Es difícil analizar la situación política de nuestra realidad en el momento mismo en que ésta se va desenvolviendo, por la complejidad propia del proceso y porque nada se repite tal cual en la historia. Sin embargo, para quienes buscamos encontrar solución a los males que aquejan a nuestra sociedad, es indispensable entender cómo se desarrolla la política en Oaxaca y, sobre todo, cómo dirigir a las masas populares para que entiendan los cambios que se observan con el nuevo gobierno y que, a mi juicio, no están comprendiendo los actores políticos. Esto puede significar un retroceso en el papel de las organizaciones sociales y afectar los genuinos intereses de amplias capas populares.

Apenas un poco más de cien días han pasado de la llamada “Primavera oaxaqueña”, pero en ese lapso hemos visto ya que la forma de actuar del aparato estatal frente a las manifestaciones ha cambiado de manera radical, a pesar de que muchos no sepan distinguir el fondo entre las declaraciones oficiales de inclusión, de atención y de diálogo con todas las organizaciones sociales por un lado, y, por el otro, de que esta administración estatal no permitirá el chantaje de grupos políticos que piden techos presupuestales y menos que se afecte la vida de terceros, ni que se atente contra el marco de la legalidad; a esto sumemos la política de temporal tolerancia y de contención hacia las expresiones organizadas con poder y, por el contrario, de intolerancia y represión con grupos y comunidades débiles, en una clara intención de mandar un mensaje de mano dura contra cualquiera que no acepte la política estatal. Es necesario analizar estos fenómenos contradictorios con profundidad.

El mismo día de la toma de protesta del nuevo gobierno, la Sección 22 de la Cordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestó señalando que defenderá los triunfos históricos de su lucha; y continuó con sus movilizaciones pidiendo la toma de nota de su nueva directiva y la atención de su pliego petitorio, ante lo cual han sido atendidos por el propio gobernador; por su parte, se han movilizado constantemente los miembros de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (CENEO), que piden la contratación de más de 800 egresados sin que hagan el examen de oposición requerido, pero el Secretario de Gobierno, Jesús Romero López, ha declarado que su demanda sería atendida en la mesa de trabajo con la Coordinadora magisterial, ante lo cual los normalistas se opusieron y mantienen un plantón frente a las oficinas de la Sección 22, además, han continuado los bloqueos, toma de vehículos y actos vandálicos contra el Palacio de Gobierno, incendiando puertas y quebrando vidrios. En ambos casos, con distintos matices, ha habido tolerancia y declaraciones de que hay soluciones, por lo que solo se entienden las manifestaciones porque hay otros intereses detrás. Sin embargo, se percibe una sutil campaña de desprestigio en que la tendencia es desgastar a los manifestantes amparados en sus excesos y radicalismo.

Por otro lado, en la madrugada del segundo día de gobierno, se desalojó con lujo de violencia a un reducido grupo de mujeres de la etnia triqui, quienes habían permanecido por más de 12 años en plantón en los bajos del Palacio estatal; a inicios de marzo, habitantes de Santiago Xiacuí, perteneciente a Ixtlán de Juárez, fueron reprimidos con lujo de violencia cuando pedían que se resolviera su problema político electoral y, apenas este pasado fin de semana, padres de familia y maestros de la escuela primaria Benito Juárez, en el Istmo de Tehuantepec, quienes mantienen un bloqueo en el “Puente del Fierro”, fueron desalojados y agredidos con armas de fuego, piedras y palos, por desconocidos. En estos casos, cuyos excesos no se distinguen mucho de los anteriores, se nota un trato distinto, es evidente el exceso de fuerza por parte de los cuerpos policiacos que desataron su violencia contra mujeres y adultos mayores sin miramiento alguno y de forma recurrente con la participación de porros.

Pues bien, la radical dinámica de movilización que hoy se combate no es reciente y no se entendería sin el papel que el movimiento magisterial ha jugado en las luchas sociales por una supuesta democratización de la política en todas las esferas del Estado. En este proceso se pueden contemplar tres momentos: la captura de la estructura sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por parte de la Sección 22 de la CNTE en los ochenta; la descentralización educativa, con Carlos Salinas de Gortari, que trasladó recursos y facultades al gobierno de Oaxaca, con lo cual se estableció una alianza con el gobernador Heladio Ramírez, y que otorgó al magisterio importantes posiciones en el gobierno estatal; finalmente, el conflicto social de 2006 entre los grupos de José Murat, Diódoro Carrasco y Ulises Ruiz por el control del gobierno estatal y que, a pesar de la represión, acabó beneficiando a la Sección 22 y preparó la derrota electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2010.

En este largo proceso en que las fuerzas de oposición al PRI se cobijaron en la llamada izquierda, el momento cumbre fue el conflicto de 2006; y aunque las protestas iniciaron por demandas gremiales de la Sección 22, el conflicto escaló hasta exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz y la formación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en la que se aglutinaron diversas organizaciones, comunidades y sectores urbanos unidos por la inconformidad ancestral ante la marginación y el cacicazgo de los viejos grupos de poder del PRI. Esto alentó a los grupos radicales, que llegaron a instalar barricadas, y a la represión, ejecutada por los cuerpos de seguridad y los llamados escuadrones de la muerte.

El magisterio y diversas organizaciones sucumbieron por separado ante los acuerdos con el gobierno estatal y perdieron la lucha por la destitución de Ulises Ruiz, desintegrando el movimiento y defraudando las expectativas de todas las corrientes participantes. Estos acontecimientos prepararon el terreno para que llegara Gabino Cué Monteagudo al gobierno en 2010, con una coalición opositora que tuvo como principal motor a las organizaciones sociales protagonistas en 2006, que hicieron de la lucha radical un uso recurrente que se instauró como normal en sectores urbanos y rurales. Con ello, sus líderes ascendieron a posiciones en el gobierno estatal y, a la vez, en varios municipios.

Una gran cantidad de políticos y funcionarios del actual gobierno estatal vienen de esas luchas y del posicionamiento en el gobierno de izquierda de Gabino Cué. Por tanto, estamos presenciando, y es importante remarcarlo, el combate a las formas radicales de lucha de las que ellos fueron parte. En este contexto es que hay que ubicar las fuerzas que se mueven en el escenario y, sobre todo, entender lo que las acciones de gobierno dicen, más allá de los discursos, porque aún con lo vulgar de la frase, no es lo mismo ser borracho que cantinero.

Es necesario que nos preguntemos cuál ha sido la evolución de las organizaciones, cuál su consecuencia con el discurso de izquierda y el intento por democratizar la política en la entidad, cuáles sus resultados en términos de representación de las demandas e intereses legítimos de los sectores populares que se han aglutinado en torno a ellas, porque de esto dependerá su fuerza y legitimidad social y, por tanto, su capacidad de resistencia ante un gobierno que a todas luces busca derrotarlas, que conoce su situación, que tiene los cuerpos de seguridad a su servicio y el apoyo de importantes medios de difusión, y que hoy hace la medición de la única variante que puede equilibrar las fuerzas: el prestigio social y el respaldo de la opinión pública hacia la lucha de las organizaciones y sus viejas formas, que conoce desde dentro.