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De nueva cuenta el gobierno de la Cuarta Transformación, aprovechando la situación de riesgo en la que se encuentra la población carcelaria del país por el covid-19; pero ignorando por completo las necesidades del personal médico que atiende a los enfermos, y a los más de 90 millones de mexicanos que sufren hambre por las medidas que se han ordenado; citaron el pasado 20 de abril al Senado para aprobar (sin cambios) la famosa Ley de Amnistía del presidente López Obrador.
La amnistía es el acto por el que un estado renuncia a su facultad de castigar determinados delitos de manera temporal, a través de la expedición de una ley. Esta medida se ha usado en México y en varios países, después de conflictos armados y sociales que han alterado gravemente el orden. De acuerdo con el gobierno, en México era fundamental una ley de amnistía para enmendar la situación de personas encarceladas por hambre y pobreza y, en estos días se argumentó muy convenientemente, que su aprobación era fundamental para reducir el número de presos y evitar contagios masivos en los penales.
La Ley de Amnistía que fue aprobada (según su contenido) beneficiará solo a personas que hayan cometido delitos menores y que no representen una amenaza para la sociedad. Así, se dejará de perseguir o castigar a personas que hayan cometido delitos federales como: robo sin violencia; aborto; algunos delitos contra la salud realizados por personas en situación de pobreza, por terror o coacción; sedición y otros delitos cometidos por razones políticas. Se beneficiará también a integrantes de pueblos indígenas que, al ser juzgados, no hayan tenido una defensa adecuada o traductor que conociera su lengua y sus costumbres. Por el contrario, no gozarán de amnistía las personas procesadas o sentenciadas por delitos que causaran lesiones permanentes o los cometidos con armas de fuego; tampoco por delitos graves, tales como el secuestro, el homicidio y los otros delitos señalados en el artículo 19 constitucional; finalmente, la ley (por su naturaleza) beneficiará sólo a las personas que hayan cometido el delito antes de su entrada en vigor y no en delitos cometidos posteriormente.
Sin duda, algunos de los problemas señalados para aprobar la ley (como la criminalización de la pobreza, la falta de acceso a la justicia o el riesgo sanitario) son verdaderos y deben atenderse, pero al advertir que esta ley: primero, al ser una ley aplicable en el fuero federal, de acuerdo con cifras oficiales sólo beneficiará probablemente al 1% de los 255 mil reos que hay en las cárceles mexicanas (pues la mayoría de los procesados o sentenciados por delitos menores están en el fuero local donde esta ley no aplicará); segundo, que no se plantean alternativas para casos de injusticia como estos, pero futuros; finalmente, que fue la propia 4T quien impulsó leyes y reformas que agravaron delitos y endurecieron la prisión preventiva oficiosa, lo cual ha llevado al incremento de la población carcelaria en el país; es por lo que afirmamos que esta amnistía es más una medida de propaganda electoral, que una verdadera solución contra la persecución injusta.
Los mexicanos agradeceríamos a los legisladores de la Cuarta Transformación y al Gobierno Federal, ocuparse sí de la población carcelaria, pero también y, sobre todo, de salvaguardar el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación del personal sanitario que atiende la emergencia, y de los millones de mexicanos que viven en pobreza y que están sufriendo las consecuencias.
“Vienen tiempos en los que vamos a ser gobernados por los narcos. Ahora se debe tener cuidado con los presupuestos, porque el narco ahora puede quedarse con ellos": Obispo.
López Obrador, durante las tres semanas de contingencia, simplemente ha seguido con sus giras de trabajo.
Si bien recibían insumos a través de la Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), estos también fueron recortados, afectando a las investigaciones.
Esta mañana, el presidente López Obrador confirmó que desaparecerá la Subsecretaría de Minería, dependiente de la Secretaría de Economía.
Nos queda claro que solo la movilización y la presión social va a hacer que podamos modificar la decisión de la SCJN. No descartamos que tengamos que realizar una lucha prolongada.
El proyecto de paquete económico para el año próximo, el cual es deficitario porque propone un gasto de 6.25 billones de pesos e ingresos tres por ciento menores a los de 2019, que fueron de 5.53 billones de pesos.
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo que los 29 nuevos proyectos representan un total de 228 mil millones de pesos.
La descalificación de AMLO a la propuesta de Ramírez Cuéllar –muy a su estilo– y la airada repuesta de éste, demuestran que Morena sigue sin rumbo.
Demandaron al Presidente de la República salvaguardar a la población ante la pandemia y exigirle, nuevamente, que se implemente un plan nacional de alimentos.
El diputado Omar Carreón Abud convocó a la unidad para “mantener vigente y actuante el Estado de Derecho”. Y reiteró su exigencia para que cesen los discursos de odio y los juicios extrajudiciales.
“Pero el antecedente aquí esta, el peligro es latente. Los derechos políticos de la ciudadanía pueden estar en riesgo ante decisiones políticas arbitrarias" de este gobierno.
El gobierno de la 4T, no ha logrado la creación de empleos, en mayo cayó en un 88%.
La emigración hacia Estados Unidos (EE. UU.) ha sido la única opción que miles de habitantes del llamado “Triángulo del Norte” (Honduras, El Salvador y Guatemala) tienen para salvar sus vidas. Esta región, vital para la geopolítica estadounidense.
En una nueva acción en defensa del agua, campesinos de la Estación Consuelo hacen guardia y exhiben lonas con el mensaje: “Ni una gota a Tamaulipas y Nuevo León. El agua se defiende con la vida”.
En el Senado criticaron la postura de López Obrador de impedir que organizaciones ayuden a los damnificados por el huracán “Otis” en Acapulco, Guerrero, que hasta el momento ha dejado 30 muertos y varios desparecidos.
Escrito por Maribel Rodríguez
Abogada, especialista en Derecho Constitucional.