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Luis Miguel Barbosa, gobernador por Morena de Puebla comparte con sus predecesores el discurso constante sobre transparencia y la simulación en su cumplimiento, señaló Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
A Luis Miguel Barbosa, el primer gobernador de Puebla emanado de las filas de Morena, no le gusta la transparencia ni la rendición de cuentas. Comparte con sus predecesores —los panistas Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle, así como el priista Mario Marín Torres— la transparencia en el discurso y la simulación en su cumplimiento.
No le gusta, como tampoco le ha gustado a quienes estuvieron antes en la gubernatura, porque la transparencia implica que la ciudadanía tenga acceso a la información necesaria para poder vigilar y fiscalizar al poder.
Una de las preguntas recurrentes de la prensa poblana en las conferencias de prensa mañaneras que Barbosa inició a principios de marzo para informar sobre la evolución de la pandemia en el estado, ha sido sobre la información relativa al gasto destinado a hacerle frente al Covid-19, desde los montos asignados hasta los contratos celebrados. La respuesta, una y otra vez, fue “búsquenlo en la página de transparencia”; pero en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde los estados y entidades de los tres niveles de gobierno están obligados legalmente a REPORTAR LA INFORMACIÓN, O HAY MUY POCO O NO HAY NADA.
Por ejemplo, la Secretaría de Salud estatal reporta un solo contrato en el primer trimestre del año. Uno solo.
De hecho, en Puebla, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) ha mantenido, desde marzo pasado, una suspensión general en la atención de las solicitudes de información y la actualización de los portales de transparencia. Bajo este limbo, el gobierno de Puebla no ha reportado los gastos correspondientes al primer trimestre del año a pesar de ser una obligación legal, mientras que ni ciudadanos ni prensa pueden hacer uso de los mecanismos para acceder a la información.
Fue hasta que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción presentó por escrito, de manera presencial —bajo el derecho de petición, pues los sistemas electrónicos están suspendidos— y acompañado por más de 30 organizaciones de la sociedad civil, una solicitud de información sobre 29 puntos de interés, que el gobernador ordenó a regañadientes subir a internet la información relativa al Covid.
El 10 de junio, en su encuentro virtual con la prensa, Barbosa Huerta, la secretaria de Administración, Rosa Urtuzuástegui Carrillo, y el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez Díaz, anunciaron la puesta en operaciones de la página HTTP://TRANSPARENCIACOVID19.PUEBLA.GOB.MX. Un sitio que, dijeron, tendría actualizaciones permanentes y dividido en cuatro secciones.
Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano dio a conocer que se requieren 120 millones de pesos para preparar y llevar a la delegación nacional.
En México hay una manipulación y una esclavitud “mentales” operadas desde Palacio Nacional a través de los medios de comunicación y la entrega de dinero, cuya obnubilación es pagada con nuestros impuestos.
Scherer Ibarra sostuvo en la conversación que “lo que se está solicitando es que se dé un crédito adicional para terminar la elección, de 30 millones de pesos, lo que dice Julio Villarreal es: ya di 50 millones de pesos como crédito.
Estamos, pues, frente a un gobierno de demagogos y corruptos que, desde hace mucho tiempo, no habíamos tenido en México.
La reelección, acusó la diputada, “está contemplada en la Constitución, pero es ventajosa para ustedes de Morena, para las elecciones de 2021.
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Sheinbaum admitió que las reformas constitucionales que envió AMLO tiene prioridad.
La pobreza en nuestro país, la injusta distribución de la riqueza, que es el problema fundamental de nuestra patria, fue pasado a segundo o tercer término.
Los seis programas que representan la política social del presidente Andrés Manuel López Obrador tienen aprobado un presupuesto para este año de casi 180 mil millones de pesos, con el que busca beneficiar a 16 millones de mexicanos.
El Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría S. J." hizo un llamado al Senado de la República a rechazar el Dictamen de la Guardia Nacional
la visita
La comunidad de La Huexca –cuya población corresponde a mil habitantes– se ubica a no más de 500 metros de la Termoeléctrica. No es la única afectada por el proyecto de la CFE. En el estado de Morelos, el proyecto incluye a una decena de municipios.
En cuanto al gasto per cápita, de acuerdo con el mismo informe, México destina apenas mil 100 dólares por cada mexicano, 3.6 veces menos de lo recomendado por la OCDE.
Santiago Nieto usa el poder político de AMLO y fuera de cualquier procedimiento judicial, le dan la orden de que mienta y viole la Constitución.
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Escrito por Redacción