José Omar se levanta, de lunes a sábado, entre las 7:00 y las 8:00 porque trabaja en la venta de pozol (bebida tradicional chiapaneca elaborada con cacao) con Paco, quien conduce un triciclo y recorren dos colonias de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado.

Con 13 años y originario de esta ciudad capital de Chiapas, José Omar no tiene más alternativa que trabajar, pues no ha cursado ni el preescolar. “No sé leer, ni escribir”, lamentó.

Aunque tiene deseos de prepararse y convertirse en electricista, como su papá, José refiere que, por el momento, tiene qué vender para ganar, en una jornada de cinco o seis horas al día, entre 100 o 150 pesos, y con ello aportar un poco para su casa; pues el recurso es insuficiente, ya que su padre apenas gana para vivir; mientras, su madre se dedica de lleno al cuidado de su casa.

A diferencia de él, sus dos hermanos, que también son menores de edad, sí han avanzado en sus estudios; aunque tienen que trabajar por las condiciones precarias en las que viven.

Pero para José Omar, no todo es trabajo: por las tardes busca a sus amigos para jugar futbol o distraerse con pláticas. No obstante, debe volver a su realidad… recorrer las colonias Industrial o Los Pájaros para ofrecer el pozol de cacao, como lo hace desde que tenía nueve años.

En Chiapas, una de las entidades con mayor pobreza en el Sureste y en todo el país, hay miles de niños que, como él, deben salir a las calles para buscar el pan de cada día.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), señalan que nueve de cada 10 niños y adolescentes viven en pobreza; Chiapas tiene una de las tasas de mortalidad infantil más altas debido a la desnutrición, la diarrea y las infecciones respiratorias y cuatro de cada 10 no cuenta con acta de nacimiento por el analfabetismo de sus padres.

Como José Omar, el 14 por ciento de las personas de tres a 14 años tienen rezago educativo, es decir no cursaron la educación básica; según datos del estudio La infancia cuenta 2021, el 18.9 de los infantes entre seis y 14 años no sabe leer ni escribir un recado simple, es decir son “analfabetas funcionales”.

Jennifer Haza Gutiérrez, directora general de “Melel Xojobal” –organización civil dedicada, desde 1997, a defender los derechos humanos de niños y adolescentes trabajadores, sobre todo de los pueblos originarios– reveló que el estatus educativo empeoró a partir de la pandemia de Covid-19.

Y fue así porque muchos abandonaron la escuela para trabajar y aportar ingresos a sus familias y en condiciones laborales precarias, aun cuando se emplearan en comercios establecidos.

En San Cristóbal de Las Casas, donde es más notoria la presencia de niños, niñas y adolescentes vendiendo frutas, artesanías y vestidos indígenas tradicionales en calles y plazas públicas del centro y en los ejes viales.

Jorge, el “multioficios”

Jorge Fernando tiene 14 años; pero desde los seis se ha dedicado a trabajar en varios oficios: primero fue chalán de una ferretería, luego en un taller de hojalatería y pintura, más tarde en una carpintería y últimamente como mesero en una cenaduría.

Trabaja desde muy pequeño porque su padre abandonó a su madre cuando él nació. Su madre se siente muy orgullosa de él porque aporta no solo dinero a su hogar sino porque, además, costea por sí mismo sus libros y útiles escolares, pese a que el ingreso más alto que ha recibido son 200 pesos.

A diferencia de José Omar, acude a clases en una secundaria del lado nororiente de Tuxtla Gutiérrez, de donde es nativo. En esta escuela cursa el tercer grado y “si Dios se lo permite”, como él afirma, continuará sus estudios hasta formarse como maestro de español.

Interrumpió su actividad laboral debido a que fue reemplazado como mesero; pero ahora está buscando un trabajo con el cual cubrir sus necesidades y las de su casa.

Como si tuviera el propósito de demostrar su dinamismo y sus inquietudes, el joven mostró al reportero de buzos una cama de madera que él mismo construyó basándose en documentales y le ofreció un vaso con limonada que él prepara.

Jorge Fernando es también muy solidario; tiene un amigo pepenador al que ayuda a juntar botellas de plástico o latas que encuentra tiradas en la calle.

“M’ijo cocina mejor que yo; y aprendió solo”, explicó Claudia Cruz, su madre, quien ahora está desempleada porque su hermano desapareció desde hace ocho meses y ella se dedica a buscarlo; además reveló que hoy vive gracias al apoyo económico que recibe de otros familiares.

Advierte que su hijo es muy valioso porque, desde los cinco años, la ayudó a cuidar a su hermanita; además de que lava la ropa y cocina mientras ella va a trabajar. “Nunca me he preocupado, porque sé que él sabe hacer las cosas y las hace bien”, aseguró.

Claudia, como muchas madres solteras, no ha conseguido pensiones para sus hijos; y no piensa buscarlas más porque no tiene la capacidad económica para pagar un abogado.

Trabajo infantil prohibido

A pesar de que el 78 por ciento de los chiapanecos vive en pobreza y pobreza extrema, según el Coneval, algunas de las autoridades estatales ven el trabajo infantil como un “lastre” social.

En noviembre del año pasado, la Secretaría de Economía del estado de Chiapas realizó una campaña mediática para exhortar a las empresas locales a no emplear mano de obra infantil a cambio de otorgarles un distintivo.

David Zamora, titular de la dependencia, sugirió a la población no aceptar los servicios de un niño o niña “bolerito”, “chiclero” o “limpiaparabrisas”, entre otros oficios, para no fomentar más dificultades.

Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, solo en Tuxtla Gutiérrez hay cerca de cuatro mil 500 infantes trabajadores o en riesgo de serlo. De ahí la importancia, justificó, de incentivar a las cerca de 35 mil unidades de comercio para que no los empleen.

“El distintivo nos permitirá identificar estos negocios, promocionarlos e ir a consumir productos o servicios con la garantía de que no trabajen ahí niñas, niños o adolescentes; es una respuesta local que damos para sumar a los sectores públicos, privado y social”, puntualizó Zamora, quien además anunció que los distintivos serán otorgados a partir de este mes.

Para Jennifer Haza, de “Melel Xojobal”, más bien se requiere generar políticas públicas, acciones y programas que mejoren las vías de acceso a sus derechos y no pensar en que dejen de trabajar, “porque eso no contribuye en nada a mejorar el nivel de vida de las familias, ni el acceso a sus derechos, ni al bienestar de niños, niñas y adolescentes”.

Por desgracia, reveló, en algunos municipios, las autoridades insisten en criminalizar o estigmatizar a los infantes y a sus familias, principalmente a los que trabajan en espacios públicos.

Pero resulta lamentable que las autoridades carezcan de políticas públicas a niveles municipal o estatal, que garanticen a los infantes sus derechos a la salud, educación, alimentación, entre otros aspectos de la vida.