Los 40 migrantes que fallecieron durante el incendio en una estancia provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, no han sido las únicas víctimas recientes del pésimo servicio y trato que brindan las autoridades y empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) del Gobierno mexicano.

Hace dos años, el 27 de marzo de 2021, la salvadoreña Victoria Salazar, madre de dos hijas y reconocida oficialmente como refugiada, fue asesinada en vía pública por cuatro policías municipales de Tulum, Quintana Roo. Sobre este lamentable suceso, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró:

“… (quiero) decirle a sus familiares, a las mujeres salvadoreñas, a todos hombres y mujeres del mundo, que se van a castigar a los responsables; ya están en proceso de ser enjuiciados y no habrá impunidad. Una característica de nuestro gobierno, a diferencia de otros, es que antes había autoritarismo y además había impunidad. Ahora no, se respetan los derechos humanos y hay cero impunidad, se castiga a los responsables”.

Pero a dos años de ese asesinato, los policías implicados aún están en prisión preventiva sin sentencia, y las acciones delictivas contra los migrantes se han multiplicado, especialmente las que afectan a las mujeres.

Recuentos y análisis realizados por algunas organizaciones civiles evidencian que los abusos, delitos, persecución policial y desatención a los derechos humanos de la población en tránsito por México, son en realidad la norma y no la excepción.

En 2021, México se convirtió en el tercer país, después de Estados Unidos (EE. UU.) y Alemania, con más peticiones de refugio en el mundo con más de 130 mil solicitudes recibidas, de las cuales 40 mil fueron presentadas por mujeres y niñas, de acuerdo a la investigación Mujeres en contextos de movilidad: sus dilemas y los retos para su atención, de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Muchas de las migrantes que vienen a México ilegalmente o sin documentos huyen de la violencia que enfrentan en sus países. Aproximadamente el 60 por ciento provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador, de donde huyen de la violencia de género y porque las ejecutan las pandillas, de acuerdo con información del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Conasur).

Sus urgentes necesidades de protección física las reconoce como refugiadas, sin importar su situación migratoria irregular, porque mantienen sus derechos humanos a salvo en cualquier nación del mundo.

Sin embargo, los últimos dos gobiernos de México han rechazado la mayoría de las solicitudes hechas por mujeres y niñas. De acuerdo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entre 2013 y 2023, México recibió 123 mil 167 solicitudes, pero únicamente concedió 32 mil 608, solo el 26.4 por ciento en una década.

Una de las razones de esta mala atención es que la Comar no tiene recursos financieros y humanos suficientes para enfrentar al aumento de solicitudes, por ello mucho migrantes son retenidos en la frontera sur de México en espera de respuesta y en condiciones muy precarias, según el análisis Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021, de la organización no gubernamental (ONG) Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).

Violencia estatal antiinmigrante

Lejos de acelerar los trámites para reconocer su condición de refugiados y de brindarles la atención física y humanitaria adecuada, los diversos agentes gubernamentales abocados a controlar su flujo (empleados del INM, Guardia Nacional, militares, policías municipales) se dedican a detenerlos, perseguirlos y deportarlos.

Desde que AMLO llegó a la Presidencia de la República en 2018, el gobierno mexicano se comprometió con el de EE. UU. a establecer un mayor control sobre el flujo migratorio y desplegó a la Guardia Nacional (GN) en sus fronteras sur y norte a cambio de firmar nuevos tratados comerciales.

En la frontera con Guatemala y Belice hay desplegados seis mil efectivos de la GN desde junio de 2019, que se dedican a detenerlos violentamente. Entre 2020 y 2021, la detención de mujeres en tránsito irregular fue superior a las 100 mil (472 por ciento con respecto a 2018); entre enero y junio de 2022 fueron más de 50 mil, de acuerdo con datos de la Segob.

Muchas son jefas de familia que viajan con hijos menores de edad; y son detenidas con violencia por la Guardia Nacional, policías municipales y las autoridades migratorias, que agreden a las mujeres.

En una de estas detenciones se dio el asesinato de Victoria Salazar, que estuvo precedido por otros incidentes lamentables. En 2019, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) documentó que a raíz de un operativo antiinmigrante en Coatzacoalcos, Veracruz, una hondureña de 45 años se cayó del tren y sufrió la amputación de ambas piernas.

MSF denunció entonces que “los operativos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad pública y el INM en las vías del tren en Coatzacoalcos, en Veracruz, aumentan los riesgos a los que se enfrentan las personas migrantes que utilizan este medio como única alternativa para continuar su huida hacia los Estados Unidos. La presencia de fuerza pública en zonas donde ofrecemos atención médica y psicológica a migrantes en Coatzacoalcos se ha incrementado en los últimos seis meses”.

El 10 de junio del 2019, la misma ONG documentó, en su informe En la Boca del Lobo, que un grupo de policías federales irrumpió en un domicilio particular donde vivían inmigrantes, del que sacaron a una hondureña que esperaba en México una audiencia en EE. UU., así como el dueño del domicilio y su madre, a quienes se llevaron a una casa de seguridad.

Ambas mujeres fueron sometidas a violencia sexual y una de ellas fue golpeada y torturada. Los policías entregaron a las víctimas a un grupo de criminales, que pidieron rescate por ellas. Las dos fueron rescatadas el 14 de junio por agentes de la Unidad Antiextorsión adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), que buscaban a las dos personas mexicanas, aunque no a la hondureña.

En su reporte Sin salida, MSF denunció que el 24 por ciento de las tres mil 695 migrantes atendidas en consultas de salud mental, entre enero de 2018 y septiembre de 2019, fue víctima de violencia física, intencional (tortura) y sexual de parte de militares, policías y autoridades migratorias.

En los primeros nueve meses de 2019 aumentaron, con respecto al mismo periodo del año anterior, de 118 a 277 (más del doble, 134 por ciento) los casos de violencia sexual atendidos por MSF. Muchas de las agresiones fueron cometidas por las autoridades del INM.

Este incremento en la violencia contra los migrantes es consecuencia de la política restrictiva del Presidente, ya que los migrantes se han visto empujados a contratar a traficantes y a utilizar rutas de tránsito más peligrosas; también se debe a la mayor presencia policial y militar en la persecución antiinmigrante y a la exigencia de documentación identitaria, inclusive para la compra de boletos de autobús.

Además, en agosto de 2021 se anunciaron nuevos requisitos para que las personas de Ecuador, Brasil y Venezuela tramiten una visa de turista para viajar en territorio mexicano; el INM intensificó las medidas de revisión en los aeropuertos y negó la entrada al país a 72 mil 895 extranjeros durante 2021, incluidas las que solicitaron urgente protección a la Comar, de acuerdo a la información del Instituto para las Mujeres en Migración (Imumi).

“Nos tratan como basura”

Por ello, esta organización denunció, en 2021, que un grupo de mujeres, algunas hondureñas, fueron detenidas por la GN en la estación del INM de Ciudad Juárez, donde las autoridades les exigieron desnudarse y las agredieron sexualmente: “Nos desnudaron, nos metieron los dedos por la vagina y a otras, el cañón de su arma”, denunció una de las víctimas.

Después de estas agresiones fueron llevadas a la estación migratoria de Janos, Chihuahua, sin previa asistencia médica ni psicológica, ni mucho menos escuchadas; para entonces, la mayoría deseaban ser deportadas a sus países.

El informe Bajo la bota, de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho (FJED), incluye denuncias documentadas sobre cómo las mujeres migrantes afrodescendientes son las peor tratadas tanto por autoridades como por la ciudadanía común:

“La policía y los militares nos tratan como basura. Tenemos que cuidarnos, siempre tenemos que volver a casa o el campamento con la luz del día; caminamos por avenidas grandes, nunca por calles pequeñas, porque podríamos ser atacadas. Nos tratan como si fuéramos prostitutas”, lamentó una de las denunciantes.

De acuerdo a un reporte de la organización Human Rights First sobre casos de violencia contra migrantes enviados de EE. UU. a territorio nacional –según el convenio Quédate en México 2019-2020 que el gobierno de aquel país impuso al mexicano– policías federales, estatales y municipales, militares y Guardia Nacional estuvieron implicados en 51 de los 520 actos delictivos cometidos contra migrantes, entre ellos secuestros, extorsiones, agresiones sexuales y deportaciones ilegales.

El informe incluye al menos nueve denuncias de mujeres y niñas que fueron violadas por agentes del Estado. “Durante su viaje hacia EE. UU., la policía Federal mexicana las acosó, insultó y no los dejaban descansar. Después de un tiempo, un policía empezó a exigir tener sexo con la mujer y cuando se rehusó, el policía la violó.

“Una solicitante de asilo venezolana de aproximadamente 60 años fue ultrajada sexualmente en enero de 2020, en Tamaulipas después de que el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés) la regresó a Matamoros por Quédate en México”, advierten los relatos recopilados en ese reporte.

Human Rights First denuncia al menos tres decenas de casos más de mujeres y niñas que fueron atacadas sexualmente por el crimen organizado, luego de que fueron enviadas a nuestro país conforme al programa Quédate en México; es decir, en colusión con las autoridades mexicanas.

En la frontera sur, la situación no es diferente. De acuerdo al informe Criminalización de Mujeres Migrantes, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CDHAPJ), en la frontera con Guatemala se documentó que cada año llegan al Soconusco centenares de mujeres migrantes centroamericanas, cuyas posibilidades de trabajo están en bares, cantinas o como servidoras domésticas, donde sus patrones y los policías las explotan y extorsionan aprovechándose de que no pueden denunciar esto, debido a su situación migratoria irregular.

Por ello, Tapachula es uno de los dos polos de mayor atracción de la frontera sur en la trata de personas, delito que ha aumentado desde 2019, apenas un año después del inicio del actual sexenio. En septiembre de ese año, apenas tres meses después de que se anunció el despliegue de la GN en las fronteras sur y norte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió siete quejas contra esta agrupación policial por su actuación abusiva contra migrantes.

Esta cifra crecería exponencialmente en los meses siguientes. En 2020, la CNDH acogió mil 274 nuevas denuncias contra instituciones oficiales por “acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y de sus familiares”; “faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones”; “prestar indebidamente el servicio público”; “omitir brindar atención médica o psicológica de urgencia”; “omitir proporcionar intérprete o traductor”.

La GN recibió 53 quejas; la extinta Policía Federal 24; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 12; y la Secretaría la Marina (Semar) seis; el resto de las denuncias correspondieron a funcionarios del INM, fiscalías estatales, la Comar, y otras dependencias locales.

Actualmente, las autoridades del INM ocupan el tercer lugar entre las dependencias gubernamentales con más quejas ante la CNDH, con 404 interpuestas entre enero y febrero de 2023. La CNDH no aportó información desagregada por sexos.

La criminalización

Aunque el tránsito por México sin documentos es solo una falta administrativa que no amerita prisión, las mujeres y niñas migrantes detenidas son privadas de su libertad en estaciones migratorias o provisionales, que en realidad funcionan como cárceles. Además, estos espacios a cargo del INM no tienen condiciones sanitarias mínimas para albergar a la población migrante.

En 2019, tras revisar la situación prevaleciente en las estaciones migratorias, durante un informe oficial la CNDH reveló que 33 por ciento de los migrantes entrevistados reportó que no le informaron sobre los motivos de su detención; que el 58.4 por ciento no estaba informado sobre la posibilidad de obtener su reconocimiento como refugiado; 62 por ciento desconocía el domicilio de la estación migratoria donde se encontraba; únicamente 35.4 por ciento recibió por escrito las reglas de operación del recinto y que el 48 por ciento advirtió que las condiciones sanitarias y ambientales del inmueble no eran adecuadas.

La CNDH constató, además, que “ninguna de las Estaciones tipo B tiene un área específica para consumir alimentos y que en la Estancia Provisional de Comitán, Chiapas, pueden permanecer hasta 120 personas privadas de su libertad, que, en consecuencia, duermen, comen y permanecen en la misma habitación las 24 horas del día”.

Al día siguiente de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, varias organizaciones civiles dedicadas a atender los problemas de los migrantes, denunciaron en un comunicado que las estaciones migratorias del INM no disponen de las condiciones mínimas para atender humanitariamente a sus huéspedes eventuales.

En esta denuncia recordaron que, en 2019, una niña de nueve años murió en la estación migratoria de la CDMX; y que aún no existe reparación integral a la familia; en 2020, un hombre murió en la estación migratoria de Tenosique, Tabasco, durante un incendio y que, ese mismo año, otros migrantes murieron por falta de atención médica contra el Covid-19.

En todos los casos, la CNDH emitió recomendaciones al INM y a su titular por la falta de protección a la integridad física de las personas; pero no se consideró superar las omisiones y evitar abusos y, por el contrario, se ha registrado mayor impunidad en sus empleados y autoridades.

Las acciones abusivas más recurrentes de la burocracia consisten en la deportación inmediata de mujeres y niñas. Entre enero y febrero de 2023, mil 788 adultas y 250 infantes fueron deportadas a sus países de origen: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ninguno tuvo oportunidad de denunciar las violencias que vivieron en México.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, ha asegurado que nuestro país tiene una política exterior “feminista”, declaración con la que intentó afirmar que, en México, las medidas de protección a mujeres y las políticas que brindan países del “primer mundo” se comparan a las de Francia, Canadá, Noruega y Suecia.

Pero la actual política migratoria mexicana está lejos de ese nivel; incluso del que tenía en el pasado inmediato, ya que en 2013, con organizaciones civiles, se estableció una política de atención a migrantes que les garantizaba los derechos humanos de las mujeres migrantes. Esta política se llamaba Programa Especial de Migración y estaba a cargo de la Segob.

Este programa, sin embargo, nunca tuvo un presupuesto propio, a la fecha no existe una evaluación sobre su funcionamiento; y al parecer desde 2018 ya no operó.