El 11 de noviembre, las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, amanecieron colmadas con la presencia de varios grupos sociales –campesinos, colonos, boleros, madres de niños con cáncer, artistas y alcaldes de todo el país– para exigir modificaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, ya que en este documento se prevén recortes de hasta 66 por ciento al gasto de programas, instituciones y poderes públicos con respecto al que ejercieron este año.

Las demandas de estos grupos podían leerse en mantas y pancartas, y los asistentes las coreaban como consignas frente a las casas de campaña habilitadas por ellos para resistir varios días en aquel sitio, donde reclamaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el hecho de que en ese proyecto de egresos no esté considerada una parte mayor del presupuesto para el campo, las unidades médicas y los municipios.

El Presidente de la República proyectó para el próximo año, los gastos de la nación en seis billones y 96 mil 335 millones de pesos –o seis “millones de millones (mdp)”, como lo expresa el Presidente–, es decir, equivale a construir 35 aeropuertos como el de Santa Lucía, o 21 muros fronterizos como el que levanta el presidente estadounidense Donald Trump en la frontera con México.

El PEF 2020 está dividido en 12 ejes: educación, cultura y deporte; salud; seguridad social; trabajo y bienestar; apoyo al campo; fomento económico y medio ambiente: fortalecimiento energético; comunicaciones y transporte; gobierno austero y sin corrupción; gobierno de los mexicanos; seguridad y paz, y órganos autónomos. 

Hasta antes del 15 de noviembre, cuando se debió aprobar, el PEF 2020 estuvo sometido a los cuestionamientos de diversos sectores de la población y el Gobierno Federal. En las organizaciones de la sociedad civil prevaleció el calificativo de “electorero” al presupuesto de gasto del año que entra, y la acusación al Presidente de que utiliza los recursos públicos para “llevar agua a su molino”, es decir, para impulsar sus proyectos políticos del futuro.

Destaca entre estas voces la del líder de la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac) y municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, quien encabezó a 250 de sus colegas en una manifestación pública frente a Palacio Nacional. Los alcaldes, provenientes de varios municipios de la República, solicitaron a AMLO reconsiderar los recortes de 0.4 y 0.9 por ciento, respectivamente, asignados a los Ramos 33 y 28, correspondientes a las participaciones federales en entidades federativas y municipios.

La suma de ambos recortes era, hasta el miércoles 13 de noviembre de 11 mil 522 mdp y acota la operatividad cotidiana y la capacidad de atención de los municipios a demandas locales de pequeño impacto. “Estamos más de 250 alcaldes con la representación de todos los partidos políticos. Queríamos hablar con el Presidente de la República y así es como recibe a los presidentes municipales. Fue una respuesta agresiva a los presidentes municipales de todo el país”, indicó Vargas del Villar, luego de que la manifestación fuera dispersada con gases lacrimógeno y pimienta.

Una encuesta realizada por la empresa México Elige, efectuada a inicios de noviembre, reveló que 51.8 por ciento de los mexicanos afirman que los alcaldes hicieron bien en manifestarse frente a Palacio Nacional para exigir un mayor presupuesto y así atender las necesidades de sus municipios. En cambio, 61.7 por ciento de los encuestados opinó que AMLO hizo mal en reprimir a los manifestantes.

Pese a las protestas de los alcaldes y de las críticas de los medios de comunicación y la sociedad civil, las participaciones federales destinadas a entidades federativas y municipios no cambiaron esencialmente el proyecto de gastos contemplado en el PEF 2020, solamente lograron un aumento de 31 mil mdp en sus participaciones que, repartidas entre los dos mil 457 municipios del país, representan la insuficiente cantidad de 12 mdp para cada uno. Sin embargo, los recortes que aquéllos sufrieron no son los más grandes, pues los más agresivos se aplicaron a programas sociales destinados a niños y adolescentes marginados, al campo, a comunicaciones, transportes y protección ambiental.

Los sectores más afectados

Un estudio realizado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) identificó los 11 programas con mayores recortes presupuestales. El más agresivo fue el sufrido por el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, que, a pesar de ofrecerse como uno de los programas insignia del gobierno de la “Cuarta Transformación” (4T), vio reducido su presupuesto de 71 mil millones 800 mil pesos que tuvo en 2019 a solo 30 millones 447 mil pesos en 2020. Es decir, sufrió un recorte de 57 por ciento.

Pero no fue el único, la Beca Jóvenes Construyendo el Futuro, programa abocado a capacitar laboralmente a jóvenes, experimentará una merma de 15 millones 826 mil pesos en 2020, cifra 40 por ciento menor al presupuesto de este año. En la misma situación estarán las 100 universidades públicas para el Bienestar Benito Juárez García –otro de los programas emblemáticos del gobierno actual– que sufrieron un recorte del cinco por ciento; los programas Desarrollo Cultural y de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y los Niños, verán reducido su presupuesto en un siete por ciento con respecto al actual.

También la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se mostró preocupada por los montos que el gobierno asignó a los 193 centros de estudios superiores que agrupa. Jaime Valls Esponda, su secretario general, aseguró que “es indispensable brindar certeza jurídica y presupuestal a las instituciones de educación superior y los centros de investigación científica para que puedan planear en el mediano y largo plazos el desarrollo de sus centros”.

Al programa de rescate y rehabilitación del Lago de Texcoco se redujo 66 por ciento de su presupuesto que fue de mil 725 mdp este año, y en 2020 solo dispondrá de 587 mdp. El recorte se aplicó pese a que el Presidente de la República utilizó la recuperación del lago como un argumento técnico para justificar la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM).

Esta contradicción evidenciaría que AMLO no tenía como prioridad ecológica la rehabilitación del Lago de Texcoco, y que lo usó como un argumento político. Hasta el momento, ni el Ejecutivo Federal ni la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) han informado los avances en la recuperación del Lago, menos aún si la cancelación del NAIM fue efectiva para este propósito.  

El sector más afectado por los recortes presupuestales, y el que más reflectores mediáticos atrajo, fue el de los presidentes municipales, no solo por la merma que padecerán en los Ramos 33 y 28, sino porque con la eliminación del Ramo 23 ya no podrán gestionar recursos federales extraordinarios para realizar obras de infraestructura básica y social en sus localidades.

“En los municipios nos están esperando con respuestas, con obra pública, pero aquí (en la Cámara de Diputados) no hay respuesta. Estamos ocho presidentes del estado de Zacatecas pidiendo ser contemplados en el presupuesto, pues no nos ha tocado ni un solo peso del presupuesto, de recursos extraordinarios para obras”, expuso a buzos el presidente municipal de Trancoso, Zacatecas, César Ortiz Canizales, uno de los cientos de alcaldes que hizo fila para ser atendido por la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

“Tú y yo vivimos en municipios del país y la primera ventanilla del ciudadano es precisamente con el alcalde, es con el delegado. Pero el alcalde y el delegado no tienen los recursos suficientes para poder atender los problemas de pavimentación, agua potable, seguridad, iluminación en las colonias. El afectado al final del día, por más que le den dos o tres mil pesos, será el adulto mayor, pues no va a tener seguridad en su manzana, no va a tener seguridad en su colonia porque el alcalde no le va a poder cumplir por falta de recursos que la Federación no les va a enviar”, advirtió a buzos el diputado de oposición y secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Pedro Pablo Treviño Villarreal.

“Es perfectamente demostrable que va a haber mucho menos dinero en los municipios para hacer obra pública. En otros años se bajaban a través de un fondo, del Ramo 23, que prácticamente extinguieron; ya no hay la posibilidad de que ese recurso adicional se sume al raquítico presupuesto con que cuentan los municipios”, aseguró Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del Movimiento Antorchista durante una conferencia de prensa en la que anunció movilizaciones hacia la Cámara de Diputados.

Ante la inconformidad por el PEF 2020, el Movimiento Antorchista no fue el único en realizar movilizaciones frente a San Lázaro. El martes por la mañana, el recinto legislativo amaneció rodeado por miembros del Frente Auténtico del Campo (FAC), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (CODUC). A estas organizaciones se les unió una caravana de campesinos provenientes de Sinaloa, encabezados por el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, Jesús Valdés Palazuelos.

Los campesinos, que llegaron en 22 camiones, se manifestaron contra el recorte de 37 mil mdp al presupuesto de gasto para el campo. Tan solo el programa Crédito Ganadero a la Palabra tuvo un recorte de tres mil 144 mdp, es decir, de 76 por ciento con respecto a 2019; mientras que el programa Fertilizantes sufrió un recorte de 36 por ciento.

A decir de Pablo Treviño, también integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la disminución de los recursos destinados al campo, a estados y municipios tendrá un impacto social muy grave, porque al no haber obras de infraestructura, no habrá generación de empleos. “No hay recursos para eso, pero sí para programas sociales que contemplan darle dinero a la gente. No estamos en contra de eso, pero necesitamos que el dinero genere más dinero a base de la inversión, del empleo bien remunerado, a base de generar confianza. Este presupuesto no ayuda a generar confianza tanto en el país como en el exterior”.

Sectores privilegiados del PEF 2020

Aunque el PEF-2020 no contempla como prioritarios varios de los programas emblemáticos del gobierno de AMLO, otros cinco de la misma índole sí tuvieron aumentos importantes: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Todos éstos se ejecutarán mediante transferencias monetarias directas, y en conjunto tendrán un incremento de 56 mil 615 mdp.

Otros incrementos presupuestales relevantes estarán destinados a las paraestatales Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. A la primera se le asignaron 523 mil 425 mdp, mientras que a la segunda se le destinaron 456 mil 437 mdp, cifras que comportan respectivamente incrementos de 8.7 y 1.4 por ciento con relación a los presupuestos de este año.

Desdeñando las críticas por el impacto ambiental que generará, la única obra privilegiada en los proyectos prioritarios del sexenio es la refinería de Dos Bocas, a la que se destinaron 41 mil 256 mdp, 59 por ciento más que en 2019. En contraparte, el proyecto del aeropuerto de Santa Lucía sufrió un recorte de 65.4 por ciento, y el del Tren Maya fue de 60 por ciento.

Para el sistema público de salud están contemplados 656 mil 761 mdp, lo que representa un incremento de 2.1 por ciento respecto a 2019. Este aumento se distribuirá entre la Secretaría de Salud (SS) y los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), que equivaldrá a 3.6 por ciento y el de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 1.7 por ciento. Sin embargo, el presupuesto sanitario para la población que no cuenta con servicios ni seguridad social solo será de 0.43 por ciento.

La magra asignación de recursos públicos al sector salud es, sin embargo, congruente con la poca atención que la administración morenista le ha brindado en su primer año de ejercicio, que se ha caracterizado por la falta de medicamentos en los centros de salud; la reducción de apoyo a becarios; la falta de atención médica especializada a personas con cáncer, SIDA y otros padecimientos catalogados como raros.

A decir del estudio Implicaciones del Paquete Económico 2020 del CIEP, para que AMLO pudiera alcanzar un sistema de salud pública de “primer orden” como lo prometió, tendría que destinar 433 mil 462 mdp más. Es decir, tendrá que aumentar el presupuesto en 66 por ciento respecto al que le está asignando para 2020.

Uso turbio de los recursos públicos 

El 11 de octubre de 2019, luego de que se hiciera público el proyecto del PEF 2020, la organización México Evalúa envió una carta al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, expresando su inconformidad con el contenido del documento económico del Ejecutivo Federal.

“En particular, le pedimos que los programas de transferencias y subsidios que recibirán recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2020 se encuentren obligados a contar con Reglas de Operación (ROP)”.

Y continúa “Sin ROP no es factible que los programas gasten presupuesto cumpliendo con los citados principios constitucionales, pues se entorpece la planeación de sus actividades y su operación. En su ausencia, no es posible garantizar el trato justo y equitativo y no discriminatorio a los beneficiarios; la perspectiva de género y regional, el registro de sus beneficiarios y operación; su auditoría y rendición de cuentas, así como la mejora continua para fortalecer su efectividad y orientación a resultados, entre otros factores. Además, un programa sin este tipo de reglas es más susceptible de ser usado de forma discrecional o política, por encima del bienestar social”.

México Evalúa envió copia de su carta al presidente AMLO, ya que tiene como objetivo la lucha contra la corrupción. Sin embargo, para el organismo, la falta de reglas operativas en los programas sociales fomenta el uso turbio del erario, es decir, contribuye a la corrupción en vez de combatirla.

“Como sabe, las finanzas públicas del país enfrentan una situación complicada. Las obligaciones de gasto crecientes, como el pago de pensiones y el costo financiero de la deuda, desafían los limitados ingresos públicos. A este reto se suma la necesidad de garantizar que no se incurra en actos de corrupción, en relación con el uso de los recursos públicos. La transparencia, la auditoría, la rendición de cuentas y la corroboración del desempeño son prácticas que pueden contribuir a ello”.

Pero éste no es un problema nuevo. El diputado Pablo Treviño aseguró que las reglas de operación en los programas sociales no son claras, además de la desinformación que prevalece en muchos de los presuntos beneficiarios de éstos y por el frecuente retraso en la entrega de los recursos. 

“Ni siquiera van a terminar de gastar lo que se les aprobó para 2019. Se tardaron en emitir las reglas de operación, se tardó en generar el conocimiento de la gente de estos programas y hoy no hay la cantidad suficiente de beneficiarios a nivel nacional. Es muy lamentable porque los recursos que no se gastan, es decir que no se ejercen, se tienen que volver a depositar a la Federación; mejoran el nivel crediticio del país, pero no abonan a invertir en obras de infraestructura que genere riqueza, no se destinan para crear mejores hospitales, o lo más urgente: medicamentos para tantos niños y jóvenes que no los tienen como se tenían antes”.

El estudio Implicaciones del Paquete Económico 2020 del CIEP asegura que “No necesariamente las cancelaciones o recortes tienen como sustento evaluaciones formales. Hubo que acomodar el espacio fiscal con base en las prioridades y las decisiones tomadas. En contraste con el marco macroeconómico del paquete, la estructura programática siguió una lógica esencialmente política”.

En este punto coincide el diputado Treviño, quien aseguró que el uso faccioso de los recursos era algo que se pronosticó desde el PEF 2019. “El año pasado votamos en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación porque veíamos que se irían los recursos a programas monetarios. Hoy lo comprobamos con las vivencias de todos los días: se van los recursos a programas sociales que podrían ser electorales”.

La principal crítica que el diputado hace al PEF 2020 consiste en que los programas que más aumentos registraron fueron los de transferencia monetaria, que además están destinados a la población con posibilidad de votar en 2021, entre ellos los programas Jóvenes Construyendo el Futuro (universitarios), Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez (preparatorianos) y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que recibieron incrementos del 74, 70 y 22 por ciento, respectivamente.

La sordera del Poder Ejecutivo

A pesar de las manifestaciones en las calles y los llamados en medios de comunicación posteriores a la publicación del PEF 2020, en una reunión celebrada el siete de noviembre con los legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, según versión periodística del diario La Jornada: “El presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió defender el sentido del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 y, posteriormente, llevar la política social a la Constitución”.

Los legisladores morenistas trataban, hasta el cierre de la presente edición, de cumplir esta orden al pie de la letra. Imposibilitados para sesionar en el recinto de San Lázaro debido a la movilización de varias organizaciones inconformes con los recortes presupuestales, habían suspendido la deliberación esperando vencer a los inconformes ignorándolos.

 “Ellos tienen la mayoría de votos con sus aliados, la oposición no la tenemos, por más que nos damos a entender, tratamos de explicar, damos a conocer nuestros puntos de vista y por qué creemos y pensamos que no está bien orientado el proyecto del presupuesto; pues son oídos sordos porque por más que hablamos no nos entienden, no se ponen en los zapatos de la gente ni de las propuestas que hemos venido haciendo”, expresó a buzos el legislador Pablo Treviño Villarreal.

Para el legislador, el problema esencial radica en que la orientación morenista del dinero público no saca al país del rezago económico donde se encuentra; tampoco ayuda para hacer frente a la crisis económica mundial que se avecina. “Vamos entrando en una crisis económica importante por la falta de confianza que hay en el país, pero sobre todo porque la economía mundial se va a restringir, se va a hacer más difícil, va a haber menos dinero en el mundo, la economía se va a contraer, va a haber menos oferta laboral, menos inversión.

“Si a eso le sumamos la falta del motor económico y de generación de riqueza del Estado mexicano en las obras de infraestructura; si le sumamos que hay un dinero que no se ha gastado de lo que se aprobó para 2019 –que son 360 mil millones de pesos–, la inseguridad y la presión de Estados Unidos para tener un Tratado de Libre Comercio, pues el escenario es completo. La realidad está indicando que lo que deberíamos hacer es reactivar la economía nacional a través del gasto público en obras de infraestructura que al final den a México mayores niveles de competitividad, invertir en salud, educación y, sobre todo, invertir en seguridad para erradicar este enorme mal que tenemos como país”, concluyó Treviño.