Los consumidores de gas doméstico no han sido beneficiados con los bajos costos que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la puesta en marcha de la empresa Gas Bienestar, por el contrario, esta ha creado conflictos, ahora con los distribuidores de gas.

Este lunes, integrantes del Gremio Gasero Nacional fueron agredidos por la policía capitalina luego de manifestarse frente a la Secretaría de Energía en demanda de una respuesta por parte de las autoridades respecto a las comisiones por la venta de cilindros de gas LP.

A principios de agosto, el presidente López Obrador puso en marcha Gas Bienestar, con la finalidad de bajar el costo, pero a la fecha, esto no ha surtido efecto, pues según la propia Procuraduría del Consumidor, es uno de los más caros del mercado.

Los gaseros sostuvieron una primera reunión el pasado 11 de agosto, en el que demandaron un diálogo con las autoridades federales. Pidieron que se les incluyera en el modelo económico impuesto por el gobierno federal de un tope máximo de precios del gas LP, así como un aumento en las comisiones de venta.

Lejos de atender la solicitud, son agredidos. En respuesta, por la tarde de lunes, los gaseros bloquearon por varias horas algunas de las avenidas de la capital del país.

Cierran puntos de distribución

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (LP) y Empresas Conexas (Amexgas) estima que ya han cerrado aproximadamente 10 por ciento del total de las rutas de reparto en el país, es decir, a partir de agosto se ha dejado de trabajar paulatinamente en 3 mil 500 zonas, debido al control de precios máximos implementado por el gobierno federal que impide a las empresas distribuidoras cubrir los costos necesarios para su operación, situación que podría agravarse en los próximos días.

En México hasta hace un mes existían 35 mil rutas de reparto y 4 mil 700 estaciones de servicio, mediante las cuales se realizaban más de un millón de servicios diarios en los hogares, en ciudades, rancherías, así como en comercios, hospitales, tortillerías, panaderías, hoteles, restaurantes e industrias, explicó la organización. 

“Ante la implementación del sistema de control de precios máximos de venta al público, determinado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), las 1,292 Plantas de Distribución de todo el país enfrentan condiciones adversas que imposibilitan mantener la cobertura geográfica y el nivel de servicio que requiere la población consumidora, provocando con esto el cierre de rutas de reparto, desempleo y falta de inversiones estratégicas para garantizar el abasto a nivel nacional”, detallaron, “situación que podría agravarse en los próximos días”. 

Cabe señalar que el control de precios inició en agosto luego de que la Secretaría de Energía denunció que, a lo largo del 2020, el precio final del gas LP al consumidor en México aumentó 28 por ciento en el promedio nacional gracias a que los distribuidores no redujeron sus márgenes de ganancia mientras que el crudo llegó a sus precios más bajos en dos décadas, por lo que se consideró establecer este control de precios para que las empresas se plantearan márgenes menos nocivos para sus clientes. 

Pero aun así, el precio máximo en promedio del gas LP a nivel nacional para la semana del 10 al 16 de octubre es ya 3.4 por ciento superior al último precio real que los distribuidores reportaron en promedio antes de la política de control de precios, luego de que para esta semana la CRE determinó un tope  de 26.05 pesos por kilogramo, mismo que además es superior en 2.2 por ciento al de la semana anterior, y que cumple su segunda semana en haber rebasado los precios previos al 1 de agosto, cuando se determinaron los precios máximos para evitar abusos por parte de los comercializadores.  (Con información de El Economista).