El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, ordenó la desaparición del Tribunal de Justicia Administrativa (TJAO) y “creó un nuevo organismo para colocar magistrados afines a sus intereses partidistas”; así lo denunciaron especialistas en derechos humanos y políticos.

Para lograr este objetivo, el mandatario usó la mayoría de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, aprovechó un conflicto derivado de una resolución del TJAO e hizo acusaciones sin sustento a través de su consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, con lo que se arriesgan los derechos las comunidades indígenas oaxaqueñas.

El Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca (TJACCO), el invento de Jara Cruz, fue promovido en el Congreso de Oaxaca por el coordinador de los diputados morenistas, Luis Alfonso Silva Romo, con una iniciativa de reforma constitucional que éstos aprobaron “arrodillados” el pasado 21 de julio, mientras se celebraban las fiestas de la Guelaguetza.

Silva Romo argumentó, principalmente, la aplicación de la “austeridad republicana” y la supuesta ineficiencia del TJAO, ya que este organismo autónomo, que contaba con 12 magistrados, resolvía muchos menos casos legales que el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), que trabaja con un número de magistrados cuatro veces menor.

“El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca funciona únicamente en pleno, sin contar con salas auxiliares. Dicho órgano constitucionalmente autónomo cuenta únicamente con tres magistrados (una magistrada presidenta y dos magistrados adicionales)”.

El legislador morenista reveló además que, a pesar de contar con una estructura más pequeña, el TEEO solo dejó pendiente seis por ciento de los mil 597 casos de 2022, en contraste con el 12.7 por ciento de los mil 120 asuntos que en el mismo año dejó pendientes el TJAO, a pesar de que tenía seis Salas Unitarias de Primera Instancia, una Sala Especializada y una Sala Superior.

“Es decir, a pesar de contar con 12 magistrados distribuidos en ocho salas, el TJAO no pudo garantizar el acceso a la justicia de 143 oaxaqueñas y oaxaqueños que acudieron a denunciar en contra del arbitrio de servidores públicos que emitieron actos privativos en su contra”, agregó.

Silva Romo comparó el presupuesto de los dos tribunales: en los años 2020, 2021 y 2022, detalló, el TJAO recibió 143 millones 496 mil 608 pesos y el TEEO 136 millones 955 mil 417.42 pesos. “En concordancia con la política federal, pugnamos por una política de austeridad en la administración pública estatal y municipal, misma que debe ser guía en los órganos constitucionales autónomos”, concluyó.

Esta reforma implicó la destitución de los magistrados del TJAO que, de acuerdo con el decreto emitido, deberán ser indemnizados conforme a sus años de antigüedad, el tiempo que les faltaba por cumplir en el cargo y el presupuesto aún disponible del órgano autónomo.

El Congreso del Estado, asimismo, deberá emitir la Ley Orgánica del TJACCO en un plazo de 60 días posteriores a la publicación oficial del decreto. En ese lapso, magistrados del nuevo tribunal deberán realizar sus funciones con apego a la legislación aún vigente, en tanto que el traslado de recursos humanos, financieros y materiales deberá ejecutarse conforme a lo que disponga la nueva ley orgánica.

Una acusación inventada

El gobernador Salomón Jara ha celebrado la iniciativa, pero intenta deslindarse de ella al atribuírsela a su consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero, quien a su vez asegura que la reforma únicamente es responsabilidad del diputado Silva Romo.

Sin embargo, el mandatario antes había previsto que pretendía desaparecer el tribunal con el argumento de que una de sus resoluciones había favorecido a una empresa vinculada con Jorge Castillo, un político que fue funcionario público en la administración del exgobernador Gabino Cué Monteagudo.

A principios de mayo de este año, Jara y Vásquez declararon que el TJAO favoreció a la empresa de Castillo en la resolución fast track de un litigio promovido en 2018 contra el gobierno del estado y que lo obliga a pagar 450 millones de pesos (mdp), adeudo que será impugnado por vía jurídica.

Un documento interno del TJAO, sin embargo, desmiente que los magistrados hayan resuelto rápidamente el pago de 450 mdp a favor de una empresa presuntamente ligada al exrepresentante del gobierno de Oaxaca en la Ciudad de México (CDMX), Jorge Castillo, como afirmaron el gobernador y su consejero jurídico.

Según el informe, la sentencia contra el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que lo obliga a pagar a la empresa Confecciones Sopak S. A. de C. V., fue emitida el 19 de agosto de 2019, cuando se iniciaron los requerimientos para hacerla cumplir.

Aclara, además, que el monto citado por el consejero jurídico es mucho mayor al requerido en el litigio, ya que la empresa solo reclamó al IEEPO el pago de 272 millones 931 mil 110.40 pesos, menos cinco millones 882 mil 136 pesos.

Pero al margen de estos problemas, el cambio del TJAO por el TJACCO, a decir de la Red de Abogadas Indígenas, puede generar problemas financieros importantes para las agencias municipales de los 570 ayuntamientos oaxaqueños.

Esta posibilidad deriva de la reducción del número de magistrados del TJACCO y de la atribución para resolver los casos en que las agencias reclaman la entrega de recursos públicos a las autoridades de las cabeceras municipales; porque la reforma aprobada el 21 de julio quitó esa atribución a la Sala Indígena del Poder Judicial del Estado.

En la iniciativa, aprobada por los diputados morenistas y sus aliados, se destaca que la atención y resolución a este tipo de asuntos quedó a cargo de una instancia jurisdiccional competente para resolver las demandas de las agencias, con lo que “se logrará la protección de los derechos de las comunidades originarias, saldando así la deuda histórica a cada uno de los pueblos originarios”.

Sin embargo, la Red de Abogadas Indígenas asegura que esta reforma es inconstitucional porque viola los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de la entidad, a los que no se consultó para la elaboración de la iniciativa ni mucho menos para su aprobación en el Congreso de Oaxaca.

“Con esta reforma claramente se hacen nugatorios los derechos de las comunidades y agencias al acceso a la administración directa de sus recursos, derechos que sí venían ejerciendo en la Sala Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado”, denuncia la Red de Abogadas Indígenas.

Esta agrupación reclama también que, durante el proceso legislativo a la reforma que derivó en la creación del TJACCO y en la integración de las nuevas magistraturas no participó ni ha sido incluida una sola persona indígena o afromexicana, a pesar de que el 60 por ciento de la población de Oaxaca tiene estos orígenes étnicos.

Además, la promoción y la aprobación de la reforma, así como el nombramiento de los magistrados, se realizó inmediatamente, con lo que se vulneró del derecho de los pueblos indígenas a ser considerados en las decisiones gubernamentales y a “contar con personas indígenas en las instituciones del estado”.

Un proceso muy viciado

La diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica Rocío Melchor Vásquez, prevé que esta reforma constitucional se caiga en los tribunales por los vicios en los que se incurrió durante el proceso legislativo.

De acuerdo con la legisladora, en el Artículo 104 del Reglamento Interno del Congreso de Oaxaca se establece que la orden del día de los asuntos abordados en las sesiones del pleno del Poder Legislativo debe publicarse al menos un día antes de celebrarse la sesión; además de que deben ser incluidas las iniciativas, puntos de acuerdo y dictámenes que estarán a debate y votación.

En el caso de la reforma en cuestión, el dictamen se entregó a las 12:55 del 21 de julio, cinco minutos antes de iniciar la sesión y, por tal motivo, los legisladores desconocían su contenido. Es decir, no se cumplió con la mínima formalidad.

Melchor Vásquez reveló que, luego de la desaparición del TJAO, el gobernador Jara Cruz envió la lista de aspirantes a magistrados sin una convocatoria de por medio y sin informar los currículos de cada uno, por lo que desconoce si cumplen con los requisitos.

Xóchitl Gálvez, precandidata a la Presidencia de la República por el Frente Amplio por México, quien entonces se encontraba en campaña proselitista en Oaxaca, afirmó que esta reforma fue promovida por Salomón Jara para proteger sus actos de corrupción.

Y la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, opinó que la reforma es ilegal porque el TJACCO debería ser un órgano autónomo, pero está sometido al control del gobernador del estado, quien designó como magistrados a personas que le son afines.

Los magistrados de las salas unitarias para un periodo de cinco años son Mateo Martínez Martínez, Manuel de Jesús López López (quien ha sido diputado local y regidor de Santa Lucía del Camino) y Cruz Itzel Espinoza Rojas (exsecretaria y asistente de Jesús Romero López, actual Secretario de Gobierno en la administración de Salomón Jara).

Los magistrados de la Sala Superior, cuyas funciones durarán siete años, son Amparo Arias Rivas, Anneliese Danae Echeverría Clavel, Raúl Oswaldo Bernal Flores y Javier Martín Villanueva Hernández.

La líder panista prevé que habrá una serie de juicios de inconstitucionalidad y amparos contra esta reforma y que es probable que “se eche abajo”. Yésica Sánchez Maya, dirigente de Consorcio para el Diálogo Parlamentario, advirtió que la forma en que el gobernador Jara y los diputados de Morena concretaron la reforma fue “avasallante, tóxica y hasta criminal”.

“Es delicado que el Poder Ejecutivo y el Legislativo hayan hecho una jugada tan oscura en elegir a magistrados de un orden trascendental”, lamentó la dirigente blanquiazul, después de denunciar que, además, nadie conoce el perfil profesional de los magistrados del TJACCO.

“Tanto el gobernador como los diputados deciden la desaparición y creación de un nuevo tribunal, con un proceso muy sucio, cosa que los oaxaqueños no se merecen”, dijo y evidenció que en el gobierno de Jara Cruz hay funcionarios como Donato Vargas, quien funge como coordinador de los Delegados de Paz de la Secretaría de Gobierno y tiene una denuncia por violencia familiar en su contra; pero el mandatario “incluso lo defiende”.

El diputado local por Morena Horacio Sosa Villavicencio reconoce que el decreto no se publicó el sábado 22 de julio de 2023 en el Periódico Oficial del Estado, por lo que el nombramiento de los magistrados podría ser inválido. “Ahí tenemos que reconocer algunas lagunas que no cubrimos, que no se publicó en su momento. Sin embargo, creo que eso se va a resolver en el corto tiempo”, aclaró.

Revés de la SCJN

Los magistrados del TJAO interpusieron una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que no solo fue admitida, sino acompañada con la orden de suspender el decreto de Jara Cruz.

La suspensión incluye una medida cautelar para que los magistrados depuestos continúen en funciones y para que los habitantes del estado cuenten con un tribunal ante el cual dirimir sus diferencias con la administración pública estatal.

En respuesta a esta resolución, el gobierno de Jara Cruz argumenta que la suspensión de la SCJN deja intacta su reforma, que lo único que ocasionó es que ahora haya en el estado dos tribunales de justicia administrativa; y a través de su consejero jurídico Geovany Vásquez ha desatado una campaña negra contra los exmagistrados, incluso ordenó la aprehensión del Secretario General del TJAO.

El arresto de éste, Juan Edy García Coronado, efectuado por la Fiscalía Anticorrupción, fue promovido con base en una denuncia por un acto de corrupción cometido en 2022 en perjuicio del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, que se promovió ante el TJAO, razón por la que el proceso no había avanzado. El delito que se imputa a García Coronado es “por retardar maliciosamente la administración de justicia”.

Para el presidente estatal del PRD, Tomás Basaldú, el gobierno estatal morenista está recurriendo al uso del “revanchismo político” y al “abuso autoritario del poder” contra Edy García Coronado.

“La detención la van a tratar de cuadrar. Están ocurriendo cosas muy delicadas; están integrando legajos de investigación en media hora, en un día. Espero que el fiscal Bernardo Rodríguez no se preste a esto; espero que actúe como un órgano autónomo, como una fiscalía autónoma como lo establece nuestra Constitución”, comentó.

El consejero jurídico Geovany Vásquez emplea recursos ilegales como la filtración a la prensa de una serie de fotografías de supuestos lujos de los magistrados depuestos, en las que se muestran botellas de alcohol y cajas con condones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El mismo gobernador Salomón Jara Cruz afirmó, hace unos días, que el magistrado presidente del TJAO, Manuel Velasco, tiene al menos cuatro carpetas de investigación en su contra, y amagó con investigarlo por el delito de enriquecimiento ilícito.