“Cuídense”, les escribí en un mensaje a algunos de mis compañeros y amigos el pasado miércoles 19 de mayo, “la pandemia no cede, en las últimas 24 horas hubo dos mil 713 casos nuevos, el mayor incremento desde que inició la contingencia” y les aclaraba que se trataba de datos del Gobierno Federal que han sido severamente cuestionados por expertos que los califican de reducir el problema a su mínima expresión, entre otras importantes razones, porque no se hacen pruebas que corroboren los casos de infectados y los casos de sanos con mayor precisión. Así de que según datos oficiales, estamos en el punto más peligroso… hasta ahora.

Les reitero a mis posibles lectores: “cuídense”. La pandemia está más agresiva que nunca, ya rebasamos a China en la cantidad de muertos y, a pesar de ello, el Gobierno Federal ya llamó a suspender la alarma y el confinamiento de la población. ¿Por qué el desconfinamiento si no hay razones sanitarias? Porque hay poderosas razones económicas y políticas ¿Y si hay muertos? Pues los habrá y serán considerados meras estadísticas, daños colaterales, como dicen en la guerras. Noticias de la página Eje Central del 20 de mayo dicen: “Alrededor de 70% de la población de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se encuentra en un rango de riesgo que va de ‘muy alto’ a ‘crítico’ y solo 9.6% se localiza en áreas de fragilidad ‘media’, revela el Índice de Vulnerabilidad Urbana ante Covid-19, elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)”. Ojo, siete de cada 10, en un rango de “muy alto” a “crítico”; muy de pensarse.

No deberá olvidarse que, por una parte, a las empresas grandes, medianas y pequeñas, más señaladamente a las medianas y pequeñas, se les negaron los apoyos gubernamentales para que pudieran resistir mejor y por más tiempo la paralización de la economía, estamos hablando de negocios legales que tienen, en nuestro modo de producción, todo el derecho a existir y a quienes el gobierno tiene como obligación prestar todas las condiciones para que subsistan y funcionen; se ha hecho en muchos otros países. El Estado tiene precisamente sus orígenes y su razón de ser y existir en el apoyo que debe prestar a los dueños de los medios de producción. No hacerlo es desafiarlos.

Tampoco deberá olvidarse que a la clase trabajadora también se le negaron los apoyos, se les negaron a los despedidos de las empresas en las que tenían un empleo formal y se les negaron a los empleados por su cuenta, a los millones de trabadores del empleo informal, al 56 por ciento de la población económicamente activa que no podía salir a trabajar. Y si hemos dicho que el Estado tenía y tiene obligación de ayudar a los empresarios que cuentan con mayores recursos para atravesar el confinamiento y la paralización de buena parte de la economía, con mayor énfasis y razón tendremos que exigirlo para los trabajadores formales e informales que son la parte más vulnerable de la población. “Nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la Cuarta transformación”, dijo el pasado tres de abril el presidente López Obrador, o sea, desde siempre sus decisiones se han atenido a sus intereses políticos. Muy claro.

No paso por alto que el Gobierno Federal tiene, desde antes de la pandemia, un programa de Transferencias Monetarias Directas a una parte de la población más vulnerable. Pero no omito señalar que es muy insuficiente, ya no solo para atender la pobreza que ya existía antes de la pandemia, sino para atender la pobreza que ha generado y todavía va a generar. Se trata de 22 millones de beneficiarios que son incluso menos de los que estaban inscritos en el Programa Prospera, y muchos de ellos gastan dinero y pasan las de Caín para cobrar unos cuantos pesos. De acuerdo con cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el México post-pandemia habrá unos 80.5 millones de personas en condiciones de pobreza o pobreza extrema; y revertir esta situación nos tomará, según el organismo, al menos 13 años. Las ayudas en rigor son, pues, pocas y malas.

No quiero dejar de denunciar el caso de dos mujeres indígenas del municipio de Chilchota, en la zona de la Cañada de los Once pueblos, que tuvieron que salir a las tres de la mañana en viaje a Cherán, a 45 minutos de su lugar de origen, para cobrar su ayuda del Programa Bienestar; contrataron un taxi colectivo que cobra 250 pesos de ida y 250 pesos de vuelta (que entre cuatro pasajeros resulta a 125 pesos por persona el viaje redondo), llegaron a hacer una fila de cerca de 100 personas a las cuatro de la mañana, pasaron a cobrar su dinero a las tres de la tarde (porque resultaron ser de los 45 agraciados que serían atendidos, no sin antes responder, durante media hora, una encuesta) y salieron cerca de las cuatro de la tarde con mil 600 pesos cobrables cada seis meses.

Se labró, pues, la llegada de este momento: el desconfinamiento sin que la pandemia haya pasado. Las empresas no aguantan más y la población trabajadora tampoco. Hay, desgraciada y comprensiblemente, mucha presión para suspender la paralización de las actividades. Y con más gente, casi una cantidad normal, circulando y laborando, habrá más desgracias que lamentar. Los servicios médicos, por su parte, no son ni suficientes ni adecuados. Se sigue informando de personal de la salud que protesta porque no tiene la protección mínima para ejercer su labor y, como tienen absoluta razón, se sigue sabiendo que el gremio de la salud ya registra la mayor proporción de bajas entre la población.

En esas condiciones, a nadie debe sorprender, y menos al Gobierno de la República y a los gobernantes que pertenecen a su partido, que la gente salga a la calle a reclamar atención médica adecuada y digna, a exigir equipo y material para los trabajadores de la salud, a demandar despensas y comida para los trabajadores sin empleo, entre los cuales habrá que añadir al millón 200 mil jóvenes que, durante este año, llegarán a la mayoría de edad y no encontrarán trabajo. Tendrán que ser épocas de tolerancia pero, sobre todo, de soluciones. No olvidemos que la riqueza de este país, que es la economía número 15 del mundo, la producen con sus manos los hijos e hijas, los padres y las madres de todos los que acuden a que la autoridad, encargada temporal de administrar el presupuesto del país, les atienda sus necesidades. Repudio total a personajes como la presidenta morenista del municipio de Huejotzingo, Puebla, Angélica Alvarado Juárez, quien mandó detener y golpear a tres ciudadanos que le reclamaban apoyo. La señora es de los inteligentes que pretenden apagar el incendio con gasolina.