El conflicto armado en este país ha durado cinco décadas, cubierto varias etapas históricas, trascendido su entorno geográfico y reunido a múltiples actores regionales y extranjeros. En ese proceso cambió el balance de poder mundial, pero no los intereses del capital extractivo ni de los terratenientes locales. La ruptura gubernamental con los Acuerdos de Paz de 2016, así como los asesinatos de actores clave, produjeron el retorno a las armas de algunos excombatientes. Este hecho, sumado a la parálisis de la izquierda, acentúa la letal cacería de la ultraderecha y propicia la reaparición de la parapolítica criminal. En este escenario pierden las mayorías.

El 29 de agosto, un video filmado en la selva colombiana dio la vuelta al planeta. Ahí se vio a una veintena de mujeres y hombres armados escoltando al que fuera el número dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luciano Marín Arango, llamado en realidad Iván Márquez. Uniformado, el exlíder guerrillero dijo: “Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (origen de las FARC, hace más de medio siglo) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”.

Desde la clandestinidad en la zona amazónica del sureste, próximos al río Inírida, entre Venezuela y Brasil, también están en el video los exguerrilleros Seuxis Paucias Hernández (Jesús Santrich) y Hernán Darío Velásquez (El Paisa). Al leer su comunicado, Márquez subrayó: “Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente –un Márquez rearmado, uniformado y con kufih palestino al cuello, lee en su comunicado: La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas”.

El también exjefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz de La Habana y designado senador por el partido tras dejar las armas —aunque nunca quiso asumir su escaño pese a ser el legislador que ganó más votos— fue el único orador en el video de 32 minutos. Márquez aseguró que la decisión de volver a las armas es “la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz”.

Márquez calificó como “error” que las FARC hayan dejado previamente las armas y anticipó que buscarán aliarse con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Consideró “ingenuo” y a cambio de nada el desarme de la guerrilla, pues no se ha detenido la matanza de líderes sociales y exguerrilleros y culpó al Estado, que ahora dirige Iván Duque, de no cumplir con lo pactado.

En esa reaparición pública –la última vez que se le había visto fue en abril de 2018 tras reunirse con varios excombatientes en Miravalle, departamento de Caquetá– Márquez señaló que “La trampa, la traición y la perfidia, la modificiación unilateral del texto del acuerdo, el incumplimiento de los compromisos del Estado, los montajes judiciales y la inseguridad jurídica, nos obligaron a regresar al monte”.

Puntualizó que la insurgencia que renace no tiene por objetivo atacar a los soldados ni a los policías respetuosos de los intereses populares, sino a la oligarquía “excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país”.

Advirtió que el Estado conocerá “Una nueva modalidad operativa. Solo responderemos a la ofensiva”. Prometió desmarcarse de las retenciones (secuestros) con fines económicos y ofreció diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y “gente pudiente” del país para que “contribuyan” al progreso de las comunidades rurales y urbanas.

Represalia y división

La nueva situación política colombiana plantea escenarios inéditos; ahora es fundamental observar que en la historia de los recientes conflictos armados quizá no ha existido una guerrilla que haya hecho tanto para desarmarse, ni de un gobierno que haya hecho tanto para obligarla a desistir de ese propósito, recuerda el académico colombiano Manuel Humberto Restrepo Domínguez.

Al desarmarse las FARC nació el partido político FARC, que no logró posicionarse en la escena social y política del país, pues, aunque ha sobrevivido a los ataques de la ultrarreaccionaria derecha que lo recrimina y aborrece, tampoco ha podido asumir el liderazgo en la izquierda, describe Restrepo.

Es muy penoso el mensaje que llegó de la selva: Colombia vuelve a protagonizar una lucha armada por las serias faltas al compromiso que firmaron en La Habana el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en 2016. Pero aquél, lejos de llamar al diálogo, puso en acción su maquinaria de manipulación para desacreditar la probidad de los protagonistas del video.

Medios y agencias difundieron que el órgano emanado de los Acuerdos de 2016, Justicia Especial para la Paz (JEP), requiere a Márquez y Santrich por supuestos ilícitos. Filtraron que sobre Santrich pesa una orden internacional de captura por la Policía Internacional (Interpol) debido a un presunto proceso de narcotráfico en EE. UU., además de “conspirar para traficar cocaína tras firmar los pactos de paz”.

Además, en tono triunfal, Duque anunció que sus tropas habían dado muerte a nueve disidentes rearmados –hasta ahora serían 12– en el departamento del Meta, antiguo refugio de las FARC y prometió que así acabarían quienes vuelvan a tomar las armas. El Ejército afirmó, a su vez, que la disidencia se dedica “mayoritariamente” al narcotráfico y a la minería ilegal.

Queda claro que el gobierno tenía preparado de antemano un operativo para liquidar a esos exguerrilleros, bajo alguna justificación”, explica el periodista chileno Ruperto Concha.

La Unión Europea (UE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sospechaban que el gobierno colombiano intentaría crear un “enemigo público” para justificar la anulación de los acuerdos de paz. Es decir, que sabotearían el proceso para resucitar a las FARC como fuerza armada terrorista, apunta Concha.

Se estima que el llamado de los disidentes solo captó a una reducida parte de exguerrilleros. Para el analista Álvaro Villarraga Sarmiento, significaría la unión de las disidencias de las FARC. De ahí que el impacto político del rearme sea relevante por tres razones:

En primer lugar, porque involucra a varios de los exlíderes más reconocidos; en segundo lugar, porque la declaración destaca que esa fuerza pretende configurar un nuevo proyecto insurgente con impacto nacional y, en tercer lugar, porque evidencia su intención de cooptar o asociarse al conjunto de las disidencias en favor de su proyecto.

Hasta ahora la mayoría de los excombatientes se mantiene en el partido FARC que lidera el excomandante guerrillero Rodrigo Londoño Echeverri, que usa el seudónimo Timochenko. Él mismo denunció ante la ONU que entre abril y enero de este año fueron asesinados 51 activistas y defensores de derechos humanos en Colombia, y atribuyó al Estado la responsabilidad de esos asesinatos selectivos.

De los 12 mil exguerrilleros inscritos en el partido FARC, 134 han sido asesinados y 34 de sus familiares, además de 500 defensores sociales, según la Defensoría del Pueblo. Entre ellos resalta el brutal asesinato de la activista María del Pilar Hurtado por sicarios de las autodefensas de latifundistas que la acribillaron en su hogar y ante sus hijos.

Sin embargo, Londoño calificó a Márquez como “desertor de la paz” y describió su decisión como “errática”. Advirtió que el retorno a la guerra propiciará un ambiente que convertirá a su partido en blanco de la ultraderecha.

También el director de la conservadora Fundación Paz y Reconciliación (Pares), León Valencia, rechazó el rearme. Él expresó que la nueva guerrilla ya tiene mil 800 miembros distribuidos en 24 grupos que se unirían con otros 500 elementos. Su informe reciente asegura que las disidencias de las FARC están en proceso de “bandolerización” y que está por nacer otra guerrilla.

Ese pronóstico preocupa a los habitantes de los caseríos que fueron refugio de las FARC. De ahí que Juanita Goebertus, de la Cámara por Bogotá, vea el rearme como un riesgo para los excombatientes en proceso de reincorporación.

Solo en Nariño hay 400 excombatientes identificados por el Estado que perderían la posibilidad de volver a la vida cívica. Por ello, el seis de septiembre, el partido FARC lanzó la campaña A la Guerra Nunca Más con el lema “Firmes con la paz”. Esa iniciativa, que se viralizó en todo el país, rechaza una nueva lucha armada.

Negligencia y rearme

Es notoria la falta del gobierno de Duque a su compromiso en todos los puntos de los Acuerdos de Paz. “Hay una negligencia generalizada”, admitió el excomandante de las FARC y senador Julián Gallo Cubillos. “Millones de colombianos de las zonas de la guerrilla aún esperan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad”, indicó el 19 de mayo Nicholas Casey en The New York Times.

No cumplió la promesa de apoyar al desarrollo rural, una de las grandes motivaciones para el desarme de la guerrilla. Desde la firma de los Acuerdos han sido asesinados al menos 500 activistas y líderes comunitarios. Más de 210 mil personas fueron desplazadas de sus hogares debido a que los ciudadanos carecen de seguridad y estabilidad ante la violencia, informó Casey.

De igual forma, los desmovilizados carecen de garantías para su reincorporación. De 13 mil excombatientes, 11 mil 500 están en precario proceso, reveló una encuesta de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ANR).

El Estado ha incumplido con la dotación de tierras. De ahí que exmiembros del Frente 37, en el Caribe colombiano, no logren emprender los proyectos de cultivo de plátano que deberían beneficiar a 78 familias de la zona pobre del Chocó.

El país vive una profunda crisis de seguridad agravada en el Cauca, aunque el gobierno afirma que es por la presencia de disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN, que se “disputan el control del territorio y el narcotráfico” con bandas criminales. En el Guaviare operan disidentes de los Frentes 1 y 7, recuerda el integrante de la Fundación Cultura Democrática, Álvaro Villarraga.

En Antioquía se rearmaron los frentes 18 y 36 tras el ataque de narco-paramilitares a los reincorporados de las FARC. En Arauca hay disidencias menores de exmiembros del Frente 10; en Putumayo, excombatientes del Frente 48; en el norte de Santander, antiguos militantes del Frente 33 y entre Casanare y Boyacá, el grupo disidente Antonio Medina proclamó una campaña de “limpieza” de delincuentes en la región.

Esa violencia originó el rearme. En marzo de 2019, el Ministerio de Defensa reconoció 14 grupos disidentes con dos mil 296 efectivos actuando en 57 municipios. Del gobierno depende que Colombia no retome las armas.