Más de un año después de arrancar el Censo para el Bienestar fue concluido. El presidente Andrés Manuel López Obrador informo la semana pasada que publicarán los resultados. Sin embargo, no existen bases de datos, metodología de la encuesta, cuestionario, el alcance real de personas entrevistadas, entre otros. Especialistas coinciden que la finalidad del censo es para beneficiar a Morena con miras a las próximas elecciones.

Buzos publicó en febrero del 2019 el siguiente reportaje, ya desde esa fecha fue exhibido la finalidad y en la opacidad en la que se realizó el censo.  

El censo que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó levantar entre las 34 millones de familias mexicanas para integrar los padrones de los programas de la Secretaría de Bienestar, no solo se levantará en menos de cinco meses y carecerá de una rigurosa metodología científica, sino que además tendrá un objetivo evidentemente político-electoral: amarrar el voto de sus beneficiarios a los candidatos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en los comicios locales y federales que habrá entre este año y 2021.

Sin duda este objetivo político fue la razón porque presuntas encuestas para determinar a las personas y familias que recibirán tarjetas bancarias, en las que depositarán apoyos monetarios de 25 de los múltiples programas asistencialistas de la administración de AMLO, no fueran encomendadas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) -instancia gubernamental especializada en estudios socioeconómicos-, sino a personal militante de Morena y, posteriormente, a los superdelegados del actual Gobierno Federal. 

La decisión de AMLO de desechar los padrones de los programas asistencialistas que habían estado vigentes hasta noviembre de 2018 y de integrar su “propio padrón de beneficiarios”, se dio en octubre pasado cuando aún era presidente electo. Fue entonces cuando la senadora Olga Sánchez Cordero reveló que las huestes lopezobradoristas se estaban trabajando en el levantamiento de su propio censo para satisfacer las necesidades de cambio que hay en el país. “La gente está ávida de un cambio. Están casa por casa, familia por familia, recabando información de cuántos jóvenes, de cuántos adultos, de cuántos niños, de cuántas familias, de cuál es su problemática. Si tienen trabajo, si no tienen, si hay algún problema de algún integrante de su familia con algún tipo de discapacidad, van casa por casa, hogar por hogar”, aseveró entonces la actual secretaria de Gobernación.

Casi cinco meses después, según el propio AMLO, el avance del censo es considerable, ya que éste ha concluido en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, mientras que en el resto de las entidades el porcentaje de avance oscila entre el 80 y 90 por ciento.

En su conferencia del ocho de febrero, López Obrador aseguró que a la fecha habían sido visitadas 25 millones de familias. También informó que la responsabilidad de coordinar el censo recayó en los delegados estatales de programas para el desarrollo, conocidos como “superdelegados”, encargados de incluir o denegar a los beneficiarios en dichos programas.

Aseguran votos con apoyos 

El levantamiento del padrón de beneficiarios de los 25 programas que contemplará Bienestar fue realizado por 20 mil voluntarios afiliados a Morena, quienes en la mayor parte de las entidades de la República continúan su recorriendo por los hogares mexicanos. A cada uno de estos servidores tocó aplicar 40 cuestionarios diarios en jornadas de ocho horas.

De acuerdo con la experiencia laboral de los entrevistadores del Inegi, en específico los que participaron en la Encuesta Nacional de Hogares 2017, para levantar un censo en un país con 34.1 millones de viviendas, con familias integradas por un promedio de 3.6 personas y una población global de 123.6 millones habitantes, se requieren decenas de miles de encuestadores y mucho más de medio año, pues se trata de una “tarea titánica dada las dimensiones poblacionales” del país.

Daría Hernández Ramírez, doctora en estadística por la Universidad Politécnica de Cataluña, afirma que el ejercicio poblacional recientemente ordenado por el Presidente de México no es un censo sino un padrón y que aún puede haber fuertes dudas sobre su confiabilidad técnica. Para la doctora está clara la intención política para favorecer a militantes de Morena o para atraer y condicionar a quienes no lo son con base en los beneficios otorgados por los programas sociales.

Eso fue lo que ocurrió con Herminia Hernández, habitante de la comunidad de Ixcatlán, en el municipio hidalguense de Huejutla. A ella la visitaron los “servidores de la nación”, personas a las que conoce e identifica con el partido de Morena. Expuso sus necesidades -las mismas que padecen todos los habitantes de la región, pero después de casi media hora de contestar un cuestionario, no recibió respuesta acerca de la fecha en que recibirá una de las tarjetas que entregará AMLO.

“No nos dijeron nada, hasta ahora no han llegado los apoyos. Tenemos muchas necesidades: no hay drenaje, no está pavimentado y los apoyos de maíz que hemos recibido fue gracias a que nos organizamos; pero del censo nada”, dijo a este medio.

La doctora Hernández Ramírez ejemplificó el nivel de complejidad de un censo: “En un municipio urbano del Estado de México que cuenta con un padrón de 714 mil habitantes y 164 mil viviendas, trabaja una brigada de 350 censadores; les ha llevado cuatro meses visitar casa por casa. Cada trabajador aplica 15 encuestas por día, cada una tiene una duración de entre doce y 15 minutos, misma que depende de la cantidad de hijos de las familias; en caso de que tengan más de dos, la encuesta tarda hasta media hora en recolectar los datos”.

Previamente, el equipo con el que trabaja la doctora elaboró el mapeo, conocieron el terreno, elaboraron el cuestionario y capacitó a los aplicadores. Una tercera etapa es la recopilación de la información para después elaborar un análisis. “Está muy claro que el padrón de Andrés Manuel López Obrador es político, desde el manejo de la gente para aplicar las encuestas, no todos serán beneficiados. A fin de cuentas, serán ellos quienes definan a los beneficiarios, a Morena”.

Turbia transparencia

La Secretaría del Bienestar, que dirige Luisa María Albores, es la base de datos para las personas que serán beneficiadas. Sin embargo, quien coordina los trabajos de los “superdelegados” es Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, un cargo creado exprofeso en esta administración para enlazar a AMLO con los 32 superdelegados que operarán el millonario presupuesto asistencialista.

García Hernández ha trabajado con López Obrador desde que ocupó la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. Durante sus campañas de 2006 y 2012 fue el principal operador en la creación de asociaciones para la recaudación de fondos, entre ellos Honestidad Valiente A. C, No nos vamos a dejar A. C., Austeridad Republicana A.C, denunciaron en su momento el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otras organizaciones.

En 2017, tras la sucesión del sismo del 19 de septiembre, Morena creó el Fideicomiso Por los demás, en el que se manejaron 78.8 millones de pesos y por el que el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa de 197 millones de pesos, tras una denuncia por desviación de recursos oficiales interpuesta por otros partidos políticos. Finalmente, esta sanción fue revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para dirigentes partidistas de oposición y analistas políticos la reiterada demanda de transparencia de AMLO se incumplió en el caso del Censo de Bienestar, ya que este supuesto estudio se practicó sin informar sobre su metodología, cuestionario, programa de actividades, encuestadores y su capacitación, equipo tecnológico, recursos destinados, mapeo y base de datos, entre otros instrumentos estadísticos que se requieren para su ejecución, dijo Alfredo Elizondo González, director de proyectos de la asociación civil Gestión Social.

“Desde el punto de vista de la transparencia, lo ideal es que contaran con reglas de operación. El problema es que no hay una normativa en materia de programas de desarrollo social que obligue a estos programas tengan reglas de operación. Ojalá que se hagan públicos los lineamientos porque hasta el momento no se cuentan con ellos”, destacó.

Saúl Arellano, director editorial de México Social, asociación civil que busca incidir en la aplicación de políticas públicas con transparencia, coincidió con Elizondo en que este asunto es conducido con opacidad por la Secretaría del Bienestar pues “diseña la operación de sus programas con base en información parcial y sin validez estadística probada”.

Antes de la asunción de López Obrador a la Presidencia, la senadora Indira de Jesús Rosales San Román propuso en el Senado un punto de acuerdo dirigido a su equipo de transición, para solicitar un informe “detallado sobre el procedimiento, la metodología y el costo para llevar a cabo el llamado Censo de Bienestar para identificar a los beneficiarios de programas sociales durante su sexenio”. No obtuvo respuesta.

En entrevista con buzos, la legisladora aseguró que “en este gobierno hemos visto un exceso de opacidad y una carencia absoluta de transparencia en lo que va de los primeros días, casi tres meses de esta administración. Tal pareciera que probablemente éste sea el momento en que tengamos un mayor uso clientelar de los programas sociales en toda la historia de nuestro país; probablemente, incluso, más grave que en el momento de prosperidad del propio PRI, que fue lo que tanto criticamos respecto al mal uso de estos programas sociales. Todo parece indicar que estos nuevos programas sociales van tendientes únicamente a generar un clientelismo”.

Los analistas sugieren que como el equipo de transición arrancó el levantamiento de los futuros beneficiarios de los programas gubernamentales cuando Morena aún no tomaba las riendas de la Presidencia de la República, lo más probable es que los beneficiarios de Bienestar sean los militantes del padrón del partido de AMLO, pues es difícil que sus encuestadores tuvieran acceso a los datos de los mexicanos “más pobres”.

La senadora panista por el estado de Veracruz coincide con esta deducción, pues ante la carencia de información oficial sobre cómo se está realizando el censo, no es posible suponer que Morena y su gobierno hayan censado tan rápido a millones de personas en todo el país. 

Rosales San Román coincidió con otras voces en el sentido de que ninguno de los 25 programas sociales de Bienestar va encaminado, ni en el mediano ni largo plazo, al combate a la pobreza. “No hay una propuesta paralela a la entrega de dinero, que realmente cambie la vida de las personas a través de la educación, de empleos más remunerados”, añadió.

Por su parte, Julio Santaella, director del Inegi, explicó a buzos: “Lo que el Presidente presenta como ‘censo’ incumple las características metodológicas y de rigor científico; menos existe información que permita analizar sus reglas operativas y la validación del mismo. Lo que recaba es un padrón de beneficiarios”.

“No lo considero un censo. Para mi constituye la integración de un padrón de beneficiarios; entiendo que tiene por propósito identificar a una serie de personas que vayan a recibir algún beneficio; no tengo comentario respecto al rigor o los criterios con los que se está conformando, pues desconozco cuáles son sus reglas”, agregó.

Y es que un censo requiere de una preparación previa y detallada, y de la selección de profesionales. Un ejemplo de trabajo riguroso y científico es el que elabora el Inegi, cuyo diseño, aplicación y procesamiento de información se lleva a cabo en un año, según sus referentes que datan de 1930.

Para muestra del trabajo minucioso en el levantamiento de un censo, el Inegi dio a conocer que ya se encuentra preparando el Censo de Población y Vivienda 2020, el cual requerirá de una prueba piloto que se pondrá en marcha en el tercer trimestre de este año.

El documento de la prueba cuenta con el calendario de trabajo, los universos de estudio, la estructura organizacional y la plantilla operativa, con la finalidad de “determinar si los procedimientos para la ejecución de cada una de las etapas y procesos del censo son adecuados, si las soluciones tecnológicas y de comunicaciones que se implementarán son escalables, seguras, accesibles y lo suficientemente sólidas para utilizarse en el próximo censo”, puntualizó el director.

La Ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía dictamina que únicamente el Inegi tiene la facultad para realizar un censo nacional. Por lo tanto, AMLO se encuentra “integrando un padrón de beneficiarios y no corresponde a la categoría de censo”, concluyó el director del Inegi.