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El crimen organizado no ha lanzado amenazas que representen “un boicot” para las instalaciones de casillas para la jornada electoral del próximo 2 de junio, señaló el Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, advirtió que se “negocia” la instalación de hasta 150 casillas a causa de conflictos comunitarios.
El consejero Martín Faz Mora aseguró que hasta ahora ninguna organización criminal se ha opuesto a la labor electoral, como sí ha ocurrido con grupos sociales que han afirmado que no permitirán la instalación, principalmente en los estados de Chiapas, Michoacán y Oaxaca.
“Han de ser unas 150 aproximadamente en el país, particularmente Chiapas, Michoacán y Oaxaca, especialmente por demandas comunitarias que no han sido atendidas por las presidencias municipales o por los gobiernos locales…Me gustaría dejarlo claro porque no hay un boicot del crimen organizado a la realización de elecciones”, dijo.
En rueda de prensa, el consejero aseguró que esto no significa que las casillas no serán puestas, sino que se buscará otros lugares para ubicarlas y la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto.
Respecto a participación de funcionarios de casilla, dijo que hay casos en los que la población prefirió no participar por motivos laborales o tener un compromiso social el día de la elección, mas no por inseguridad.
En su denuncia, el candidato de MC, Antonio Carbia, afirmó haber recurrido en diciembre pasado a las instancias electorales, debido a que al morenista Miguel Torruco “ya que se le hizo costumbre violar la ley”.
¿Para qué sirvió el debate presidencial? Para nada. Fue el show de siempre, en el que las dos candidatas y el candidato afirmaron tener razón y se acusaron entre sí porque los tres tienen colas propias qué pisar.
Las manifestaciones proselitistas fueron dirigidas a jóvenes y a la ciudadanía en general para que en las elecciones del pasado 2 de junio apoyarán a la 4T.
A este panorama de violencia política, el Laboratorio Electoral sumó nueve secuestros; así como 22 intentos de homicidio y 75 amenazas, un aumento del 200%.
La moneda doméstica se devaluó cuatro por ciento y tocó un nivel de 18.20 unidades.
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Además del decálogo, la dependencia busca mejorar la atención psicológica especializada, evitar la revictimización y asegurar la vinculación interinstitucional para un manejo adecuado de los casos.
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Escrito por Abigail Cruz Guzmán
Reportera