La mala relación o absoluta desavenencia entre verdad y política es un viejo lugar común.
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La lucha contra la impunidad en México no está dando los resultados prometidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con el informe de Percepción de Impunidad 2022, realizado por la encuestadora Impunidad Cero, los mexicanos creen que los delitos en el país siguen sin resolverse.
La presentación de la encuesta realizada del 29 de octubre al 5 de noviembre de 2021 a mil 19 jóvenes de 18 años y más, revela que la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es apenas del 1%, es decir, la gente no confía en que las autoridades sean capaces de esclarecer los delitos cometidos en México, esto produce que los ciudadanos, hartos de la impunidad, vea como una opción hacer justicia por su propia mano, como también lo advierte el documento.
El 46.2%, de los entrevistados consideró que la impunidad se ha mantenido, 32.8% asegura que ha aumentado y sólo 18.1% asegura que ha disminuido, pese al discurso de López Obrador.
Ahora bien, 6 de cada 10 mexicanos cree que la principal causa de la impunidad radica en el mal funcionamiento del sistema de justicia penal en el país, y advierten que existe corrupción desde los policías municipales y ministeriales, hasta los jueces.
Por otro lado, 38.8% de los encuestados está de acuerdo con que la prisión política influye en el esclarecimiento de los delitos en México, sin embargo, la analista Monserrat López aseguró que “lo que hemos visto” en estos últimos años “es que no necesariamente esta atención especial implica que los delitos se esclarezcan, muchas veces se quedan nada más en la nota mediática, resultado de que está en el ojo público y no necesariamente llegan a una conclusión”.
Es decir, la prisión política en México muchas veces es una simulación para controlar a la opinión pública.
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El 91%, equivalente a 59 mil 363.7 millones de pesos, corresponde a los recursos transferidos por la Federación a gobiernos estatales, municipales y organismos públicos.
En México, la población sin acceso a servicios de salud se duplicó entre 2018 y 2024 al pasar del 16 por ciento al 34 por ciento, lo que representa un retroceso en derechos sociales.
La propuesta será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y eventual discusión legislativa.
La entrada en vigor será paulatina: en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, de 42, y en 2030 quedará en 40 horas.
En Puebla, más de 3 millones de personas no cuentan con acceso a servicios de salud, equivalente al 47.3 por ciento de la población estatal.
Mientras senadores y senadoras accedieron a desayunos y comidas de hasta 750 pesos por persona, el personal de limpieza, jardinería y mantenimiento recibió un menú básico de 80 pesos, según contratos y partidas del gasto legislativo.
Varios de ellos trabajaron con Ricardo Monreal durante su gestión en la alcaldía Cuauhtémoc o en el Senado de la República.
El personal consular de protección desempeña sus funciones sin respaldo institucional y con desgaste profesional y emocional.
Los recortes afectan a personal con hasta 20 años de antigüedad y se suman a los más de cinco mil ceses registrados tras la llegada de jueces electos en 2025.
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Escrito por Fernando Landeros
Periodista