La disputa por la soberanía de Hong Kong a China ha sido objetivo de Occidente desde que esta ciudad-Estado dejó de ser colonia británica en 1997; desea para sí ese centro global financiero, de libre comercio y logístico, que es clave para China, y en función de este propósito manipula estudiantes, comerciantes y empleados para obstaculizar los actos de gobierno de Pekín. Al frente de las cíclicas protestas en esa zona especial hay “líderes de derechos democráticos y humanos” moldeados por agencias del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) e intereses corporativos. En medio de ese juego geopolítico está México, cuya excelente relación con China y ese enclave debe alejarlo de todo plan imperial de desestabilización.

Este verano se inició con nuevas revueltas estudiantiles en Hong-Kong que exigen a la República Popular de China más democracia y autonomía. Bajo una visión geopolítica, esas protestas constatan que la excolonia es fundamental para el plan hegemónico de EE. UU. y sus aliados interesados en causar una crisis en la zona continental de China. Adicionalmente, el capital corporativo anhela convertir a esa isla estratégica en un enclave para la importación de tecnología occidental en Asia.

Las protestas detonaron en rechazo a una iniciativa de ley local que propone la extradición a China, Taiwán y Macao a presuntos comitentes de delitos como homicidio y violación. El proyecto nació luego de que un hongkonés de 19 años, acusado de asesinar a su novia de 20 años mientras vacacionaban en Taiwán en 2018, huyó al enclave sin que pudiera ser extraditado por no existir un acuerdo entre Hong Kong y Taiwán.

Promotores de la iniciativa afirman que la justicia hongkonesa decidirá si extradita o no a los acusados, aunque no serán enviados a Pekín imputados por delitos políticos, religiosos o por evasión de impuestos. El gobierno ha ofrecido entregar solo a perpetradores de delitos cuya sentencia supera los siete años de cárcel.

Los críticos de la nueva legislación, entre los que figuran ONG’s pro-occidentales como Human Rights Watch, denuncian que el sistema judicial de China es defectuoso. Alegan que el Parlamento de Hong Kong es pro-Pekín y que habría detenciones arbitrarias, juicios manipulados y tortura para extraditar a activistas políticos y de derechos humanos críticos al “régimen comunista” de Pekín.

Sin embargo, pocos opositores saben o lo silencian que Hong Kong tiene acuerdos de extradición con 20 Estados (EE. UU. y Reino Unidos incluidos) pero no con China, y que cuando la zona fue regida por un gobernador designado en Londres no hubo protestas de ningún gobierno, organización pro-democracia o medios de prensa de EE. UU.

¿Qué está en juego?

En 1841, Gran Bretaña consumó su violenta ocupación de Hong Kong, al que después llamó Territorio Británico de Ultramar. Transcurrieron 150 años hasta que en 1997 la zona recuperó su autonomía político-económica y China asumió su soberanía; de entonces a la fecha, ese territorio elige cada cinco años a su Ejecutivo local en un colegio electoral.

A partir de entonces, Pekín ha cumplido a cabalidad el pacto de “dos sistemas un país”, según la Ley Básica concertada con Gran Bretaña. Hong Kong mantiene su Parlamento, independencia judicial, sistema económico –con el dólar local como moneda– y Pekín conduce la defensa y los asuntos exteriores.

Y aunque el periodo de transición vence hasta 2047, Occidente alienta la incertidumbre sobre el futuro de la excolonia. Por ello, cuando Carrie Lam asumió como jefa del Ejecutivo local en julio de 2017, el presidente chino Xi Jinping advirtió: Todo acto “que desafíe el poder central o use a esa ciudad como base para dirigir actos de infiltración y sabotaje contra China continental, cruza la línea roja y es totalmente inaceptable”, recordó Jean-Jacques Gandini en Le Monde.

Para el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ignacio Ramírez, la evolución de esa región es producto del exitoso modelo chino al mantener intacto el régimen capitalista, pues la prosperidad y estabilidad sirve a los intereses fndamentales de esa nación.

Estratégico para EE. UU.

El rol de Hong Kong en la política estadounidense ha evolucionado. La presencia de sus representantes se rastrea ahí desde 1843, cuando instalaron el primer consulado, aunque en la Guerra Fría esa zona fue prominente para EE. UU., que reemplazó a Gran Bretaña como el poder geopolítico dominante en Asia.

En 1960 el informe confidencial del Consejo de Seguridad aconsejó que la colonia “siguiera como puesto de avanzada del mundo libre”. Se formularon dos estrategias: una que apoyó a Londres en el mejoramiento de la defensa y la industrialización de la isla y otra con la que se utilizó su proximidad con China para instalar en el consulado de EE. UU. el mayor aparato de inteligencia del exterior y para distribuir propaganda anticomunista en la región.

En la pos-Guerra Fría Hong Kong conservó su valor estratégico y aumentó su valor económico para EE. UU. De ahí que la isla se convirtió en el “caballo de Troya” de Occidente en Asia. Además de ser el 19º mayor socio comercial de EE. UU., en 2018 operó unas 290 oficinas de empresas estadounidenses y 434 regionales.

En la nueva Guerra Fría de EE. UU. contra China la excolonia es clave. Por su valiosa ubicación, la Marina estadounidense ejecuta ahí maniobras regulares y sus aviones militares C-17 operan en el aeropuerto abasteciendo al consulado.  Sin embargo, Washington ha fallado en “liberalizar” a esa ciudad mientras que China emerge como nueva superpotencia con base en su modelo sin precedente del “socialismo de mercado” y gana terreno a Occidente.

Para el analista Brian C.H. Fong, de The Diplomat, la zona que servía como “amigable puesto de avanzada” de EE. UU. hoy se perfila como el bastión de la China Roja. Por ello, en febrero el cónsul estadounidense Kurt Tong insistió en la necesidad de preservar la autonomía de esa región y en que ésta es vital para la “libre y abierta zona Indo-Pacífico”.

Tal ánimo injerencista se advirtió en el temerario comunicado del Departamento de Estado de EE. UU, fechado el 25 de abril, sobre la iniciativa de Ley de Extradición, al afirmar que de aprobarse “autorizaría al gobierno local a enviar a China a los detenidos, con lo que ponía fin a 178 años de larga jurisdicción legal”.

Indispensable para China

Hong Kong tiene un valor irreemplazable para China. Por ello aceptó la jurisdicción especial de esa región y ha aumentado su influencia. Desde el emergente liderazgo de Deng Xiaoping en 1979 hasta Xi Jinping, el enclave ha conservado su rol indispensable para la bonanza china.

Es la mayor fuente de inversión directa (oscila entre el 60-70 por ciento); acoge la mayoría de las firmas chinas (mil 146 estatales y privadas en 2018) y es gran fuente de préstamos bancarios (superó los 713 mil millones de dólares en 2018). Sólo en 2017 llegaron 179 mil millones de dólares de China continental

Muchas firmas chinas se transforman en empresas de Hong Kong para exportar inversión directa, como la famosa HK Nicaragua Canal Development, del empresario Wang Jing, que impulsa el Canal de Nicaragua.

 Ante las presiones de EE. UU. contra Huawei y ZTE, Pekín ha decidído hacer ahí su hub (nicho) nacional de innovación. Para Pekín, hoy la principal preocupación es el uso de Hong Kong como fuente de desestabilización de la parte continental, objetivo que se lograría si los disidentes ganan gran influencia política.

Oposición e injerencia

Pero ¿quiénes son los activistas alineados con el juego geopolítico de EE. UU. ante China? Para algunos analistas, los hongkoneses promedio quieren defender su ciudad como región autónoma internacional “y que su voz se oiga”, explica Brian Ch. Fong, politólogo de la Universidad de Educación de Hong Kong.

Ese discurso está en la estrategia injerencista del EE. UU. para ganar Hong Kong mediante el financiamiento de organizaciones “democráticas”. Las protestas opositoras no son nuevas en Hong Kong; en 2003 rechazaron la iniciativa de seguridad, que incluía delitos de traición y subversión, y el gobierno la descartó.

En 2012, el Departamento de Estado de EE. UU. entregó casi medio millón de dólares a su agencia Fundación Nacional para la Democracia (NED) para “desarrollar la capacidad” de universitarios locales a favor del sufragio universal en la elección del Ejecutivo. Ese fondo fue al Instituto Nacional Demócrata (DNI), brazo político del Partido Demócrata, para minar a gobiernos no gratos.

Y fue así como surgió, en enero de 2013, el movimiento “Ocupemos el centro de la ciudad” (Occupy Central) contra lo que Occidente llamó sentimiento de “frustración creciente” de los hongkoneses ante la “repetida negativa de Pekín de alentar la democracia”. Desnutrido, el movimiento se agotó.

En otoño de 2014 Occidente bautizó con el nombre “Revolución de los Paraguas” a un movimiento que exigió a China “sacar las manos” en la elección del jefe del Ejecutivo. El People’s Daily China denunció que la NED estaba detrás de esas protestas y según el portal Cubadebate, la jefa local de la agencia, Louisa Greve, se reunía con líderes de las protestas y guiaba su estrategia.

En agosto de 2015, Sputnik reveló que la tarea de las ONG’s afines a intereses globalizadores “es formar miles de disidentes en países que no siguen la ruta estadounidense e influir en los comicios”. El propio Departamento de Estado estima que en los países donde su política no coincide con Washington, hay no menos del 10 por ciento de la población que ha sido capacitada en “democracia” y que apoya a EE. UU. Estas personas pueden formar una quinta columna favorables a los intereses estadounidenses.

En el verano de 2019, la campaña mediática anti-China ha dado cobertura privilegiada a los manifestantes vestidos de negro y con máscaras que cubren su rostro mientras protestan contra la Ley de Extradición. Convocados a través de redes sociales, los jóvenes han marchado por los concurridos distritos comerciales de Kowloon y Mong Kok, así como por la estratégica estación de la policía china.

Según los organizadores, en su momento álgido marcharon dos millones de personas (casi un cuarto de pobladores de la excolonia). El 1º de julio, un grupo de jóvenes asaltó la sede del Parlamento y destruyó instalaciones, por lo que la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao en Pekín, calificaron el acto de “muy violento” y pidió a la autoridad local restaurar el orden social.

Bajo una mirada táctico-estratégica, el objetivo de la dirección de los movimientos de protesta es posicionarse políticamente ante las elecciones para Consejos de Distrito de noviembre y de los comicios parlamentarios en 2020. Esa visibilidad les serviría para ganar votos y presentar candidaturas independientes, según los planes de EE. UU.

Esta injerencia viola la Declaración Conjunta Sino-Británica que marcó el retorno de Hong Kong a China y evidencia la vocación imperial de EE. UU. y Occidente. En junio, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió con dirigentes “pro-democracia” de Hong Kong y abordó formas de combatir el tratado de extradición, según la vocera del DE, Morgan Ortagus.

Y el cuatro de julio, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, optó por escalar la disputa diplomática entre ambos países al amenazar a China “que podría afrontar ‘graves consecuencias’ por su trato a los manifestantes en Hong Kong”. De inmediato, el conservador Hunt, que aspira a suceder a la primera ministra, Theresa May, recibió respuesta de Pekín.

El vocero del Ministerio de Exteriores de China, Geng Suang, recordó al DE que “los asuntos de Hong Kong son pura y exclusivamente asuntos internos de China. Urgimos a EE. UU. a evaluar las enmiendas pertinentes y deje de intervenir –de la forma que sea– en los asuntos de Hong Kong y de China”.

A su vez, el embajador chino en Reino Unido, Liu Xiaoming, afirmó que Hunt ha dañado la relación bilateral y que es “hipócrita” que los políticos británicos critiquen la falta de democracia y derechos civiles en la zona especial cuando, bajo su mandato, tampoco hubo elecciones ni derecho a manifestarse.

De ahí la sorprendente conclusión del analista conservador Phillip Orchard de que los opositores pro-occidentales, disidentes del Partido Comunista, intelectuales y empresarios “Pueden tener su diversión, su capitalismo y su opulencia, pero no deben olvidar quién está realmente a cargo”.