de prisión para los responsables.
La iniciativa pretende tipificar el fraude por medios digitales y solicitar un aumento de penas para quienes extorsionan a través de tecnologías o teléfono. Las autoridades resaltaron el alarmante aumento de quejas por fraude cibernético, que en 2023 alcanzaron cinco millones 762 mil, lo que representa un incremento del 20.1 por ciento respecto a 2022.
Además, propone reformar varios artículos del Código Penal, como el 211 BIS, donde se sugiere aumentar la pena para quienes usen medios digitales o telefónicos para cometer extorsiones. En el artículo 231, se busca añadir un nuevo inciso para sancionar a quienes simulan la existencia de empresas y sistemas financieros para obtener beneficios ilícitos.
Asimismo, proyecta la creación de una Unidad de Investigación de Fraudes y Extorsión dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el objetivo de prevenir y atender a las víctimas de estos delitos; debido a que el 96 por ciento de las víctimas no denuncia casos de extorsión digital ni cibernéticas.
Prevén que el documento sea enviado hoy por la tarde tras una revisión.
Entre los puntos se encuentra la reducción del 25 por ciento del gasto electoral.
La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera