Aún no se detiene el enorme flujo de migrantes desatado por el discurso “humanitario” del presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno, en el que prometía respeto a los derechos humanos, libre tránsito por México y hasta empleo; la realidad, es decir, la magnitud del problema unida a la exigencia del gobierno estadounidense de que la frontera mexicana funcione como un muro antiinmigrante obligó al Presidente a brindar un tratamiento completamente opuesto al que ofreció. Uno de los efectos más graves de este endurecimiento de la política migratoria es el mayor peligro que los migrantes tienen que enfrentar en su aventura.

Hoy, la Guardia Nacional tiene como una de sus principales tareas impedir el paso de los migrantes, detener y expulsar a los que logren ingresar a territorio mexicano. La persecución y la cacería, así como el trato inhumano que reciben es descrito por testigos presenciales del trágico accidente de un tráiler repleto de migrantes ocurrido en el estado de Chiapas el pasado nueve de diciembre.

Los responsables directos de esta tragedia no pueden ser otros que los encargados de impedir el paso de migrantes por la frontera sur de nuestro país. El hecho de que un tráiler transportando a más de 160 personas hubiera burlado todas las casetas de vigilancia, todos los retenes, el celo del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, además de ser un cuento para niños, es la evidencia de una larga cadena de actos de corrupción en todo el trayecto y prueba de la complicidad de algunas autoridades con la red de delincuentes que transporta desde hace mucho tiempo a migrantes centroamericanos hacia la frontera mexicana con Estados Unidos.

Son demasiados filtros los que hacen increíble, inaceptable, la versión de que las autoridades del país no tienen ninguna responsabilidad y que los migrantes son, por tanto, víctimas exclusivas de la delincuencia, que trafica con su necesidad y su anhelo de realizar el sueño americano.

La versión de testigos presenciales entrevistados por buzos, cuyo relato ofrecemos hoy a nuestros lectores, despeja cualquier duda que pudiera existir acerca de la responsabilidad del gobierno mexicano en el trágico accidente en el que perdieran la vida 57 personas y más de 100 resultaran lesionadas.

Habitantes de la colonia El Refugio, en Chiapa de Corzo, Chiapas, quienes auxiliaron a los heridos minutos después del accidente, dan una versión muy distinta a la “verdad oficial”; afirman, por ejemplo, que el gobierno niega la existencia de niños menores de 10 años y de bebés, que ellos vieron con sus propios ojos; difieren en el número de heridos que reporta el gobierno pues, al ser los primeros que brindaron auxilio a las víctimas, están seguros de que la cifra es incorrecta; finalmente, denuncian el silencio cómplice de las autoridades y de diversos medios de comunicación en torno a la cacería humana desatada por la Guardia Nacional contra los sobrevivientes que, después del accidente, se escondían aterrorizados para evitar la deportación.