Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
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Este martes, autoridades de la Ciudad de México presentaron una propuesta en el Congreso local para frenar las extorsiones digitales y cibernéticas. La iniciativa busca aumentar las penas hasta ocho años de prisión para los responsables.
La iniciativa pretende tipificar el fraude por medios digitales y solicitar un aumento de penas para quienes extorsionan a través de tecnologías o teléfono. Las autoridades resaltaron el alarmante aumento de quejas por fraude cibernético, que en 2023 alcanzaron cinco millones 762 mil, lo que representa un incremento del 20.1 por ciento respecto a 2022.
Además, propone reformar varios artículos del Código Penal, como el 211 BIS, donde se sugiere aumentar la pena para quienes usen medios digitales o telefónicos para cometer extorsiones. En el artículo 231, se busca añadir un nuevo inciso para sancionar a quienes simulan la existencia de empresas y sistemas financieros para obtener beneficios ilícitos.
Asimismo, proyecta la creación de una Unidad de Investigación de Fraudes y Extorsión dentro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, con el objetivo de prevenir y atender a las víctimas de estos delitos; debido a que el 96 por ciento de las víctimas no denuncia casos de extorsión digital ni cibernéticas.
Hablar de política cultural en América Latina implica adentrarse en un terreno donde conviven aspiraciones legítimas, inercias históricas y una estampa institucional inestable y poco eficiente.
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Los reportes se registraron en el Estado de México, Ciudad de México y Baja California, aunque la CFE advirtió que la modalidad puede extenderse a otras zonas del país.
También tendrán un nuevo beneficio: un seguro de vida institucional valuado en alrededor de 60 mil pesos.
La propuesta plantea una transición gradual entre 2026 y 2030, además de establecer dos días obligatorios de descanso.
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Casi el 40% de la población gana el salario mínimo de ocho mil 500 pesos mensuales.
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La ley contempla 34 agravantes, incluyendo la extorsión cometida con violencia.
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Al momento de la votación, Blanco pidió que se registrara su asistencia.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera