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El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por ningún lado que se le busque, impulsa un cambio en las políticas económica, social y cívica. La autollamada “Cuarta Trasformación” (4T) o, como dicen algunos, “transformación de cuarta”, es un movimiento que está generando mucha inestabilidad en el país, porque no ha presentado un proyecto claro, de mediano o largo plazo para mejorar al país en estos rubros.
Desde el 2018, la marea guinda, que en la mente de muchos mexicanos dibujó este cambio, hoy se ha convertido en uno más de los estruendosos fracasos políticos y una profundización inesperada de los males heredados de sexenios anteriores. El triunfo de AMLO generó, entre quienes votaron por él, muchas esperanzas, pero pronto éstas se vieron truncadas porque el gobierno de “primero los pobres” nada ha hecho por ellos.
La Auditoria Superior de la Federación (ASF) emitió una nueva alerta contra la mala planeación y ejecución de los programas sociales del gobierno de AMLO. En concreto, esta institución fiscalizadora afirmó que, en 2020, el Programa de Microcréditos para el Bienestar no tuvo mecanismos de control sobre el perfil requerido de sus acreedores; tampoco evidenció que ese dinero haya reembolsado a las finanzas del gobierno. El programa, también conocido como Tandas del Bienestar, tiene el objetivo de ayudar a los microempresarios mediante créditos con hasta seis mil pesos, que deben pagar en mensualidades de 600 pesos; y si el primer préstamo es cubierto puntualmente, el beneficiario puede acceder a otro crédito mucho mayor, de hasta 20 mil pesos.
Lo curioso es que estos reembolsos no están contemplados en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2022; y aunque se ha asegurado que este programa no desaparecerá porque los reembolsos de los beneficiarios siguen, nadie sabe la cantidad de los recursos que se le asignarán el próximo año. ¿Acaso esta omisión se debe a la denuncia de opacidad en 2020? Todo parece indicar que sí; porque a partir de 2021, el programa ya no fue operado por la Secretaría de Economía (SE) sino por la Secretaría del Bienestar (SB).
El combate a la corrupción, la principal bandera del Gobierno Federal, deja mucho que desear. La opacidad y mala ejecución en el manejo de los programas sociales es más alarmante que en los otros sexenios, a los que AMLO acusa de corruptos y hasta de ser “el demonio mismo”. Pero hoy, al gobierno de la 4T no le alcanzan las frases ni las palabras para explicar cómo se han planeado y ejecutado sus programas sociales.
El gobierno, que divulga ser el “salvador de los pobres”, hoy es investigado por corrupción y su misma Secretaría de la Función Pública (SFP) ha acumulado cuatro mil 583 denuncias contra funcionarios de la SB y los superdelegados, quienes coordinan los “programas de bienestar” en las 32 entidades del país. Los llamados Servidores de la Nación también son objeto de investigación.
¿Qué pasó con este “nuevo” gobierno? ¿Dónde quedó el “no somos lo mismo? ¿Dónde se escondió el lema de “no más corrupción”? En efecto, ni AMLO ni el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ni el gobierno de la 4T, son iguales a los de los de sexenios anteriores, porque los datos y la realidad inocultables expresan que son peores.
En el ejercicio fiscal 2019, la ASF difundió irregularidades en la integración de un padrón único de beneficiarios de programas sociales, en la operación de los Servidores de la Nación y un boquete financiero cercano a los 900 millones de pesos cuyo paradero se desconoce. Estos problemas fueron la causa de la remoción de Gabriel García de la Coordinación General de Programas de Desarrollo, que operaba desde Palacio Nacional.
Los programas sociales de la 4T no tienen como objetivo atacar de raíz la pobreza de los mexicanos y empiezan a fracasar porque no pueden ser permanentes, debido a que el gobierno no realiza una recaudación suficiente; porque nuestra economía es débil y funciona mal; y porque la pobreza se combate con empleos, buenos salarios e impuestos progresivos.
En otras palabras, el gobierno morenista no tiene un plan socioeconómico viable para México. La pobreza y los males sociales de México no se atacan con programas sociales o, al menos, no de raíz. Por el momento, querido lector, es todo.
De ellos, 83 son de Morena, cifra que lo ubica en el primer lugar. Del PRI y del PAN 36 respectivamente; del PVEM, 11; del Movimiento Ciudadano 9 y del Partido del Trabajo 3.
La reforma también hiere la autonomía del Poder Judicial y la independencia judicial, lo que dejaría tomar libremente sus propias decisiones.
El PEF 2023 será un gasto en beneficio de la minoría (hoy, en el gobierno) y de un puñado de empresarios que se benefician; el pueblo seguirá recibiendo unas cuantas migajas y mucha demagogia.
“Las pretensiones son muy buenas... pero no dan los números. Se trata sólo de una intensión política que va encaminada al discurso de transición y transformación por parte del presidente AMLO”, afirman especialistas.
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Escrito por Miguel Ángel Casique
Columnista político y analista de medios de comunicación con Diplomado en Comunicación Social y Relaciones Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).