Elvia Noemí, de origen guatemalteco y una de las 104 personas que sobrevivió al trágico accidente del nueve de diciembre en la carretera Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, se halla contenta porque pudo salvar su vida, pero triste porque varios de sus compañeros de viaje perecieron y no pudieron cumplir el “sueño americanoˮ.

Tiene 16 años y espera convaleciente su alta en el hospital anexo de la Cruz Roja Mexicana en Tuxtla Gutiérrez, la capital de la entidad sureña. Cuenta que aún le duelen la pierna y la cabeza, pero su dolor más grande le oprime el pecho y genera un nudo en la garganta: es el recuerdo de la volcadura del tráiler que transportaba 160 indocumentados.

En Tecpan, su comunidad de origen, dejó a su madre y dos hermanos, porque pretendía alcanzar a su padre en Estados Unidos (EE. UU.) para trabajar, ahorrar y enviar dinero para mejorar su calidad de vida. Quería construir una casa y ayudar a su familia para que sus hermanos terminaran de estudiar.

Pero este proyecto se cortó de pronto. El accidente la puso cerca de la muerte y ahora, igual que otros lesionados, espera recuperarse en uno de los hospitales habilitados para atender la emergencia y se halla en la incertidumbre sobre su futuro próximo, pues no sabe si podrá continuar su camino hacia el norte de México.

Eduardo Morales, también guatemalteco, informó que el costo del viaje era de entre 100 mil y 120 mil quetzales, cifra equivalente a 220 mil y 250 mil pesos mexicanos, monto del que los migrantes habían dado un adelanto y cuyo resto sería entregado en su destino final. En unos casos era Houston, Texas y en otros Calixco o San Diego, California.

La mayoría de los migrantes –el 98 por ciento eran oriundos de Guatemala– había entregado entre 10 mil y 30 mil quetzales. Celso Pacheco, aún con un collarín en el cuello, reveló a buzos que debido al accidente y ante la inexistencia de condiciones adecuadas para conseguir el sueño americano, prefiere regresar con su mujer y tres hijas a su natal Sololá.

“El impacto fue muy duro, y no hablo solamente del físico, sino del emocional. Estoy traumado. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos; veía la gente muerta y escuchaba a la gente llorar y gritar, muchos de sufrimiento; y otros al ver la terrible imagen de la muerte cerca. Esto me ha hecho reflexionar, pero también me ayuda a seguir adelante, si no es para EE. UU., creo que será mejor en mi país natal…tal vez será mejor regresar”, agregó.

Chiapas está de luto, es el nombre de un mural pintado por artistas locales. El sitio donde se suscitó el fatídico accidente lleva el nombre de “la curva del migrante”; y en la pintura hay imágenes que reseñan el paso de los migrantes. En uno de sus costados se lee: “las personas no somos ilegales”.

La información oficial difunde que en el tráiler viajaban 160 migrantes, pero fuentes anónimas, incluso la policía, reconocen que eran tres los vehículos que saldrían de Chiapas hacia el norte de México; pero que solo llegaron dos; que los indocumentados se repartieron entre éstos; que uno pasó sin problemas y que el que se volcó y se llevó la vida de 56 personas debió llevar muchas más personas.

Políticas migratorias mortales: organizaciones

Organizaciones civiles nacionales e internacionales dedicadas a la protección de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes se pronunciaron por que las autoridades de México actúen mediante la creación de una política clara y bien definida que evite que la migración sea desordenada, irregular e insegura.

Esta exigencia se debe a que la mayoría de los migrantes viajan hacinados en transportes de carga, como se evidenció el nueve de diciembre, cuyo chofer perdió el control por conducir con exceso de velocidad y, una vez que se produjo el accidente, huyó dejando a su suerte a las personas que transportaba.

“La tragedia deja nuevamente en claro que el anonimato y las condiciones en las que las personas migrantes se ven forzadas a transitar son mortales y consecuencia de políticas migratorias fallidas”, publicó un medio local de Chiapas. Este drama se sumó a las acciones de violencia física que la población migrante ha sufrido en los últimos dos años a causa de la pandemia de Covid-19.

Entre los problemas adicionales generados por ésta hay que citar la militarización de las fronteras y varias de las rutas de traslado hacia el norte y la excesiva burocratización en los trámites de asilo y la regularización migratoria, que obliga a los migrantes a arriesgar sus vidas en áreas de tránsito cada vez más peligrosas.

“Las organizaciones firmantes hemos denunciado que el endurecimiento de las políticas migratorias y la externalización de las fronteras traen como consecuencia el aumento de delitos y violaciones a derechos humanos contra la población migrante, solicitante de asilo y refugiada en México”, advierte un documento de las asociaciones civiles.

El gobierno mexicano aceptó recientemente implementar de nuevo el programa Quédate en México, impuesto por el gobierno de EE. UU., el cual implica que los solicitantes de asilo a ese país permanezcan en territorio mexicano mientras dura el trámite. Esta situación expone a los migrantes a mayores riegos físicos ante el crimen organizado.

El estado de indefensión de los migrantes es casi absoluto en la frontera norte, ya que carecen de asistencia social y sanitaria; y cuando han surgido problemas de este tipo o de violencia física, no hay respuesta inmediata. La única posibilidad de que esto ocurra es cuando se registran sucesos como el accidente ocurrido en Chiapas, cuando el gobierno local y el Federal “taparon el pozo cuando el niño ya se había ahogado”.

Es decir, los gobiernos del país solo se apegan a los estándares internacionales cuando los casos están resueltos o no tienen remedio, como sucedió hace algún tiempo con los procesos de identificación y restitución de restos de migrantes por cuenta de la Comisión Forense en San Fernando, Tamaulipas y la de Cadereyta, Nuevo León.

Por ello es necesario que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) represente dignamente a las familias de las víctimas y que garantice que el Estado mexicano respete todos los derechos establecidos tanto en la Ley General de Victimas como en la legislación penal y en la que ha suscrito en los tratados internacionales.

Por esa misma razón, la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez lamentó el accidente de diciembre pasado e hizo un enérgico llamado a las autoridades civiles para que esclarezcan la situación y apliquen medidas que eviten la repetición de este tipo de situaciones: “es momento para que se establezcan condiciones para la tan anhelada migración segura, ordenada y regular, que tanto se necesita en medio de esta crisis humanitaria”.

El terrible accidente acontecido a la altura de la colonia El Refugio evidenció la corrupción que aún prevalece en las oficinas migratorias del Gobierno Federal; y en un comunicado oficial, la Arquidiócesis tuxtleca cuestionó: “¿Cómo es posible que un tráiler lleno de migrantes pase desapercibido por los puntos de revisión? ¿Cómo es posible que se permita que decenas de personas viajen en esas condiciones inhumanas, poniendo en peligro sus vidas? ¿Qué autoridades están coludidas para que sucedan estas cosas?”.

La instancia eclesiástica pidió también a las dependencias de salud pública que atiendan humanitariamente a los heridos. “Nos solidarizamos con las familias de todos ellos; enviamos nuestras condolencias y les alentamos a poner su confianza en Dios. Un lamentable hecho como éste no hace sino mostrarnos, una vez más, el terrible drama que cotidianamente viven los migrantes en su paso por nuestra tierra. La sangre de estos hermanos clama al Cielo; la corrupción institucionalizada clama al Cielo; la indiferencia ante el dolor de los migrantes clama al Cielo, unidos en oración y esperanza”.

El caso llegó a la ONU

Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), emitió una declaración oficial unas horas después del accidente del nueve de diciembre: “Estamos consternados por la muerte de estas personas en el sur de México y urgimos a las autoridades a que lleven a cabo una investigación sobre los hechos con el fin de garantizar justicia para las víctimas y sus familiares”.

En vísperas del Día Mundial del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre, la internacionalista subrayó su preocupación por el incremento incesante de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo en México y, en especial, por el gran número de menores que también buscan el “sueño americanoˮ. La migración de menores de 12 años se multiplicó por seis en 2021, al pasar de cuatro mil 985 en 2020 a 32 mil 309 el año pasado, reveló recientemente la organización Save The Children.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reportó que, con sus conocimientos y habilidades, los migrantes construyen comunidades más fuertes y resilientes. La movilidad mundial involucra hoy a aproximadamente 281 millones de personas, que representan el 3.6 por ciento de la población global y que están generando retos y oportunidades que van a reconfigurar el orden socioeconómico de la Tierra.