El problema consiste en que la falsa conciencia puede profundizarse hasta el grado de paralizar la acción política.
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Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad fracciones de los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que establecían e un tope salarial para los servidores públicos.
De esta manera, el máximo tribunal decidió este lunes emplazar al Congreso de la Unión para que en el próximo periodo ordinario de sesiones, establezca el parámetro para el salario del mandatario y el resto de los servidores públicos. El Congreso tendrá un plazo de 90 días para legislar en la materia.
De acuerdo con los ministros, existe una discrecionalidad en los artículos invalidados respecto a la fijación del salario presidencial, pues no establece los parámetros que marca la Constitución.
La SCJN también invalidó los artículos 217 bis y 217 Ter del Código Penal Federal, que tipificaban el delito de remuneraciones ilícitas.
Aunque no se invalidó todo el decreto, la Corte determinó que eran correctos los argumentos formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores, demandando la invalidez de estas disposiciones.
Juan Luiz González Alcántara Carrancá, miembro del SCJN, dijo al emitir su voto, que es necesario dar certeza jurídica a los trabajadores del Estado. Por su parte, Alberto Pérez Dayán propuso invalidar la ley en su totalidad porque carece de elementos para establecer objetivamente la remuneración del Ejecutivo y no fija los conceptos de remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional.
"Es muy importante que le demos al Congreso el tiempo necesario para legislar porque es una batalla muy delicada y además es mucho lo que está en juego, en lo que se ha ponderado y un poco el malestar que existe en el aparato burocrático del Estado. Es que no se dan las normas y las pautas exactas, y eso generaría una gran tranquilidad en el sector burocrático de este país", dijo Carrancá.
Aunque siete ministros se pronunciaron a favor de invalidar la totalidad del decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2018, se requería una mayoría calificada de ocho votos, por lo que sólo se analizaron los artículos que ya fueron suspendidos.
La Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República fue aprobada por el Legislativo en septiembre del año pasado.
Se trata de una ley que fija un tope salarial, elimina las prestaciones, jubilaciones, créditos, préstamos y anticipos no contemplados en la ley y los pagos no autorizados.
El problema consiste en que la falsa conciencia puede profundizarse hasta el grado de paralizar la acción política.
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Escrito por Redacción