“Los llamo a que recapaciten, y piensen en ellos pero, sobre todo, piensen en sus familias; que piensen en sus madres, sus mamacitas… ¡Cuánto sufren las mamás por el amor sublime que se le tiene a los hijos¡ Y ellos, tienen que pensar en eso”, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cuando el pasado nueve de septiembre habló sobre la delincuencia en Tula, Tamaulipas, durante una gira por esa entidad. En Soto la Marina, combinando sus palabras con gestos pueriles de repulsión, aseguró: “Los estamos llamando a que le bajen y a que todos nos portemos bien… ¡Ya… al carajo la delincuencia¡ … ¡Fuchi¡…  ¡Guácala¡”.    

Especialistas de organizaciones dedicadas al análisis de los problemas de seguridad pública y violencia delictiva consideran absurdo y hasta peligroso tratar de ocultar la crisis de seguridad pública en México, donde ambos fenómenos asociados reportan un claro aumento, especialmente en lo delitos evaluados como de “alto impacto” social; tanto que  en agosto anterior, la cifra de homicidios dolosos llegó a dos mil 966; mientras que en enero, el número de estos asesinatos llegó a dos mil 849, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

“Estamos en la peor crisis de inseguridad. Está aumentando el número de víctimas reportadas de homicidio intencional, feminicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia en los primeros ocho meses de 2019 con respecto al mismo periodo de 2018”, alertó un reporte de la organización civil Causa en Común (CenC).

El primer trimestre de 2019 pasó a la historia obscura de México como el más violento y sangriento desde 1997, año cuando empezaron a hacerse las mediciones estadísticas de incidencia delictiva. Según las cifras oficiales, el acumulado delictivo en ese periodo fue de ocho 508 homicidios: dos mil 849 en enero; dos mil 803 en febrero y dos mil 856 en marzo.

En ocho meses, de acuerdo con informes del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad (ONC), que analiza continuamente datos del SESNSP, se produjeron 20 mil 286 homicidios dolosos entre enero y agosto; y 23 mil 724 de acuerdo con el análisis actualizado de la organización CenC. Los especialistas de este grupo compararon además esos datos con los de los primeros ocho meses de 2018, y hallaron un incremento del cuatro por ciento, ya que pasaron de 22 mil 891 a 23 mil 724; mientras que su proporción por cada 100 mil habitantes pasó de 28 a 29 casos.      

La analista de CdnC, Belem Barrera González, aseguró a buzos haber hallado un aumento de 12 por ciento en el delito de secuestro, después de comparar los datos del primer semestre de 2018 con los de 2019: “Hay un repunte de la violencia en todo el país, pero en algunos estados el incremento es mayor. Nos alarma el caso de Sonora, en donde se está reportando un aumento de dos mil 700 por ciento en secuestro ¡Es muchísimo! Y en otros estados también están aumentando, no al nivel de Sonora, pero sí están aumentando mucho. Sonora también es el estado con el mayor aumento de víctimas de homicidio”.   

El ONC reportó que en el primer semestre de 2019 la Ciudad de México se ubicó a nivel nacional “como primer lugar en robo a transeúnte y trata de personas; segundo lugar en robo con violencia y robo a negocio”. De acuerdo con datos oficiales, ocho entidades concentran 59 por ciento de los homicidios que hay en el país: Guanajuato (295); Baja California (273), Chihuahua (224), Estado de México (221), Michoacán (202), Jalisco (195), Veracruz (178) y Guerrero (177). 

Las “cifras negras”

La organización civil CenC afirmó que estos impactantes datos sobre la delincuencia podrían ser mayores si se toman las “cifras negras”, es decir los ilícitos cometidos que no son denunciados ante la autoridad y que, por lo mismo, carecen de registro oficial. “Los datos de incidencia delictiva del SESNSP muestran que hay estados que no están reportando los delitos. La crisis de seguridad es por ello más grave de lo que reflejan los números”, expone el informe de la CenC.  

Esta agrupación compara datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con los del SESNSP, y concluye que los asaltos en la calle o en el transporte público hay una “cifra negra” equivalente a 94 por ciento; que la extorsiones reportan 98 por ciento, y los robos a casa habitación de 89 por ciento.  

Sin embargo, el sistema de comunicación social del Gobierno Federal reitera que la inseguridad pública se está controlando, pese a la percepción ciudadana, de las organizaciones especializadas y aun de las instituciones públicas de Estado. Por ejemplo, en el informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSP) del Inegi, divulgado el 17 de julio (la próxima será el 16 de octubre), se informa: “73.9 por ciento de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro”.

De acuerdo con los analistas del ONC, los delitos de alto impacto mostraron una tendencia al alza desde 2017 y por ello la ciudadanía esperaba que el gobierno de López Obrador activara políticas públicas nuevas para revertir esa tendencia. “Sin embargo, contrario a eso, el accionar gubernamental no ha sido suficiente o adecuado para revertir la tendencia, y los delitos simplemente siguen su tendencia al alza; y esa es la razón por la cual en este momento tenemos delitos como el homicidio doloso, que claramente va al alza, y no se ve por dónde se pueda revertir esta situación”, indicó a este semanario el coordinador de la Red Nacional de Observatorios, Alejandro Corzo Téllez.

Coincidente con otros investigadores y analistas de organizaciones civiles, Belem Barrera aseveró categóricamente a buzos que no hay una estrategia gubernamental clara contra la inseguridad. La Guardia Nacional –explicó– no está capacitada todavía y realmente los cuerpos con más experiencia, que son las policías, están mal equipados y mal pagados.

“Pero además de los cuerpos de seguridad, también hay un problema con las autoridades. Si hay un problema grave y no hay una contención de éste, al final va a aumentar. Eso se puede anticipar, y no se está aplicando una prevención del delito, sino programas sociales con enfoque clientelar, muchos de ellos sin reglas de operación. Esto quiere decir que no tienen incluso directrices claras, son muy oscuros, entonces ni siquiera se puede medir el impacto que tienen. No puede haber buenos resultados en seguridad pública mientras la autoridad se esté enfocando solamente a la contención de las consecuencias sociales de la violencia”, explicó Belem.   

“No creo que el gobierno no tenga cuenta de la magnitud del problema, porque ellos cuentan con las mismas cifras que nosotros –datos del SESNSP–; entonces de que saben la magnitud, la saben, sin embargo, el tratamiento que se ha hecho del problema no ha sido el adecuado, simplemente porque no han sido capaces de definir políticas públicas que sean viables y tengan posibilidades reales de éxito.

“Hacer un llamado a las madres de los delincuentes e incentivar a la población a que se porte bien, pues la verdad es que, más allá del discurso, no sirve de nada. Por un lado hay que separar lo que es política pública de los discursos. Aquí lo malo es que simplemente nos estamos quedando en el discurso, y en la política pública no se está viendo esa contraparte que pueda disminuir los delitos”, mencionó por su lado Alejandro Corzo. 

buzos  preguntó a Corzo ¿qué es lo que pasando realmente en México cuando se habla del incremento delictivo y sus “cifras negras”, mientras el gobierno dice que el problema se está conteniendo.  

“Para solucionar un problema lo primero es reconocerlo. Lo que debemos exigir al gobierno federal es que acepte que hay una situación desfavorable y ya sobre eso empiece a trabajar. De nada sirve que pierda tiempo y energía en tratar de ocultar una realidad que es inocultable, porque al final del día, por más que se nos diga en los discursos que las cosas van bien, pues el ciudadano, que es quien vive el día a día, tenga una visión totalmente opuesta, porque esa es la percepción real. Entonces, uno como ciudadano se siente hasta insultado; por eso, insisto, se debe reconocer que el problema existe y dejar de estar jugando a querer dar atole con el dedo”, respondió Corzo.        

En seis meses

La noche del 19 de abril fueron masacradas 14 personas –entre ellas varias mujeres adultas y un bebé– durante un cumpleaños en un salón de fiestas de Minatitlán, Veracruz. El presidente López Obrador evitó abordar el tema ese fin de semana, pero el lunes 22 tuvo que hablar sobre la masacre durante una conferencia de prensa en el Puerto de Veracruz puerto. Su respuesta fue que la violencia criminal comenzaría a descender gracias a sus programas sociales y que en seis meses se notarían los resultados. Es decir, estos deberán mostrar una baja sensible el próximo 19 de octubre.

“Miren, yo creo que esto va ir mejorando mucho, considerablemente, en la medida que se vayan consolidando tres acciones. Uno, que se atienda a los jóvenes, para que la delincuencia no se esté alimentando, nutriendo de enganchar a los jóvenes, que los jóvenes tengan garantizado el estudio y el trabajo. En la medida que se vayan consolidando los programas sociales, en esa medida va a empezar a cambiar mucho el ambiente y se van a ir aislando los grupos de delincuentes, se van a quedar sin base social. Esa es una acción que se tiene que ir consolidando.

“Cuando ya todos los adultos mayores estén recibiendo su pensión, cuando las personas con discapacidad tengan su pensión, cuando todos los estudiantes tengan sus becas, cuando todos los jóvenes tengan trabajo, cuando se está produciendo más, se estén creando empleos, cuando haya más bienestar, va a bajar la inseguridad”, precisó AMLO.

¿Cuándo sería esto, Presidente, en qué fecha, más o menos?, le preguntaron.

- “Creo que en seis meses ya van a estar operando todos los programas. Eso es lo más importante de todo”, respondió. 

¿Seis meses a partir de esta fecha?, se le insistió

- “Sí, en este año”, respondió,  para luego explicar: “Es que ya, de ocho millones de adultos mayores, siete millones ya están recibiendo su pensión al doble de lo que recibían anteriormente”.

También habló de su plan de apoyo a jóvenes que no estudian ni trabajan (ninis), programa suspendido por inoperante el 1° de agosto de 2019. “En Veracruz 100 mil jóvenes van a tener trabajo como aprendices en seis meses; van a estar ganando, mientras se están capacitando, tres mil 600 pesos mensuales.

“Cuando tengamos presencia de la GN en todo el país, en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en San Andrés Tuxtla, aquí en Veracruz, en Xalapa, en Poza Rica, en Tuxpan, en el Pánuco, en todas las regiones, en la Sierra de Zongolica, que tengamos presencia suficiente, que haya elementos de la GN para proteger a la gente, entonces vamos a garantizar la seguridad pública. Eso es lo segundo, a lo que me refería.

López Obrador aseveró: “Y lo tercero, por eso les puedo hablar de seis meses, de este año, lo tercero es que ya la autoridad no es el problema, antes el problema era la autoridad, había que andar con la mano en la bolsa, cuidando la cartera cuando se visitaba una oficina pública, porque la corrupción estaba en el gobierno”.

Con todo y la Guardia Nacional

Los datos oficiales sobre la ejecución de actos criminales en el país destacan un avance de la delincuencia a pesar del inicio de acciones de la GN, la cual está integrada mayoritariamente con militares vestidos con uniformes de policía, su única diferencia con respecto a la participación del Ejército mexicano en labores de seguridad pública desde hace 20 años.

En 1999 Ernesto Zedillo (1994-2000) ordenó la creación la Policía Federal Preventiva (PFP), la cual estuvo activa 10 años, y en 2009 derivó a Policía Federal (PF) durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien la convirtió en corporación civil. La actual GN está formada medularmente por militares y algunos integrantes de la PF.     

“(…) Las prioridades del Gobierno Federal en cuanto a la seguridad pública no presentan modificaciones en el futuro cercano. La creación de la Guardia Nacional afirma la política de apoyarse en las fuerzas armadas para proveer de seguridad pública a la población. Aunque en la ley se define como una institución de carácter civil, su operación incluye elementos del Ejército y la Marina (…)”, informa Gasto Público en Seguridad. Una mirada a la ruta de los recursos, estudio conjunto de especialistas del ONC y del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). 

Aprobada la GN por el Congreso federal, el decreto apareció el 26 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). De acuerdo con su articulado transitorio, la corporación entró en funciones el 30 de junio con 52 mil elementos, los cuales fueron distribuidos en las 150 regiones estratégicas definidas por un mapa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Sin embargo, existe la versión de que la GN no ha alcanzado este número debido a que los efectivos de la PF se rehúsan a formar parte de esta institución.

El 12 de junio, el presidente López Obrador ordenó el despliegue de seis mil elementos de la GN para contener el paso a migrantes centroamericanos por la frontera sur y de un número desconocido oficialmente de los mismos en la frontera norte con Estados Unidos (EE. UU.). Todo esto en respuesta a un problema mayor. El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, había acordado el ocho de junio, en Washington, el lanzamiento de una operación enfocada a contener el paso de migrantes centroamericanos por México hacia EE.UU., eventualidad a la que meses atrás AMLO había convocado abiertamente a que vinieran porque tendrían trabajo y un hogar.

Con el despliegue de la GN se montó lo que algunos analistas consideran el muro antinmigrante proyectado por el presidente Donald Trump y comenzó la ejecución de una estrategia similar a la “migra” estadounidense, con sus habituales violaciones a los derechos humanos, lo cual ha sido denunciado por especialistas y organizaciones nacionales y extranjeras, entre ellas, la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En 90 días, el gobierno de López Obrador ha ofrecido a Washington, a través de la cancillería, reportes puntuales de estas acciones; y a su vez ha recibido el reiterado visto bueno de Donald Trump. El 10 de septiembre, representantes de más de un centenar de organizaciones no gubernamentales (ONG) mexicanas, divulgaron una carta que enviaron a López Obrador, en la que le expusieron:

“En estos 90 días, México ha avanzado en convertirse en el muro fronterizo del Presidente Trump. Es bien sabido que este muro responde a sentimientos racistas y xenófobos. Las tareas de contención que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional iniciaron tras el acuerdo de junio se traducen en retenes y revisiones arbitrarias, discriminatorias y, por ende, ilegales”.