El cierre parcial de ductos de distribución de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el desabasto de gasolina que esta medida provocó, tendrán un costo de 39 mil millones de pesos (mdp), calculó Citibanamex, financiera representante de Blackrock, el banco de inversión más grande del orbe, con intereses en la industria petrolera nacional desde 2014 y además consorcio asesor de la Reforma Energética impulsada por el anterior Gobierno Federal.

Citibanamex aplaudió la decisión gubernamental de limpiar de corrupción la paraestatal, para criticarla días después: “El gobierno afirma que los ahorros generados por combustibles no robados, desde que comenzó la nueva estrategia, superan los costos. Sin embargo, consideramos que los costos de cambiar a una forma menos eficiente de transporte de combustible exceden sus beneficios”.

El consorcio mexicano de este emporio financiero calificó de torpes las acciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ordenó, el 27 de diciembre de 2018, para iniciar la guerra contra los huachicoleros, sin contar con un sistema alternativo de transportación de combustible.

El desabasto afectó las actividades industriales, comerciales, domésticas y sociales de la región central de la República: el Bajío (Querétaro, Jalisco y Guanajuato), Michoacán, Estado de México e Hidalgo, para luego extenderse a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

Cuando el pasado 27 de diciembre, AMLO puso en marcha su Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos de Pemex, se generó la idea de que en este plan las 15 dependencias federales involucradas estarían guiadas por el análisis, la estrategia y el mando operativo a cargo del jefe del Ejecutivo.

Así, el nuevo Gobierno Federal inició el combate al huachicoleo –actividad ilícita que surgiera en el año 2000– con una estrategia precipitada, cuyos resultados distan del objetivo de recuperar al menos 66 mil 300 mdp perdidos en 2018, o bien, los 147 mil mdp robados entre 2016 y 2018. 

Esta presunción, inicialmente propiciada por la conocida tendencia de AMLO a las improvisaciones y ocurrencias, parece estar confirmándose día con día mediante el uso frecuente de parches que se colocan sobre su plan para negar o matizar las consecuencias negativas que los sectores económicos y políticos de México han cuestionado. 

 Para estos sectores, sin embargo, el mayor riesgo que el país podría enfrentar en el futuro, procede por igual de jugar a las vencidas con los delincuentes, que de su eventual caída en una “guerra contra el huachicol”.

Al cierre de esta edición aún no se definían los plazos para medir avances ni establecer etapas de esta guerra, aunque el Presidente refirió que la crisis del combustible está bajo control y el abasto comenzó a normalizarse.

La “guerra contra el huachicol” de AMLO se asemeja a la que el expresidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó en 2006 contra el narcotráfico, lanzando al Ejército a las calles, causando la muerte de 200 mil mexicanos y la desaparición de 40 mil personas, aproximadamente.

 Entre los efectos inmediatos de la guerra contra el huachicol, según información oficial, están la triplicación de las ventas de gasolina de Pemex, pues ya no se comercializa ilegalmente; la “recuperación” y disminución del robo de dos mil 500 mdp; la investigación a 114 personas, cinco de ellas sometidas a proceso; la detención de 400 involucrados; la actualización de reportes sobre ductos picados y vueltos a cerrar y tres incendios.

La explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, dejó un saldo, de 95 muertos y 50 heridos. Tragedia provocada, aparentemente, por vecinos que perforaron el ducto para robar gasolina. Ese mismo día se reportó otra explosión en una tubería localizada en San Juan del Río, Querétaro. El 14 de enero, en Guanajuato fue robada una pipa con 25 mil litros de gasolina; y el día 17 se incendió otra unidad sobre la Autopista del Sol en el estado de Guerrero.

Red de complicidades

El plan contra el huachicol notificó, el 27 de diciembre pasado, que “en 2017, el robo de combustible significó una pérdida para Pemex de 60 mil millones de pesos. En ese año se robaron diariamente más de 600 pipas de 15 mil litros cada una y en lo que va del 2018, una cantidad similar”. El presidente enfatizó que solo el 20 por ciento del robo se origina en la ordeña de ductos. “La mayor parte tiene que ver con un plan que se opera en complicidad de autoridades y una red de distribución. Entonces son huachicoleros de abajo y huachicoleros de arriba”, apuntó el mandatario.

El 80 por ciento de los robos de combustible se realiza al interior de Pemex y en complicidad de las autoridades, datos con los que el Presidente justificó, el 20 de diciembre pasado, el cierre de las tuberías que abastecen cerca de 800 mil barriles diarios de combustible a 12 mil gasolineras del país, de ellas, cuatro mil son de empresas extranjeras como Shell y British Petróleum.

El 14 de enero, un juez federal dio entrada a la demanda de amparo 30/2019 en contra de la decisión gubernamental de cerrar los ductos de Pemex, que habría ocasionado diversos daños sociales, por lo que el juzgador otorgó la suspensión provisional ese día, mientras se pronunciaba en torno a la suspensión definitiva. La demanda fue promovida por el abogado Javier Mijangos, y aunque el amparo fue solicitado de manera individual, su objetivo era mostrar públicamente la inconstitucionalidad de la medida tomada por el gobierno lopezobradorista.

Pero los ductos fueron cerrados el 20 diciembre por instrucción presidencial; con esta medida se rompió de tajo la cadena de distribución, generándose desabasto de gasolina en amplias zonas industriales y habitacionales del país, inicialmente en el Bajío y otra área importante de la región central, incluido el Valle de México.

Inmediatamente se improvisó la distribución de gasolina con pipas de Pemex, pero la medida resultó insuficiente. El 18 de enero fueron abiertas, con restricciones, al menos 11 de las 13 rutas para apoyar la regularización de la red de distribución, sin que el Gobierno Federal reconociera su exabrupto.

Las pipas resultaron insuficientes porque solo mil 600 estaban en condiciones de dar servicio. Datos de Pemex reportan que el 78 por ciento de la gasolina se enviaba a través de los 17 mil kilómetros de ductos tendidos sobre 13 rutas, el 12 por ciento era transportado en pipas de la paraestatal y el 10 por ciento con particulares.

En medio del caos producido por la falta de combustible en las gasolineras, el Presidente ordenó buscar más pipas. Su gobierno estableció un acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) para rentar, de emergencia, tres mil 400 camiones tanque, con lo que se elevó a cinco mil el número de unidades de transporte, pero cuyo costo de trasportación es 14 veces superior al de los ductos, según la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Pero aun las cinco mil pipas habilitadas resultaron insuficientes para cubrir el 78 por ciento de la gasolina que se distribuye a través de los ductos.

Ante la ineficacia del sistema, el paso de los días y la presión pública encima, la siguiente decisión del gobierno consistió en alternar medios, es decir, se envió una parte por tierra y se abrieron determinados ductos que se hallaban bajo resguardo policiaco y militar. Al cierre de esta edición operaban, con cierta regularidad, 11 de las 13 rutas de tubería, resguardadas por 10 mil efectivos de las fuerzas armadas (Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Federal.

 El 17 de enero el mandatario señaló: “la vigilancia, como dijimos, es permanente. No se puede suspender, es una red ya de 10 mil elementos. Son suficientes. Si es necesario, se va a incrementar el número de elementos para cuidar todos los ductos; se están creando bases especiales, es todo un plan”, .

La operación castrense incluyó la vigilancia de los almacenes en donde se guardan los combustibles importados de Estados Unidos (EE. UU.), y de las seis refinerías de crudo. El cierre drástico de los ductos ha derivado en el incremento de la importación de gasolina, lo que a su vez ha aumentado la dependencia mexicana con respecto al vecino del norte.

El 14 de enero, la Secretaría de Energía (Sener) reportó que en los primeros días de enero, las importaciones se incrementaron en 36 por ciento con respecto a diciembre, pasando de 559 mil barriles diarios a 769 mil 800 en los primeros días de 2019. El incremento fue del 38 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2018. 

Voluntarismo e improvisación

En los primeros días de enero, las imágenes de gasolineras cerradas y largas filas de automóviles dominaron el paisaje urbano. El desabasto produjo el enojo ciudadano, que se manifestó en redes sociales. El Banco de México (Banxico), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtieron acerca de la posible amenaza de inflación en alimentos y otros productos de primera necesidad si se continuaba con el desabasto de gasolina; incluso pronosticaron una eventual caída en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año si la crisis del combustible se prolongaba.

Sin embargo, tras una reunión privada con el mandatario, el sector financiero cambió de opinión, expresando su apoyo a las medidas lopezobradoristas.

El abogado y viejo conocido del Presidente, Juan José Rodríguez Pratts, comentó a este semanario: “El problema con Andrés Manuel es que no escucha; él se guía por impulsos, por instinto; y, además, elije muy mal a quienes trabajan con él. La integración del gobierno de Andrés Manuel (sic) es el más mediocre en la historia de México”.

El también exdiputado agregó que Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, no cumple con el perfil requerido para encabezar la paraestatal. Por ello se atrevió a anticipar posibles acciones y conflictos predatorios en otras áreas del gobierno. “Ya se está hablando, incluso, de que no vamos a alcanzar ni siquiera el uno por ciento de crecimiento económico en este año, la cifra más baja de la última década”, afirmó. 

“No era posible simplemente dar una orden (en referencia al cierre de los ductos). Andrés Manuel no tiene gran experiencia en la Administración Pública Federal, y entonces está manifestando serias deficiencias para entender lo que es; por eso designa a gente equivocada y toma decisiones equivocadas. Primero suspende la construcción del aeropuerto de Texcoco; y ahora, el ataque a los huachicoleros. ¡Sí, como no (…) así de sencillo! Veo precipitación, improvisación, voluntarismo. Andrés Manuel cree que solo se trata de dar órdenes (...) ahí están las consecuencias”, externó Rodríguez Pratts.

“La crisis no se va a resolver jugando a las vencidas. No se trata de ver quién se cansa primero ni de dar manotazos en la mesa. Cuando el bienestar de los mexicanos va de por medio, se tiene que actuar con seriedad y responsabilidad”, expresó el senador jalisciense Clemente Castañeda Hoeflich, Coordinador Nacional del Movimiento Ciudadano (MC).

El analista político Ramiro Bautista Rosas manifestó su acuerdo con el fondo de la acción gubernamental, que consiste en la limpieza de una estructura de distribución y venta de gasolinas, convertida en un entramado de delincuencia, en el que participan particulares, empresas y funcionarios de Pemex. Pero reconoció que es necesaria la revisión de la estrategia. “¿Cómo corregirla, cómo afinarla?, los especialistas técnicos deberán proponer. Va a ser central que se asegure el suministro de combustibles a los centros industriales y poblacionales a estados y zonas estratégicas y se minimicen los daños colaterales”, dijo.

Los especialistas de Citibanamex, Sergio Luna y Adrián Garza, analizaron la situación económica en torno a la guerra contra el huachicol. El 15 de enero concluyeron que inicialmente el costo económico para el país alcanzaría los 39 mil mdp, calculado sobre la ejecución de las medidas de supresión de suministros y carencia de una distribución adecuada de combustible durante un periodo de 17 días.

El análisis de Citibanamex incluyó posibles escenarios negativos. Los 39 mil mdp en pérdidas se refieren a la prolongación de la perturbación del suministro durante 17 días; cantidad que se restaría al PIB y representa la suma total de las operaciones financieras y mercantiles realizadas anualmente en México. Si se prolongara el desorden en el abasto de gasolina durante 45 días, el daño sería aún mayor y equivalente al 0.3 por ciento del PIB. Si se suspendiera hacia el 17 de enero, se podrían recuperar 13 mil mdp al finalizar este mes y tres mil mdp en febrero. No obstante, el Presidente insiste en que las acciones emprendidas continuarán.