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Antes de que el Covid-19 llegara a México, el desempleo y la informalidad laboral habían crecido aceleradamente, a pesar de las declaraciones oficiales que al inicio del presente sexenio hablaban de la creación de millones de empleos. La pandemia no hizo más que agudizar los problemas ya existentes y exhibir la incapacidad del Estado para procurar el bienestar de todos los ciudadanos; a su arribo, el Covid-19 puso al descubierto una serie de graves deficiencias que hace mucho tiempo venía sufriendo la sociedad mexicana: carencia de espacios hospitalarios exclusivos para esa enfermedad, falta del personal médico, el equipo y los insumos necesarios, todo en cantidades suficientes; y la inexistencia de un presupuesto destinado a su adquisición.
Al aumentar el número de contagios, otros problemas salieron a flote en todas las ramas de la actividad económica, entre los que destaca la inestabilidad laboral, que afectó a cientos de miles de trabajadores, despedidos cuando la clase patronal aprovechó con astucia las medidas obligatorias de aislamiento social para sacudirse el peso de las cuotas patronales y el pago de sueldos y salarios que podría disminuir sus ganancias.
Esta semana, buzos aborda el tema del impacto de la pandemia sobre la ocupación y el empleo en México. La clase trabajadora se enfrenta a una disyuntiva: contagiarse de Covid-19 o perder su fuente de subsistencia. Más de 31 millones de mexicanos laboran en la informalidad y solo 26.5 millones cuentan con un empleo formal, un contrato de trabajo y la seguridad social prevista en la legislación laboral.
La pandemia afecta a más de 57 millones de mexicanos, víctimas indirectas del Covid-19, pero directamente afectados por una política laboral que no vela por el interés mayoritario; sin haber contraído la enfermedad, unos sufren el desempleo y otros la disminución de sus ingresos por tener que permanecer en casa; y en todos persiste un doble temor: el de un posible contagio ante la imposibilidad de respetar la “cuarentena” o el de perder su empleo sin que ninguna autoridad los proteja o les garantice el respeto a sus derechos laborales y humanos.
Nuestro Reporte Especial recoge estadísticas que hablan de que en poco más de dos meses, muchas empresas han sabido aprovechar la pandemia para deshacerse de sus trabajadores; en este breve lapso se perdieron más empleos que los que se crearon en el primer año del presente sexenio. El punto medular de la estrategia oficial de combate a la pandemia se reduce a permanecer en casa y nada más que a permanecer en casa; pero esta “política sanitaria” no garantiza que los trabajadores conserven su empleo y su ingreso ni asegura la alimentación a quienes respeten el aislamiento. Funcionarios y dirigentes empresariales afirman que tal estrategia es incompleta y que el Plan de reactivación económica, anunciado por el Presidente apenas el cinco de abril, y en el que se contempla la creación de dos millones de empleos en los próximos nueve meses, no toma en cuenta la realidad, que marcha en sentido contrario.
Miguel Barbosa está reprobado como gobernador y sin cumplir aún el primer año de su administración no ha podido echar andar políticas públicas que le aseguren un desarrollo económico y político favorables al estado.
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Escrito por Redacción