A 21 meses de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, las secretarías de Estado e instituciones relacionadas al campo (Sader, Sedatu, Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional y FIFONAFE), han sido desmantelados con la “política de austeridad” y asfixian a los habitantes de 32 mil ejidos en el país pues no tienen solución sus conflictos agrarios, carecen de programas de apoyo productivo o financiamiento a bajas tasas de interés.

En lo anterior coinciden los dirigentes de la Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP), Luis Gómez Garay; Mariana González Torres, del Congreso Agrario Permanente (CAP); e Isidro Pedraza Chávez, de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina (UFIC); quienes señalaron que a 21 días de presentar su segundo informe de gobierno, el Jefe del Ejecutivo mantiene su negativa a dialogar con los liderazgos de organizaciones campesinas a pesar Conflictos Agrarios latentes, baja producción de alimentos, aumento en importaciones de granos y oleaginosas así como la existencia de un  T-MEC que pone a los agricultores en desventaja.

Actualmente la Sader, Sedatu, Procuraduría Agraria, Tribunales Agrarios, FIFONAFE, Financiera Rural y Registro Agrario Nacional, se debaten en el abandono, la inacción y la ineficiencia para promover el desarrollo productivo del campo mexicano por lo que es necesaria su reactivación en lo que resta de esta administración.

Con la previsión de que el cierre de año será complicado en el abasto de alimentos y no se descarta una hambruna, así como protestas sociales, se pronunciaron por iniciar el dialogo con los actores sociales y políticos del campo; armar una agenda que aborde la pandemia del Covid-19 y la crisis económica, social y política que priva en la nación.

Además de dicho diálogo con el Presidente de México, estimaron necesario comenzar el andamiaje con todas las organizaciones de campesinas e indígenas, sindicales y de la sociedad civil para crear una fuerza unitaria para rescatar la actividad economía, recuperar la salud y garantizar las libertades en el país rumbo al 2021.

Todo ello, dijo Mariana González Torres, del CAP Nacional, debido a desde el inicio del sexenio las organizaciones campesinas han sido marginadas del diálogo en el marco de una exclusión en la gestión para imponer intermediarios institucionales mejor conocidos como “servidores de la nación o instituciones bancarías que se benefician con el cobro de comisiones en las operaciones que realizan para campesinos e indígenas.

Por lo anterior, hicieron un llamado al Congreso de la Unión a fortalecer a los   campesinos mediante la reorientación del presupuesto y programas estratégicos que no sean una imposición para las comunidades, un despojo o un daño al medio ambiente.