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Migrantes michoacanos huyen de la violencia y crisis económica
El fenómeno migratorio en la entidad está estrechamente ligado a la falta de oportunidades, la necesidad de empleos; y la falta de seguridad en municipios como Apatzingán, Uruapan y Aguililla.
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México representa al corredor migratorio más transitado del mundo debido a que Estados Unidos (EE. UU.) es el principal destino, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En el territorio mexicano, además de migraciones de origen y tránsito, se producen las de destino y retorno, que se generan cuando las personas se mudan para quedarse a vivir en otro país (inmigración) o para habitarlo solo temporalmente (emigración). Este último concepto incluye a otros seres vivos y el cambio hacia otras regiones de un mismo país extraño.

En el caso de la emigración mexicana, se suponía que los flujos obedecen únicamente a problemas económicos; pero investigaciones recientes han revelado que se deben también a la mala aplicación de leyes, inseguridad pública, elevación de impuestos, malas condiciones climáticas y conflictos sociales.

En esta situación se halla el estado de Michoacán, de cuyo territorio migraron 110 mil 781 personas entre 2015 y 2020 hacia otras entidades, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

 

 

En 2018, Silvano Aureoles, entonces gobernador de Michoacán, declaró que cerca de cuatro millones de michoacanos radican en EE. UU., “casi otro Michoacán en cuanto a población se refiere”, reconoció con alarma.

El fenómeno migratorio en la entidad está estrechamente ligado a la falta de oportunidades de los ciudadanos, a la necesidad de empleos con salarios justos y mejores condiciones de vida y a los graves problemas de seguridad pública en municipios como Apatzingán, Uruapan y Aguililla, entre otros.

En el bienio 2014-2015, Michoacán fue la entidad nacional con más movimientos sociales, con un promedio migratorio de 136.1 por cada 10 mil personas; seguida de Zacatecas (115.8) y Guanajuato (108), de acuerdo con el Inegi. El reporte de una investigación internacional informó que, en un año de ese bienio, salieron de Michoacán 50 mil 770 personas hacia otro país y que 94 de cada 100 viajaron a EE. UU.

Un informe sobre la migración de michoacanos hacia EE. UU., generado en la sesión ordinaria de la Comisión de Organización Electoral del Congreso de la Unión, detalló que 23 de los 113 municipios de la entidad (el 20.3 por ciento) tienen un grado de “intensidad migratoria muy alto”.

 

Inseguridad, la causa principal

Michoacán es una de las entidades donde se ha demostrado con claridad que ha fracasado rotundamente la estrategia de seguridad pública “abrazos y no balazos” del Gobierno Federal.

La encuesta que el Inegi efectuó en 2022, sobre Victimización y Percepción de Seguridad (Envipe) en Michoacán, reveló que 54.8 por ciento de la población mayor de 18 años considera la inseguridad pública como el problema más importante que aqueja hoy en día a esta entidad federativa, debido a que en ésta abunda la violencia delictiva.

Este año, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que para su administración es prioritario brindar atención a los migrantes desplazados por la violencia en la región de Tierra Caliente y a los cientos de familias que se encuentran varadas en Tijuana, Baja California.

 

 

En este caso se trata de decenas de familias que, como víctimas del acoso criminal, emigraron a la frontera norte y necesitan apoyo económico, protección física y asesoría jurídica para lograr asilo en el país vecino del norte.

En esta situación se hallan ocho parejas michoacanas que actualmente viven en un albergue y donde, en febrero de este año, contrajeron matrimonio religioso después de huir de la violencia delictiva en sus municipios de origen.

Monserrat Godoy, activista del albergue Pro Amore Dei en Tijuana, informó a los medios de comunicación que estas parejas tenían la esperanza de casarse en sus pueblos originarios, pero debieron huir por motivos de inseguridad pública.

Sandra, una de las migrantes recién desposadas, comentó: “jamás imaginamos casarnos lejos de nuestra familia, mucho menos de nuestra tierra; pero vimos la oportunidad y aquí estamos buscando seguridad y una mejor calidad de vida”.

El Censo de Población y Vivienda (CVP) de 2020 informó que entre 2015 y 2020 hubo 251.5 mil migraciones a causa de la inseguridad y la violencia delictivas reinantes en las 32 entidades del país; y que ocho mil personas fueron nativas de Guerrero y Michoacán, estados con altos niveles de violencia provocados por disputas entre grupos criminales.

Joel M., michoacano que actualmente reside en EE. UU., confió a buzos que fue la inseguridad pública el problema que obligó a su esposa y a él a abandonar el estado hace más de 10 años; y que actualmente llegan muchos paisanos de su entidad y de otros estados.

“Me fui de Michoacán en el gobierno de Felipe Calderón: desde ese sexenio y hasta ahorita ha estado cabrón por la violencia. Me fui a EE. UU. por la inseguridad. Me voy un año para el otro lado y me vengo a Michoacán un mes a estar con mis hermanos y con mi mamá. Ahorita en unas dos semanas nos regresamos a California. Ya nuestra vida está allá, del otro lado.

“En 2008 vivía en Apatzingán; allá la violencia se hizo ‘normal’ y con miedo aprendimos a lidiar con eso. Trabajaba con un conocido y ahí vivía con mi esposa. En diciembre de 2010 agarraron a uno de los jefes de un cártel pesado, normalmente siempre estaba feo y había quemas de carros o balaceras; pero ese día se oían los disparos por todos lados. Con mi esposa agarramos a los niños, nos metimos al baño y nos tiramos al suelo; los ruidos de los balazos se oían muy fuerte. Puedo asegurarte que no eran de cualquier arma que se compra fácilmente. El corazón se me partió cuando esa noche no pude consolar a mi nena; tenía como cuatro años y no dejaba de llorar; el miedo de ella contagió a su hermano que tenía siete; el niño llorando me gritaba que agarrara a su mamá que nos iban a matar, que él ya no quería estar ahí, que nos fuéramos a vivir a otro lugar. El estómago se me revolvió, hablé con Janeth, mi esposa, y en cuanto pudimos como a las dos semanas nos salimos de ahí y nos venimos para Morelia con unos familiares, pero estaba igual la cosa ahí. Recuerdo que seguido había amenazas de bomba y toques de queda y mejor nos salimos del país.

 

 

“Fue una experiencia traumática para todos; estar en Tierra Caliente es para valientes. Y no te creas, por cosas que me platican mis hermanos y mi madre estar en Michoacán no es cualquier cosa. Sí, es muy bonito y tiene cosas muy padres, cultura y todo; pero hay mucha inseguridad. No volvería a tener a mi familia en un lugar con tanta inseguridad. Allá en California mis hijos reciben buena educación, hablan bien el inglés y el español, y se adaptaron muy bien. Extraño mucho a mis carnales y a mi madre; pero no volvería a arriesgar a mi familia a que vivan algo similar por lo que ya pasaron”, lamentó finalmente el señor Joel.

 

También la crisis económica

La migración funciona también como “una válvula de escape” de las crisis económicas para los trabajadores mexicanos. En Michoacán, la situación es cada día peor debido al desempleo por el cierre de muchas empresas, y por el acoso fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), factores que contribuyen a que crezca la inseguridad pública y la violencia común y organizada, denunció el senador panista Salvador Vega Casillas.

A los factores arriba señalados, agregó el legislador, se suma la crisis de deuda del gobierno del estado, porque carece de recursos financieros para pagar medicamentos y otros insumos médicos en los hospitales del estado; y para cubrir las nóminas como ocurrió con los salarios de los integrantes de la recién creada Policía Rural.

 

 

Además, muchas empresas medianas y pequeñas son objeto de sistemáticas revisiones fiscales por la SHCP, que por cualquier descuido burocrático las sitúa en una posición de sobrevivencia y, en numerosos casos, las orilla al cierre definitivo, destacó Vega Casillas. Steffany Heredia, originaria de Morelia, con licenciatura en artes visuales, cuenta con detalle a buzos su experiencia de vida profesional:

“En cuanto terminé la carrera en Artes Visuales encontré trabajo en un despacho de arte y diseño, muy mal pagado y explotado en Morelia; además, comencé a hacerme publicidad y hacía sesiones fotográficas para parejas y así sacaba un ingreso extra. Un día visité a mis tíos en Querétaro y supe que estaban solicitando personal para diferentes museos, pregunté por el salario y gano el doble de lo que me pagaban en el despacho. Sigo haciendo fotografías y sesiones y eso me ayuda bastante, pues en Querétaro ya soy independiente, rento mi casa y pago gastos yo sola, cosa que en Morelia no pude hacer”.

Por esta misma situación han pasado los migrantes michoacanos que hoy viven en otros estados de la República o en EE. UU., y que ahora cuentan con ingresos excedentes para enviar a sus familias que aún viven en sus lugares de origen.

“Todo migrante viene a EE. UU. con el sueño de ganar bien, de mandar dinero para hacer feliz a su gente; pero poco se sabe de lo que acá vivimos. Primero, los que no tienen papeles se la ven difícil para pasar; estando acá inicia la búsqueda de trabajo; si uno tiene aquí familia o amigos que lo reciban está más fácil, si no y si uno lleva dinero, pues inicia la búsqueda de un cuarto, albergue o hasta una calle para pasar las primeras noches. Depende de la suerte y del dinero con el que llegues; después a chambear, aguantar jornadas de trabajo pesadas, unos bajo el Sol, otros aguantando gente grosera o jefes que exigen demasiado. Después, el choque de cultura, uno debe adaptarse a la gente y no es fácil porque las costumbres sí cambian mucho. No a todos les va bien, a unos los agarra la migra y unos no aguantan porque está pesado y porque sí es difícil; y se regresan decepcionados y tristes, porque regresan a lo mismo, a un estado o a un municipio que no les ayuda a salir adelante”, lamentó a buzos en videollamada el señor E. Cedeño, migrante michoacano en EE. UU., quien trabaja en una fábrica productora de alimentos en South Gate, California.

Las adversidades que enfrentan los migrantes, de las que poco se habla, son violaciones a los derechos humanos, discriminación, falta de condiciones equitativas de trabajo, poco descanso y disfrute de tiempo libre y carencia de servicios de salud laboral y seguridad física, entre otras.

Son pocos los migrantes que encuentran trabajos dignos que les permiten mejorar su situación social y económica; y muchos son víctimas de la explotación laboral. Con respecto a este problema, François Crépeau, relator de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), revela lo siguiente en un informe de trabajo:

“Los migrantes señalan que sus empleadores los discriminan por distintos motivos, como lo son la nacionalidad, la raza o el género. En relación, por ejemplo, con la remuneración, el número excesivo de horas extraordinarias, las posibilidades de ascenso, el acceso a la asistencia sanitaria y los despidos injustificados. A veces se obliga a los migrantes a someterse a la prueba del VIH, lo cual está prohibido en virtud de la Recomendación de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) sobre el VIH y el Sida, 2010 (Nº 200). Los migrantes, en situación tanto regular como irregular, trabajan a menudo en condiciones precarias y discriminatorias, con contratos temporales que no les dan derecho a servicios de seguridad social. En ocasiones son objeto de malos tratos verbales, físicos y sexuales en el lugar de trabajo”.

 

 

Bety Camargo, coordinadora estatal de la Reforma de Inmigración para la Alianza de Texas (RITA), organización que brinda apoyo legal a las comunidades de inmigrantes, ha denunciado en medios informativos que “mucha gente trabaja hasta tres trabajos para mantener ‘la nueva vida’; y también tratar de mandar un poquito de lo que se pueda a su país de origen… los migrantes sufrimos mucho por ese sueño americano”.

Un estudio realizado en 2020 por el Centro de Investigaciones Pew Research Center reveló que la ocupación más común de los inmigrantes en EE. UU. es la agricultura, pues cuatro de cada 10 trabajadores laboran en el campo. Otro de los trabajos más frecuentes es la construcción, en la que se ocupa el 13 por ciento de los migrantes con empleo. Los indocumentados son empleados por empresas de alimentos, servicios de limpieza y albañilería.

Una de las consecuencias positivas de la emigración connacional en EE. UU. para México es el envío de remesas enviadas a sus familias, cuyos integrantes las utilizan para la satisfacción de necesidades básicas como alimentación, ropa, educación y salud. Además, las remesas son el principal motor de la economía en los municipios y comunidades de los estados con mayor expulsión laboral hacia el país vecino, entre los que predomina Michoacán.


Escrito por Laura Osornio

colaboradora


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